Los mecanismos de restricción por la cuarentena y los abusos de autoridad -tanto policial como institucional- comenzaron a traspasar ampliamente los límites de las necesidades sanitarias, reconocidas por toda la sociedad con excepción de una franja de sectores de alto poder adquisitivo que no se sujetan a las normas.
Un gobierno chubutense en crisis política y económica se sigue aferrando a las limitaciones y el control social para lograr objetivos políticos sin invertir lo mínimamente necesario en la Salud Pública y sin pagar los salarios de los empleados públicos. Para Arcioni y su ministro Massoni la única propuesta a la crisis del coronavirus es autoritarismo por sobre el necesario sanitarismo.
«No hubo abuso ninguno. Hay dos casos presuntos que se van a estudiar a fondo. Seguridad viene trabajando de un modo impecable. Todo lo que hacemos es para el cuidado de los chubutenses y así lo entiende el 94% de la población», aseveró el gobernador Mariano Arcioni ante la andanada de cuestionamientos y denuncias de abuso policial sobre la población indefensa contra la pandemia y los atropellos institucionales. Obviamente, nunca citó la fuente que le reveló la «aprobación del 94%».
Desproporciones
Mientras que en todo el país los detenidos por incumplir la cuarentena son aproximadamente 0,45 personas cada mil habitantes; en Chubut son casi 2 personas detenidas cada mil habitantes
Massoni, sin frenos
Montado en su avanzada cuasi «dictatorial» -como la calificaron numerosos lectores en El Extremo Sur- y con la implementación de mecanismos similares al de un «estado de sitio»; el ministro de Seguridad Federico Massoni se permitió catalogar de «politiquería» a la lluvia de cuestionamientos institucionales recibidos por su desempeño y el del personal policial que está a su cargo.
«Se hace todo dentro del marco de la ley, sin cometer ningún tipo de abuso y con la máxima educación y respeto hacia el ciudadano», lanzó el ministro mientras siguen presentes las imágenes de la policía haciendo descender a un joven de un colectivo en Comodoro Rivadavia, esposarlo y meterlo dentro de un móvil de la fuerza; o haciendo desnudar a una mujer.
Sin abusos y con respeto no estaría sucediendo lo que ocurre en Chubut. Existe sin dudas una cultura represiva en la que está inmerso culturalmente el ministro Massoni.
Por eso en Chubut hay más de 1.200 detenidos supuestamente infringir por infringir la cuarentena, 600 vehículos secuestrados y una multiplicidad de denuncias generadas por sus órdenes.
Extasiado con el desempeño de sus tropas, Massoni acicateó a sus detractores aduciendo que «vi que se viralizó un audio mío manifestando el orgullo por cómo se desempeña la fuerza policial. Reitero que el personal policial trabaja las 24 horas del día, más de uno trabaja más de 10 horas diarias para el cuidado de toda la ciudadanía».
«Estamos en forma intensa combatiendo y tomando todas las medidas para que los chubutenses se sientan seguros», agregó el ministro sin entender que el «combate» no es contra los habitantes de Chubut si no por ellos.
Sus acciones rompen todo tipo de limitaciones constitucionales y enervan aún más los ánimos de una sociedad abrumada por la pandemia y los incumplimientos del gobierno que el ministro integra.
No conforme y prometiendo más «mano dura», Massoni advirtió que «vamos a intensificar los controles duramente, cumpliendo a rajatabla todo lo estipulado en la normativa»; todo para lograr el «cuidado intensivo» de la sociedad, cuando en realidad lo que se necesita es inyectar fondos en la Salud Pública y pagar los sueldos de los estatales.
Garrote desbocado: casi 2 detenidos cada mil habitantes
Es obvio que se deben cumplir las normas nacionales del aislamiento social obligatorio.
Sin embargo, esas regulaciones nada tienen que ver con las imposiciones, los abusos y los desmadres por sobre la democracia. Los métodos y mecanismos aplicados en Chubut no son los mismos que en el resto del país.
