Finalizó ayer la etapa de producción de prueba en el marco del juicio realizado contra el ex funcionario municipal Carlos Alberto Cervino, acusado por la Fiscalía como presunto autor del delito de peculado y administración fraudulenta. El abogado prestó servicios como asesor legal de la municipalidad de Sarmiento entre 2011 y 2015, cuando el intendente era Sebastián Balochi.
En la última jornada declararon cinco testigos, se realizó la lectura de prueba documental y los alegatos finales de las partes. La fisca Laura Castagno requirió que se declare al acusado autor penalmente responsable de los delitos de peculado o por la acusación alternativa de fraude contra la administración pública.
Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se imponga al profesional la pena de 3 años y 2 meses de prisión. También peticionó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Por su parte, el abogado defensor Guillermo Iglesias reclamó la absolución de su asistido y consideró que el trabajo de la Fiscalía fue “de baja calidad”. También afirmo que el alegato fiscal era nulo porque no cumplía el estándar de legalidad. En consecuencia, solicitó la invalidez de la acusación, a la par que sostenía que en esta investigación “la política se metió en la justica de Sarmiento”.
Finalmente el juez Jorge Novarino anunció que el próximo viernes a las 12 informará su resolución judicial.
La parte investigadora asegura que el imputado representaba al municipio durante la gestión de Sebastián Balochi mediante poder general para juicios y asuntos administrativos. En este marco, investigó 18 casos y sostiene que las sumas percibidas por Cervino no fueron ingresadas a las arcas municipales.
La parte acusadora estuvo representada por la fiscal Laura Castagno y la funcionaria Marisol Sandoval. También participó la asesora legal de la municipalidad, Fabiana Uribe. El imputado recibió la asistencia técnica legal del abogado particular Guillermo Iglesias.
“NO DEBO PLATA”
Al concluir las declaraciones de los cinco testimonios propuestos en la jornada, el acusado utilizó su derecho a declarar en esta instancia del proceso. Cervino sostuvo que « he trabajado en la municipalidad a raíz de una convocatoria del exintendente Sebastián Balochi y dentro de las funciones que me han conferido las he realizado de una manera correcta».
Por otra parte señaló: «firmé un contrato particular para realizar cobros e iba realizando las rendiciones como corresponden”. A ello agregó que «no debo plata al municipio; cuando tuve que hacer las rendiciones las hice. Tengo el poder vigente; los contratos vigentes no han sido derogados. Me comporté como corresponde y el ‘escrache’ fue fatal».
La fiscal Castagno afirmó que ha sido acreditada la teoría establecida en la acusación principal, en la cual se indicaba que el imputado percibió fondos públicos. Su fundamento se basó en la prueba documental, la cual acredita que el acusado transitó en el Juzgado Civil Laboral Rural y de Minería de la circunscripción judicial Sarmiento, y que no quedan dudas de que quien percibía los expedientes era el abogado Cervino.
Por otra parte, la investigadora mencionó los informes del Banco Chubut en los que se confirma que era el ex asesor legal de la municipalidad quien cobraba los cheques por ventanilla.
En este marco, también consideró probado que el acusado cobraba las ejecuciones fiscales presentándose en su carácter de apoderado de la municipalidad. De esta forma, Castagno aseguró que el imputado cobró los cheques y no ingresó el dinero a las arcas públicas.
En consecuencia, solicitó al tribunal que se declare a Cervino autor penal del delito de peculado. Peticionó idéntica declaración respecto de la acusación alternativa por el delito de administración fraudulenta.
En virtud de ello pidió la pena de 3 años y 2 meses de prisión, más la inhabilitación perpetua para acceder a cargos públicos.
A su turno, Iglesias afirmo que su postura es la absolución de su asistido. Para el abogado defensor, el alegato fiscal no reúne los requisitos de legalidad y legitimidad para provocar un pronunciamiento en contra de su defendido.
En este contexto, afirmó que la tarea de la fiscalía fue de baja calidad porque no requirió todos los expedientes al juzgado civil. En este sentido, sostuvo que el alegato de los acusadores no cumple el estándar de legalidad, no relata hechos, no los relaciona con la prueba y no argumento sobre los mismos.
En otro orden, agregó que «en esta causa la política se metió en la justicia de Sarmiento y vino para quedarse. Para ello solo se necesitaba una investigación deficitaria y es esta investigación que hoy se juzga; llena todas esas características. Me pregunto por qué la municipalidad no se presentó como querellante», concluyó el defensor.
Así las cosas, el juez Novarino indicó que se retiraba a deliberar para emitir una sentencia que será informada el viernes próximo.
