Los clásicos “enganchados” al alumbrado público no son novedad pero tampoco el mayor inconveniente económico para la Cooperativa Eléctrica de Trelew. La clandestinidad es un delito y afecta sólo el 1% o 2 % de ingresos. Hay unos 36 mil usuarios que están al día y lo que sí se nota es la retracción en la demanda: un 12% menos de consumo energético de 2016 a 2107 en la zona residencial. “La gente economiza más y tiene que ver con el incremento de precios mayoristas tarifarios”, explicó el gerente de Energía de la Cooperativa, Alfredo Montes.
El panorama de su área conjuga las conexiones clandestinas en asentamientos, las adulteraciones en medidores en barrios de clase media alta y la retracción del consumo por la crisis económica y el aumento en el precio de los precios mayoristas tarifarios. “La energía la compramos a Nación y se multiplicó el precio por 10. El usuario está haciendo un uso más racional y se nota”.
Las conexiones clandestinas no son un “gran fenómeno” en Trelew. “Pero sí hay zonas expandiéndose. En algunos lugares vamos con servicios con inversiones propias y de Provincia y municipio. Se llega pero con una velocidad menor a la que se expande”. La clandestinidad es un us0uario que se conecta a la red sin cumplir con los requisitos. “Lo fundamental son las medidas de seguridad y medición para luego hacerse cargo de la energía que se consume. Es un delito hacerlo ilegal. Es apropiarse de un servicio sin pagarlo. El problema de la clandestinidad afecta en los países subdesarrollados y tiene un contexto ligado a lo social, económico, político y legal. Hablo de los niveles que se dan por zona”.
Según Montes, en Trelew hay zonas con más clandestinidad. “Son los sectores con menor poder adquisitivo, asentamientos, que tienen una dinámica aleatoria. Tiene que ver con lo urbanístico, social y económico. Se producen en forma espontánea. A veces, el Estado y las empresas corremos detrás de las situaciones. Lo ideal sería que se urbanice el asentamiento, se organicen las calles y luego el habitante se conecte”.
En condiciones de precariedad la legalidad no se da. “Hay un cierto nivel de población que establece asentamiento precario sin esas condiciones. Responde a causas socioeconómicas, urbanísticas y políticas, tiene un grado de complejidad importante. Si no intervienen todas las partes, es difícil de solucionar”.
El delito no es exclusivo de sectores de bajos recursos. Se dan casos de vecinos con trabajo, casa e ingresos normales. “Se conecta por avivado y es otra situación. Esas situaciones las tenemos detectadas. Estamos en la calle y lo vemos. Con la persona que puede pagar y sin embargo hace conexión clandestina, somos inflexibles. Cortamos todos los días el servicio a ese tipo de gente”.
Hay adulteración de medidores, una forma atípica de clandestinidad. La Cooperativa tiene un protocolo para hacer cumplir. “En el domicilio detectado, vamos con escribano y hacemos la denuncia. Podemos cobrarle el servicio a posteriori y aplicarle penalidades. Está bastante acotado el segundo caso. Vendría a ser el intento clandestino que se constituye como un delito en persona que no tiene justificación social lo haga. El usuario a veces pretende que demos a conocer cuestiones y son privadas. Hay demandas. Hacemos las acciones que tenemos que hacer”.
“A quien comete ese delito, le queda como precedente para sacar otro medidor. El contrato tiene pautas, quien detecta uno adulterado cobro dos años para atrás. Puedo presumir que viene desde ese tiempo y hacer demanda penal. Lo legal es complejo y por eso vamos con escribano”, reiteró.
“Otro es el problema cuando advertimos que la gente tiene necesidades y condiciones sociales adversas. Hay lugares donde se producen asentamientos. No hay redes convencionales y se conecta en forma clandestina. Hacemos campañas seguidas. Es entrar a un barrio y desconectar 300 usuarios con el impacto de lo que eso significa. El problema es la reincidencia. Es ir con cuadrilla y desconectar pero a la media hora se conectan otra vez. Con una nota planteamos en zonas específicas este problema en el OMRESP. Esto excede la clandestinidad del vivo y a nosotros”.
Sin la autorización municipal, los esfuerzos de la Cooperativa son infructuosos. “Cuando son tan extensos los barrios, excede la capacidad operativa. La situación se restituye a la antigua condición de clandestinidad en pocos minutos y nuestro personal sufre agresiones físicas”. En casos puntuales se informa al OMRESP y al municipio solicitando intervención. “No sirve que les corte a todos y al otro día el fenómeno persiste. No es sustentable. Le corto el lunes y el martes se conecta. Hay un fenómeno social, político y urbanístico”.
El OMRESP y Acción Social “están intentando trabajar para ver el enfoque de este tema. Todos piensan en lo económico. No es importante en ese plano. Las pérdidas no llegan a ser el 2 % de la energía total. Hay un mito que la tarifa es cara porque pagamos lo que no paga el otro. Influirá en 10 centavos a cada ciudadano. Son 36 mil usuarios que financian, por ejemplo, por dar un número estimativo a 1.000. No quiere decir que uno subestime el tema. Tenemos tratamiento y hacemos gestiones”.
Lo grave de la clandestinidad es la inseguridad. “Al no hacerse la conexión con reglamentación, hay riesgo y tenemos que velar por la seguridad de la gente”. Sobre la cifra de conexiones ilegales, deslizó que “es muy difícil dar un número. Son focos puntuales. Hay zonas que no son más del 10% de la ciudad”, se sinceró. Serían ser entre 500 y 700 usuarios
La Cooperativa tiene 36 mil usuarios y la morosidad no supera el 4%. “El residencial tiene una disciplina de pago razonable porque si no pagás te cortan el servicio”. Pero los clandestinos son “el 2 o 3 % de la cantidad total. No afectan el servicio. Provoca trastornos porque cargan líneas por no cumplir con condiciones técnicas. Hay cortocircuitos, riesgo eléctrico y afectación de redes porque las pinchan, las conectan en forma clandestina, no con los elementos que corresponde y destruyen las instalaciones. Lo central es la posibilidad de que municipio y Cooperativa incorporen a esos usuarios en condiciones regulares”, sostuvo. “Si no podés pagar hace lo que puedas, pero no asumas un riesgo para vos y tu familia”.
Montes explicó que “regularizar los sectores implica invertir y hacer redes en barrios periféricos y populosos. Hay que tener urbanizada la zona. La forma que la gente se radica es aleatoria. En la periferia se radica gente sin ningún orden, sin apertura de calles ni nada. Técnicamente, si tuviera los recursos económicos no puedo hacerlo porque no están dadas las condiciones. El problema debería atacarse con políticas de servicios”, ejemplificó. “Lo mismo pasa con agua, cloacas y gas, servicios que no están dispuestos en las condiciones que deberían y tienen una velocidad de crecimiento que el Estado no puede acompañar”
Diario Jornada
