La corrupción de los poderosos termina “pagada por los pobres”, que por la avidez de los demás terminan sin lo que necesitan y merecen, afirmó el Papa Francisco en la homilía de la Misa del 16 de junio de 2014.
Febrero será un mes donde la corrupción existente en el Instituto Provincial de la Vivienda, dará mucho para hablar, analizar y corregir. Diría el propio Mario Das Neves, vamos a “emprolijar” al IPV.
Si bien creemos que la corrupción no se “emprolija”, solo hay que eliminarla, ya es un pequeño paso que el gobernador empiece a reconocer que hay que revisar lo que pasa en el IPV, y es de esperar que no quede solo en la etapa del diagnóstico, y que lo que se haga sea solo gatopardismo.
Febrero, sin fecha confirmada y al menos por nosotros conocida a la hora de enviar este trabajo, será el mes donde continuará el caso que investiga la Justicia Provincial sobre las 81 viviendas de Barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia.
Como se recordará el pasado 26 de mayo se concretó la audiencia de apertura de la investigación contra el ex delegado del IVP Zona Sur, Abel Reyna, y siete empleados del organismo, entre los que se encuentran Darío Acosta, Ana Caro, Raquel Antimilla, Fabiana Onieva, Alejo Recalde, Claudia Leonori y Vanesa Crosoli Medina.
La Fiscal General Camila Banfi Saavedra, en representación del Ministerio Público Fiscal, en aquella oportunidad aseveró que “los imputados formaron parte de una asociación entre diciembre de 2011 y octubre de 2014. La existencia y finalidad de la misma consistía en montar una estructura destinada a efectuar de manera ilegal la pre adjudicación y adjudicación de distintos inmuebles construidos por el IPV -específicamente el plan 81 Viviendas del barrio Ciudadela- a personas que no reunían los requisitos de la normativa vigente, como así también favorecerse ellos mismos y sus familiares” se escribe en El Patagónico, diario comodorense.
En su publicación del 27 de mayo el matutino informa: “En actuación coordinada con Acosta –siempre según la acusación-, se encargaban de seleccionar personas, por sus importantes ingresos económicos, a quienes se les cobraba entre 80 y 100 mil pesos que se desembolsaban en el IPV.”
Y prosigue la crónica: “En su extensa exposición, la fiscal destacó que entre las irregularidades figuran favores sexuales a Reyna a cambio de una vivienda y mencionó que hubo casas que salieron a la venta a través de una inmobiliaria.”
La jueza penal, Mariel Suárez en aquella audiencia había resuelto formalizar la apertura de investigación preparatoria para los 7 imputados, y estableció el plazo de seis meses para concluir con la investigación, y la prohibición de acercamiento al IPV y a los testigos tal lo solicitó la fiscal Banfi Saavedra. Posteriormente ese plazo fue prorrogado hasta el 26 de febrero próximo.
En este mes de Febrero, se podría entonces conocer más aspectos de la corrupción estructural que existe en el IPV. Algunos de ellos se conocerán con más detalles cuando arriben respuestas oficiales a diferentes Pedido de Informe que se formularan recientemente.
Por Luis Dupuy
