Conforme surge de hechos investigados por el Ministerio Público Fiscal de Chubut, en particular circunstancias relacionadas directamente con la utilización del Fondo de Emergencia Climática por la suma de diez millones de pesos (10.000.000 $) los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams solicitan “audiencia de apertura de investigación preparatoria” (art. 274 CPP) conforme los hechos investigados su calificación legal provisional es Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, en concurso real con la figura de concusión, en la modalidad de delito continuado, en calidad de coautores, según lo previsto y reprimido por los arts. 173 inc. 7, en función del art. 174 inc. 5 del Código Penal de la Nación, 266, 45, 54, 55 a contrario sensu, del CP.
Los imputados en la presente investigación son: a) Diego Miguel Correa (detenido), b) Diego Luters, (detenido), c) Alberto Gilardino d) Marcelo Fabian Suarez, e) Leticia Bibiana Huichaqueo. Los hechos por los cuales se los imputa a los mencionados dan cuenta que el día 29 de marzo del año 2017, a partir de las 18 hs., nuestra provincia del Chubut sufrió un fuerte temporal de lluvia, con precipitaciones record para la zona, el cual se extendió por varios días. Como consecuencia de ello la localidad de Comodoro Rivadavia, sufrió enormes pérdidas materiales, entre bienes públicos y privados, obligando a la evacuación de un gran número de residentes de la ciudad petrolera por anegación y en algunos casos por destrucción de las viviendas en que moraban.
Como consecuencia del cuadro reinante, y a fin de paliar la dramática situación que enfrentaban muchos chubutenses, el Gobernador por aquel entonces, Mario Das Neves suscribió el día 30 de marzo del año 2017 el decreto nro. 353/17, por medio del cual se declaró el estado de emergencia climática en los Departamentos de Escalante, Biedma, Florentino Ameghino, Rawson, Telsen, Gastre, Paso de Indios y Los Martires, afectadas por el evento climatológico acontecido a partir del 29 de marzo de 2017, por el plazo de 120 días corridos contados a partir de la fecha aludida, creándose un crédito especial en el ámbito del Ministerio Coordinación de Gabinete, denominado Fondo de Emergencia Climática por la suma de diez millones de pesos (10.000.000 $). Asimismo, el decreto autorizó al Ministro De Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino, a tramitar, aprobar y contratar sin requisito de orden de compra, suscripción de contrato, requerimientos de garantías en los anticipos a cuenta del precio, y de solicitud de precios en la contratación directa por aplicación del art. 95 ° inc. “c” de la ley II N° 76 y del art. 7 inc. “c” de la ley I N° 11, exceptuándolo de las prescripciones de sus reglamentos para la adquisición de bienes, prestación de servicios, a los fines de la ejecución de las obras necesarias para afrontar el Estado de Emergencia Climática acontecida en los departamentos ya enunciados.
Posteriormente, en fecha 5 de abril del año 2017 por decreto 387/17, se extiende a todo el territorio provincial el estado de emergencia, y además, por decreto 409/17, de fecha 7 de abril del año 2017 se amplía el Crédito Especial denominado Fondo de Emergencia Climática por otros diez millones de pesos (10.000.000 $) en los mismos términos que el Decreto N° 353/17.
En este contexto, Diego Correa, Diego Luters, Alberto Gilardino, Marcelo Suarez y Leticia Huichaqueo, con pleno dominio de hecho y división de funciones, pergeñaron un plan para defraudar al estado provincial, realizando todos ellos aportes esenciales en el tramo ejecutivo para alcanzar el fin propuesto.
El simulacro
En primer lugar, había que darle a los expedientes apócrifos que se iban generando en el marco de las contrataciones directas, visos de legalidad. Es por ello que, en todos aquellos expedientes analizados aparece la firma de Marcelo Suarez, al pie de los Memorandum, los cuales eran dirigidos a Diego Correa, desde la Subsecretaría de Desarrollo Social a la Subsecretaria Unidad Gobernador, solicitando se autorice el pago de la adquisición de materiales, necesarios en la emergencia, pongamos por caso, rollos de nylon, donde se consignaba el proveedor, la factura pertinente, y el monto de dicha operación. Expresando Suarez, que dicha compra había sido realizada a los fines de asistir a las familias afectadas en el Emergencia Climática reinante en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Terminaba diciendo “A tal efecto solicito se encuadre la presente compra bajo lo estipulado en el Decreto N° 353/17. A su vez el propio Suarez conformaba las facturas emitidas por lo proveedores para luego elevar la documentación aludida al Ministerio de Coordinación de Gabinete.
