El plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General debate el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Cámara de Diputados de la Nación. Expusieron los ministros de Desarrollo Social, Salud y Trabajo.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General debate el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Cámara de Diputados de la Nación.
En su exposición, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que «la emergencia no es un recurso literario, sino una situación real», a la que calificó de «tristísima» que se refleja en que todos «los indicadores son malos». También aseguró que para crear un nuevo pacto social «es necesario tratar impuestos y seguridad social», para un sistema redistributivo, y dijo que para eso hay que «fijar ingresos mínimos».
El ministro anticipó además la convocatoria a una comisión integrada por el Poder Ejecutivo, el Congreso y sectores sociales para plantear por ley cómo se sigue a partir de los seis meses, que es el período en el que se aplicarán las nuevas medidas para el régimen jubilatorio.
El ministro de Salud, Ginés González García, declaró durante el debate que «a nadie le gusta declarar una emergencia, pero lamentablemente necesitamos que el sistema siga funcionando porque está en un riesgo crítico», dado que el país «está bien cerca de entrar en un colapso bien generalizado».
Al exponer en el plenario, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, declaró que las proyecciones indican que «a fin de año habrá casi 60 por ciento de pobreza infantil», y afirmó que la pobreza general va a estar cerca del 40 por ciento. Y afirmó que «hay un problema serio del hambre» en el país.
Arroyo aseguró además que «es evidente que Argentina está ante una emergencia social y ante el empeoramiento de la situación social» producto del desempleo y del sobreendeudamiento de las familias.
Los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Producción, Matías Kulfas; de Salud, Ginés González García; de Trabajo, Claudio Moroni y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, concurren al Congreso para exponer aspectos centrales del proyecto ante el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto, que debe redactar el dictamen que se debatirá el jueves.
El proyecto del Gobierno
El texto diseñado por el gobierno, que declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
La iniciativa contempla la creación de un recargo de 30% a la compra en dólares, la suba de la alícuota del impuesto a los bienes personales y sobre los activos en el exterior, congelamientos de tarifas y facultades para negociar la deuda y contratos con las empresas concesionarias de servicios.
La intención del bloque del Frente de Todos, que conduce Máximo Kirchner, es escuchar a los funcionarios y emitir el dictamen que se debatirá en el recinto de sesiones, y en esa ocasión se verificarán los respaldos que cosecha la ley de parte de los opositores, ya que Juntos por el Cambio rechazará esta iniciativa, explicaron fuentes parlamentarias.
Por su parte, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, rechazó el proyecto ómnibus promovido por el Gobierno para declarar la emergencia pública por un año y señaló que esta iniciativa «busca prácticamente desguazar el Congreso a través de una enorme delegación de facultades».
La postura de los interbloques provinciales
Será clave la postura que asumirán los dos interbloques provinciales para sancionar esta ley, ya que el Frente de Todos puede reunir 119 votos, con lo cual necesita una decena más para aprobar la iniciativa sin sobresaltos.
Los dos interbloques que serán claves en esta votación son Unidad Federal para el Desarrollo y la Equidad, que conduce José Ramón y reúne ocho legisladores, y Unidad Federal, que tiene una decena de integrantes y está conformado por Consenso Federal y cordobeses.
Estos dos bloques, además de la neuquina Alma Sapag (MPN), darían quórum, al igual que la mayoría del radicalismo. En tanto la Coalición Cívica ya decidió que no aportará al inicio de la sesión y el PRO aún no unificó su postura, informó Télam.