Cuando un efectivo policial se excede debe apartárselo y sancionarlo, como aconteció en el Gran Buenos Aires y CABA con efectivos de la Policía Bonaerense y Gendarmería.
En Chubut no hay un solo apartamiento de policías pese a las múltiples denuncias.
Es evidente que se le está dando vía libre al «garrote» que inclusive se aplica contra los propios miembros de la Policía que se niegan a detener indiscriminadamente a ciudadanos -como sucedió con la comisaria de Rawson-.
El fiscal jefe de Puerto Madryn, Daniel Báez, confirmó la caída en la cifra de delitos ordinarios en las calles desde la entrada en vigor de la cuarentena, pero preocupantemente aseveró que «han empezado a aumentar las denuncias contra las fuerzas policiales por abuso de autoridad y también de quienes solicitan la devolución de los vehículos, lo cual se analiza caso por caso».
«Ha habido denuncias de abuso y la justicia está investigando, hay que dejar que investigue, no hemos pasado a disponibilidad a efectivos», admitió a La 100.1 el jefe de la Policía, Miguel Gómez. Su reconocimiento al mismo tiempo confirma que no desplazó a ningún efectivo por todas las situaciones denunciadas, los que resulta coherente con sus propios antecedentes.
El ministro de Gobierno, José Grazzini, se sumó al debate en las últimas horas haciendo un reconocimiento que sorprende y da la verdadera dimensión de cómo se está actuando con la «mano dura» en Chubut.
«A lo largo del país desde que comenzó el aislamiento hay 20 mil detenidos y en Chubut hay 1.200 casos de detenciones por incumplimientos», manifestó Grazzini queriendo bajarle la dimensión a las detenciones en la provincia.
Sus dichos reflejan el descontrol producido en Chubut. En el país hay alrededor de 44 millones de habitantes y las detenciones fueron 20 mil, lo que arroja un índice de 0,45 detenidos cada mil habitantes; mientras que en territorio chubutense hay 608 mil habitantes y las detenciones fueron 1.200, lo que arroja un índice de 1,97 personas detenidas cada mil habitantes.
Los números no mienten y muestran claramente las diferencias de lo que sucede en Chubut. En la provincia las detenciones cuatriplican proporcionalmente resto del país.
Luque le para el carro al sheriff
El Intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, criticó duramente al ministro de Seguridad por las múltiples denuncias de abuso de poder por parte de la Policía en la realización de los controles para garantizar la cuarentena.
«Yo no soy el jefe de Federico Massoni pero creo que algunos funcionarios deben entender que hay buscarle soluciones a la gente en vez de generarle más problemas», advirtió el jefe comunal en diálogo con La Petrolera.
Luque dijo haber visto el video del joven que iba a comprarle remedios a su madre y fue maltratado en un colectivo, siendo obligado a bajar y subido a un móvil luego de esposarlo. «Le dije al gobierno que estoy de acuerdo con ser inflexibles con aquellos que no entienden, pero otra cosa es excedernos en las garantías constitucionales. Aquellos casos donde haya abusos hay que investigarlos y aplicar las sanciones que correspondan», remarcó.
El ingreso selectivo que implementó Massoni por terminación de DNI para comprar en los supermercados profundizó las largas filas en las puertas de los locales comerciales. Sobre este tema en particular el propio Luque -que se negó a instrumentar junto A otros intendentes- que «le dije al ministro (Massoni), que la medida de los DNI y la del cierre de los comercios los domingos iba a fracasar y fracasó. El sábado los supermercados estaban llenos».
El intendente comodorense fue categórico al afirmar que «hay que escuchar a quienes conocen la ciudad» y no se guardó el vuelto para el ministro haciéndole saber que «no hay que creer que porque tiene la posibilidad de tener algunas facultades extraordinarias va a poder manejar las cosas a su gusto y placer. Los servidores públicos tenemos que ser responsables».
