Con la conducción de la jueza de garantías Karina Breckle, se reinició ayer el proceso oral y público en la causa que investiga la Unidad Fiscal Anticorrupción relacionada con sobreprecios en la reparación de escuelas de la provincia del Chubut que tiene como imputados a funcionarios públicos provinciales y contratistas del Estado.
Una de las imputadas es la actual diputada provincial y ex ministra, Graciela Cigudosa.
Se trata de la audiencia preliminar al juicio oral y público donde los investigadores representados por el fiscal general Omar Rodríguez por un lado, y los defensores por el otro, exponen acerca de las pruebas que deberán tenerse en cuenta en el juicio, entre documentación y testimonios de los testigos.
La jueza Breckle reemplaza a los magistrados Fabio Monti y Sergio Piñeda. El primero de estos dos se excusó durante el inicio del proceso y el ex juez Sergio Piñeda, al jubilarse, derivó sus causas a la jueza de Rawson.
La audiencia realizada ayer, se suspendió y pasó para la próxima semana en fecha y horario que deberá disponer la Oficina Judicial de Rawson. El pedido del cuarto intermedio, fue realizado por el fiscal general Rodríguez a fin de analizar nueva documentación incorporada por la defensora de dos de los imputados. Se trata de la abogada Gladys Olavarría que defiende, entre otros imputados en esta causa, a los monotributistas Félix Currumil y Roxana Pereira.
PEDIDO DE SOBRESEIMIENTO
La defensora de ambos imputados pidió a partir de las nuevas pruebas que incorporó, el sobreseimiento para sus clientes.
Dijo que las obras en las escuelas en las que participaron, fueron realizadas y no se cobraron, además de destacar que sus clientes no tenían relación comercial ni empresarial con el resto de los imputados. «No hubo engaño y las obras se hicieron», dijo Olavarría.
El fiscal Rodríguez a su turno dijo que con esos datos «surgen nuevas posibles teorías del caso» y que necesitaba tiempo para reanalizar su teoría para «ir con firmeza probatoria al juicio oral y público».
La maniobra investigada consistió en un aparente trámite de concursos de precios, en donde aparecían pujando distintos proveedores los cuales concretaban ofertas para que en definitiva el Estado eligiera a la empresa que iba a ejecutar la obra en función del mejor precio.
Según los fiscales detrás de este velo de aparente legalidad, se escondía la verdadera intención de los nombrados que era quedarse con las obras simulando una falsa competencia, toda vez que los nombrados tenían estrechas relaciones entre ellos.
El objeto del trámite fue el mantenimiento y reparación de 24 escuelas por un monto cercano al millón y medio de pesos al año 2019 en que se habrían producido los ilícitos.
IMPUTACIONES
Pereira y Currumil están imputados del delito de defraudación a la administración pública en la modalidad de delito continuado en carácter de partícipes necesarios.
Entre los otros imputados se encuentran la ex ministra de educación Graciela Cigudosa, además de otros dos funcionarios de ese Ministerio: Raúl Care y Gustavo Huichián. Por el lado de las empresas que participaron en las maniobras que se investigan, están imputados Daniel Schmidt, Currumil, Pereira y Jorge Santucho. Cigudosa, Hueichián y Care fueron imputados del delito de defraudación por administración infiel, en calidad de autores.
