El ministro de Justicia, Germán Garavano, presentó hoy en la Corte Penal Internacional de La Haya un informe sobre testimonios brindados por ciudadanos venezolanos que residen en la Argentina, relativos a presuntos crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos en Venezuela.
El estudio fue elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos, en base al testimonios de 44 venezolanos que residen en el país, quienes denunciaron asesinatos, torturas, y privaciones ilegítimas de la libertad, entre otros delitos.
Su entrega se da en medio de la polémica suscitada luego de que una mayoría de parlamentarios conformada por venezolanos que responden al régimen de Nicolás Maduro, algunos uruguayos, brasileños y el bloque del Frente de Todos volvió ayer a impedir, como ocurrió 10 días atrás, que el Parlasur adhiera al informe sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela realizado por la expresidenta chilena Michelle Bachelet para las Naciones Unidas.
El documento elaborado por la Secretaría que conduce Claudio Avruj sostiene que «la totalidad de los declarantes manifiestan haber sido víctimas o testigos de algún tipo de persecución por motivos políticos y/o ideológicos» del gobierno de Nicolás Maduro. «Se constata que la persecución se ha manifestado en diversas expresiones como ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento, privaciones graves de la libertad física y torturas», explica el informe.
Los testimonios fueron recibidos en el Centro de Orientación a Migrantes que creó el Gobierno en julio pasado por decreto, el que habilitó también la modalidad de la denuncia en forma telefónica. Las autoridades indicaron que los testimonios fueron recibidos por profesionales y técnicos que, como primera medida, resguardaron la identidad de los denunciantes.
El informe añade que «según las cifras informadas por la Dirección Nacional de Migraciones, desde 2014 a mayo de 2019 se han tramitado en nuestro país 153.642 pedidos de radicación de ciudadanos venezolanos».
«Vale destacar que la experiencia argentina demuestra la importancia que reviste el testimonio de las víctimas para la reconstrucción de la verdad histórica y su valor en términos probatorios en procesos judiciales, lo cual no es más que el pilar fundamental para la concreción de los principios de Verdad y Justicia», indica el texto.
Y agrega que «Argentina, como Estado Parte del Estatuto de Roma, cuenta con facultades plenas para colaborar con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional».
Según las autoridades, de los 44 testimonios recogidos, 29 casos se corresponden a conductas que encuadrarían en posibles crímenes de lesa humanidad según lo estipulado en el Estatuto de Roma y son hechos que se habrían producido entre 2014 y 2019.
Archivos de la dictadura
Además, Garavano entregó al Museo de la Corte elementos vinculados a la dictadura argentina, entre ellos, un fichero con réplicas de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, un ejemplar del «Nunca Más», y las tapas de las versiones de este libro publicadas en Israel, Brasil, Inglaterra, Alemania y España, junto a fotos del juicio a las juntas militares y copias de su sentencia original firmada.
La Corte Penal Internacional (CPI) agradeció hoy en la red social Twitter la «donación simbólica de archivos de Argentina a la biblioteca de la CPI, recibida por los vicepresidentes de la Corte, los jueces Robert Fremr y Marc Perrin de Brichambaut».
«El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina ofrece registros históricos de Juicios a las Juntas a la biblioteca del CPI como símbolo de apoyo de Argentina a la Justicia internacional», sumaron desde la cuenta de la Corte, informó El Clarín.