Una vez que dicha documentación llegaba a destino, la Directora General de Despacho y Privada, le daba ingreso formal, asignándole el número de expediente respectivo. Luego pasaba por las manos de Diego Correa y Alberto Gilardino quienes autorizaban lo solicitado por Suarez, para luego proseguir el trámite administrativo en miras a ser pagado.
Hasta aquí, lo formal, lo aparente, que no se correspondía con la realidad de los hechos.
En efecto, las compras se canalizaron a través de la Unidad Gobernador. Desde allí se seleccionaba a los proveedores con quienes contratar. El proveedor entregaba la Factura respectiva a Diego Luters y éste a través una la persona que prestaba servicios en la Unidad de Gobernador, las remitía a la Subsecretaría de Desarrollo Social, para el armado del momorandum. Allí Marcelo Suarez, conociendo perfectamente que no era la Subsecretaria de la que él era responsable, la que compraba o adquiría los productos necesarios para la Emergencia, firmaba como si así hubiese ocurrido. Es decir, firmaba sabedor que el contenido del memorándum era absolutamente falso.
En este contexto, luego de haberse llevado a cabo algunas contrataciones de manera normal, en este marco de emergencia, y existiendo en algunos casos saldos a cobrar por parte del proveedor, en función del plan concreto, Diego Luters, secretario privado de Diego Correa, abusando de su cargo, le exigió a Nicolás Amici de manera arbitraria y violenta, al decirle textualmente ustedes tienen la mierda hasta acá, la entrega de una dádiva, consistente en una factura de 432.000 $, sin mercadería, para que una vez abonado dicho monto, ese dinero retornase a manos del funcionario. La exigencia se hacía como condición necesaria a las pretensiones legítimas del proveedor de poder cobrar lo adeudado por el estado provincial en el marco de las contrataciones realizadas con motivo de la emergencia climática. Es decir, si el proveedor tenía pretensiones de cobrar lo que de adeudaba el estado provincial, lo cual resultaba más que obvio, debía allanarse al pedido arbitrario del funcionario.
Fue así, que luego de cobrar el proveedor el monto aludido, Diego Luters se apersonó al comercio del nombrado, y retiró el dinero en efectivo objeto de exigencia ilegítima.
Posteriormente, y de forma similar, ya no por el total de la facturación, sino por una parte de la misma, Luters reeditó la exigencia aludida, a fin de que parte de los montos que se le pagaba al proveedor retornase a manos de los funcionarios infieles. Esos montos según el testimonio fueron entregados a manos de Luters en cuatro oportunidades, discriminados en 135.000 $, 98.000$, 61.000$ 98.000$. Dichos montos fueron entregados por un empleado del comercio de manera personal a Diego Luters, en distintos puntos de la ciudad de Trelew. El nombrado una vez que recibía el dinero en efectivo el cual era trasladado en el interior de una bolsa, extraía un listado y subrayaba con un marcador fluorescente la concreción de dicha entrega.
Ahora bien, para completar la maniobra, y darle apariencia de legalidad al acto administrativo, y que no existan ningún tipo de dudas que la mercadería había ingresado en el ámbito del depósito dependiente del Ministerio de la Familia, era necesario la firma del remito, que documentara el ingreso aludido. Es aquí que aparece como un eslabón fundamental para la realización del resultado conforme al plan, el rol de la Ministro de Familia de entonces, Leticia Huichaqueo. La Ministro ordenaba hacer comparecer en sus oficinas donde prestaba funciones, a Vanina Barale encargada del depósito donde se dejaba la mercadería, a quien se le hacían firmar los remitos respectivos sin haber ella controlado la mercadería depositada. Luego los remitos firmados, se agregaban al expediente administrativo, bajo la apariencia de que Barale había controlado el ingreso de la mercadería, redondeando la maniobra defraudatoria y de esta manera se concretaban los hechos relatados precedentemente en el cual resultará víctima el estado provincial.
