por ELIZABETH PEGER
Según datos de la SRT, la alícuota promedio en las firmas con hasta 5 empleados se ubica en 6,2%, contra 2,1% que abonan las firmas más grandes. Medidas para bajar la litigiosidad
Con el desafío de frenar la creciente litigiosidad y con ello reducir los costos de los seguros del sistema, el Gobierno avanza en la implementación de las modificaciones fijadas en la reforma del régimen de riesgos del trabajo sancionada en febrero por el Congreso, mientras apura las negociaciones para garantizar la plena adhesión de las provincias a la normativa en el transcurso del año.
Los datos oficiales del último relevamiento del sistema justifican el apuro oficial: durante febrero, previo a la vigencia de la reforma, la cantidad de juicios iniciados contra las aseguradoras del sistema ascendió a 11.694, un 14% más que el mismo mes de 2016, y solo en el período noviembre-febrero, se acumularon casi 35.000 nuevas demandas (aún pese a la feria judicial que rigió en enero).
Con ese telón de fondo, la alícuota promedio del sistema que abonaron las empresas por asegurar a sus trabajadores se ubicó en 3,3% de la masa salarial y alcanzó el 3,5% en el caso de nuevos contratos, aunque con marcadas diferencias en cuanto al tamaño de las compañías y el sector de actividad, según se desprende del último boletín estadístico mensual que releva la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El informe detalló que mientras en el caso de las compañías de hasta 5 trabajadores, la alícuota promedio se ubica en 6,2% de la masa salarial, en las grandes el costo del seguro de ART promedia el 2,1% (empresas de más de 1500 empleados) o el 3,3% (firmas de entre 501 y 1500 trabajadores). Así, las pequeñas empresas pagan tres veces más que las grandes por la cobertura contra accidentes y enfermedades laborales de su personal.
Respecto a los costos del seguro por sector de actividad, el relevamiento de la SRT apuntó que las mayores alícuotas se concentran en las empresas vinculadas al sector agrícola (8,2%), la construcción (6,7%), el transporte (4,4%) y la industria manufacturera (4,3%). En cambio, por debajo del promedio se ubican los servicios sociales, donde las compañías abonan una alícuota de 1,8%; los servicios financieros (1,9%) y las firmas eléctricas (2,2%).
En el apartado específico sobre litigiosidad, el informe oficial advirtió que el año pasado el sistema acumuló 117.605 nuevas demandas, a las que se sumaron 51 iniciadas en enero (durante la feria judicial) y 11.694 presentadas en febrero, el mes previo a la puesta en marcha de la última reforma sancionada por el Parlamento. De los juicios iniciados este año, el 85% fueron demandas por prestaciones dinerarias (indemnizaciones), en tanto que los casos de accidentes constituyeron el 54% de las contingencias reclamadas, seguido por las enfermedades profesionales (23,4%) y los siniestros in itinere (21,9%).
Para intentar contener la judicialidad, que según el Gobierno supone un costo laboral de más de u$s 5000 millones por el stock de más de 400 mil demandas acumuladas en los últimos años, la conducción de la SRT, que encabeza Gustavo Morón, aceleró el proceso de implementación de los cambios dispuestos por la nueva ley 27.348, especialmente en la conformación en todo el territorio nacional de las comisiones médicas jurisdiccionales, que constituyen la instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente previo al inicio de cualquier demanda contra el sistema. En ese objetivo se abrieron las nuevas comisiones en Lanús y Ramos Mejía, además de una delegación móvil en Morón y Quilmes, en tanto que en los próximos tres meses el organismo prevé la apertura de otras 8 comisiones en el territorio bonaerense y una delegación en Bariloche. Según estiman en la SRT, con los modificaciones y la apertura de delegaciones, se reducirá significativamente el plazo de los acuerdos en el marco de las comisiones médicas (20 días).
