Luego de los violentos incidentes ocurridos el pasado lunes 20 de mayo fuera de Casa de Gobierno, el Ministro de Gobierno solicitó la instrumentación del cese de los beneficios que los 13 imputados perciban de la Provincia.
Desde el Ministerio de Gobierno, que conduce Federico Massoni, se enviaron notificaciones a las carteras provinciales de Educación, Familia y Promoción Social, y de Trabajo, solicitando el cese permanente de todo beneficio a todas las personas incluidas en la causa, como “instigadores y responsables materiales” de delitos contra los funcionarios policiales, el orden y la administración pública.
Los hechos investigados corresponden a los acontecimientos ocurridos el pasado lunes 20 en las inmediaciones de Casa de Gobierno de la ciudad de Rawson, durante una manifestación de distintas cooperativas de trabajo, que concluyó en violentes incidentes, con personal policial hospitalizado, destrozos de patrimonio histórico, un civil lesionado y 13 detenidos.
Frente a los violentos incidentes, Massoni declaró que “se enviaron instrucciones al Área de Investigaciones para que se identifique a todos los que provocaron hechos violentos”, al tiempo que afirmó: “envié notas a la Secretaria de Trabajo y a los Ministerios de la Familia y Educación para que todas las personas, que se incluyan en las causas, se las excluya de todo beneficio brindado por el Estado que debe ser el sostén de quienes lo necesitan y no de los delincuentes como lo demostraron el lunes”.
Violencia premeditada
En las notas enviadas a las autoridades de cada dependencia de Gobierno, se manifiesta que “la premeditada, explicita y acreditada violencia ejercida por aquellos hacia funcionarios policiales, bienes del Estado y civiles circunstanciales que por razones de azar no concluyó en un hecho trágico, motivos por los cuales la personas involucradas son hoy objeto de investigación penal”.
Asimismo, en el texto se explicita que los acontecimientos que motivan dichas solicitudes “han quebrantado el equilibrio y razonabilidad con que legítimamente los ciudadanos de esta provincia tienen el derecho de peticionar por la mediación de las agencias del Estado para la satisfacción de las condiciones de vida”.
En este sentido, sostiene que “es necesario proceder a una adecuada discriminación de los miembros de aquellas organizaciones, entre quienes están decididos a la comisión de delitos, de aquellos que con nobleza se organizan para sobrellevar su delicada situación socioeconómica, situación a la cual esta cartera nunca le dará la espalda, como sé muy bien que tampoco usted lo hará”.
