Dentro de una semana, el próximo miércoles 8 de agosto, el Senado de Argentina dará inicio a una de las sesiones más polémicas y esperadas del último tiempo: el debate por la despenalización del aborto.
En la recta final, ayer se llevó a cabo la última discusión en el plenario de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales, y de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, que contó con la presencia de una serie de expositores a favor y en contra del proyecto que propone la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 14 semana de gestación.
Lo anterior no solo fue termómetro de las controversias que se aproximan la semana venidera, sino que también desató una serie de especulaciones sobre el futuro del texto, cuyo dictamen intentará ser consensuado hoy en el Congreso, al tiempo que la balanza se inclina hacia el rechazo. Por ahora.
Según los últimos conteos realizados, de un total de 72 senadores que votarán la iniciativa, 37 están en contra, mientras que 26 lo respaldan y solo uno se podría abstener. Sin embargo, tal como ocurrió en la Cámara Baja, esta vez ocho indecisos zanjarán el debate. Para aprobar el proyecto se necesitan 37 votos.
Fue el pasado 14 de junio, en una maratónica sesión, que se extendió por más de 20 horas, cuando los diputados dieron luz verde a la iniciativa para su avance al Senado, por 129 votos a favor y 125 en contra.
Intercambio de posturas
Con todo, la grieta generada por el proyecto impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ubica a los parlamentarios de todos los sectores en ambas veredas de la controversia.
La tensión en el Congreso podría motivar a que el grupo a favor acepte modificaciones hacia algo más “moderado”, para que el proyecto no muera en el Senado y así revertir la ventaja del rechazo. De ser así, el texto, que cuenta con media sanción de los diputados, deberá volver a la Cámara Baja para tratar los cambios y finalmente convertirse en ley.
Hasta ahora, los cambios que se barajan estarían centrados en aspectos como la objeción de conciencia, un tema que ha despertado especial repudio desde los establecimientos de salud, para ampliar su consideración institucional.
Otra de las modificaciones apuntaría a la interrupción voluntaria del embarazo con límite de 12 semanas y no 14 como el proyecto original. Y también la posible eliminación en cuanto a sancionar con penas de cárcel a los funcionarios que se nieguen a practicar abortos.
Además, se ha planteado la posibilidad de crear un fondo presupuestario -que no está contemplado en el texto aprobado por los diputados- para hospitales y sanatorios públicos.
La polarización social no ha estado exenta del debate, al tiempo que un grupo de actrices a favor del aborto llamó a que dos millones de personas salgan a las calles el día de la votación en un “pañuelazo” internacional.
Desde la posición provida también han realizado su propia convocatoria, luego de haber protestado frente a la Quinta de Olivos el lunes pasado.
La Tercera
