Luego de la excarcelación de De Vido y Baratta, siguen en la cárcel: Boudou, Jaime, D’Elía, Lázaro Báez, entre otros. El resto fue liberado en las últimas semanas, después de las PASO.
Desde 2016 hubo un récord en los Tribunales Federales de Comodoro Py: se ordenaron 74 prisiones preventivas sobre ex funcionarios, empresarios y dirigentes políticos en investigaciones de casos de corrupción. De aquel extenso listado, sólo continúan presos ocho, entre ellos, Amado Boudou, Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Luis D´Elía.
Desde el 11 de agosto, después de las PASO fueron excarceladas siete personas y tras la asunción del presidente Alberto Fernández y un duro discurso contra el Poder Judicial, se puso fin a varias detenciones, a la luz de las restricciones impuestas en el nuevo Código Procesal Penal. Este primer recuento no incluye a la líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala, condena por la justicia provincial de Jujuy, entre otros.
Julio De Vido dejó el Penal de Ezeiza a las cuatro de la mañana después de dos años detenidos. En simultáneo lo hacía Roberto Baratta, su ex mano derecha en el Ministerio de Planificación Federal. Fueron liberados el viernes por la noche después de que el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) que los juzgará junto a Cristina Kirchner en la causa de los Cuadernos, los excarcelara.
Si bien los jueces del TOF 7 habían rechazado liberarlos, porque entendían que los riesgos procesales se mantenían vigentes, tuvieron que revisar la medida después que la Sala I de la Cámara de Casación, que basó su resolución en las nuevas limitaciones aplicadas a las prisiones preventivas, se los ordenara. La lectura política, de todos modos, para algunos magistrados, no es ajena: el Presidente se refirió a «prisiones arbitrarias” y a una justicia «de persecución política».
El kirchnerismo usa el concepto del «lawfare» para referirse a causas judiciales armadas para perseguirlos, algo que el gobernador Axel Kicillof planteó en un decreto al explicar porqué nombraba algunos ex funcionarios procesados en su gabinete.
Los números indican que hace tres años, con el avance de causas por corrupción que tienen como principales imputados a Cristina Kirchner y a gran parte de su ex gabinete, se llegaron a dictar más de 70 prisiones preventivas. Sólo en la investigación conocida como los Cuadernos de las Coimas el juez Claudio Bonadio ordenó cerca de 30 detenciones. En el Pacto con Irán, hubo seis prisiones ordenadas, la de la vicepresidenta electa que nunca fue desaforada y por ende, no se concretó. Sumó cinco preventivas dictadas por el mismo magistrado.
Al escenario político, se sumó la resolución la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal que ordenó la entrada en vigencia los artículos que limitan la aplicación de prisiones preventivas por parte de los jueces. Aunque cada magistrado analizará sus expedientes, sólo podrán detener a sus acusados cuando se hayan agotado otras nueve medidas previas.
Este nuevo criterio buscó “evitar que quede a discrecionalidad de cada juez qué se entiende por obstrucción de la investigación (el argumento más utilizado para las detenciones)”, explicó el camarista Mariano Borinsky a Clarín, y se convirtió en la base de un conjunto de resoluciones con las que se ordenaron las excarcelaciones de varios ex funcionarios y empresarios K.
Por ello De Vido, Baratta, fueron liberados recientemente con un componente crítico por parte de Ana Figueroa, de la sala I la Casación: “En todo Estado de derecho en una sociedad democrática, resulta intolerable que con ritualismo y rigorismo formal no se aborde el tratamiento de instituciones esenciales de la libertad y se abuse en el uso de las prisiones preventivas, violando normas constitucionales y convencionales que rigen la materia, máxime cuando en el caso sometido a control jurisdiccional”, dejaron por escrito. Un mensaje que no cayó nada bien en los despachos en los que se confirmaron las detenciones.
Este nuevo criterio aplicado, deja de lado para algunos juristas la denominada “doctrina Irurzun” en referencia al voto del presidente de la Cámara Federal porteña, que en noviembre de 2017 ordenó la detención de De Vido en la causa de la mina de YCRT. El camarista habló de considerar “lazos funcionales» tejidos al «amparo del acuerdo criminal» que podían usarse para complicar la causa, junto al faltante de documentación y al “rol preponderante” de De Vido como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Este argumento fue luego citado por algunos jueces para justificar detenciones.
Con diferentes argumentos desde agosto, el número de detenidos se redujo, pero algunos siguen presos y sobre todo luego de la victoria del Frente de Todos en la PASO de octubre. Lázaro Báez procesado por lavado de dinero, no obtuvo su excarcelación. La Justicia consideró que aún representa un riesgo para la causa que está en juicio, pese a que la Casación ordenó liberarlo. Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín (abogado y contador del empresario) y Martín Báez, por ello igual seguirán presos.
Situación diferentes es la de Amado Boudou (Ciccone), Ricardo Jaime (Tragedia de Once), José López (la causa de los bolsos) y Luis D´Elía (toma de la comisaría), quienes se encuentran cumpliendo condena con confirmación de la Cámara Casación, según Clarín.
