Oculto en un fideicomiso y con la ayuda de argentinos, un magnate chileno compra una de las zonas más valiosas de Santa Cruz e impide el acceso al sector. Eduardo Barcesat, abogado querellante junto a la Fiscalía de Estado, reclama que la causa que lleva cuatro años no prescriba. Ayer hubo una nueva presentación judicial. Lagos, bosques, ríos, y hasta un glaciar vedados. Como Lewis, pero más cerquita.
Nadie sabe con exactitud cómo era. Apenas quedan algunos nietos de aquellos que vieron todo con sus propios ojos y, creyentes, dijeron que era lo más parecido al paraíso en la tierra. Cuentan que el cauce del río desbordaba con un azul refractario, rodeado de bosques nativos, celosos del perfume de un tiempo detenido como el glaciar, guardián de todas las cosas. 60 mil hectáreas de todo, se las robaron.
Hace cuatro años, la provincia de Santa Cruz fue despojada de una zona plagada de recursos naturales que quedó en manos extranjeras a través de un fraude. En pocas palabras, lo que pasó fue que tres estancias administradas por accionistas clase A (se reparten dividendos) vendieron su participación a un magnate chileno. Como esto no era legal, simularon la venta a través de argentinos y pusieron todo en un fideicomiso.
Son tierras rurales y en zonas de frontera, cuyos campos cubren una superficie aproximada de 60 mil hectáreas lindantes con la República de Chile. Campos surcados por caudalosos ríos, bosques nativos y hasta un glaciar, en donde ahora se pretende hacer un complejo turístico privado. Cincuenta kilómetros de ribera sobre el lago San Martín, que es binacional porque del otro lado de la frontera este lago se llama Bernardo Higgins, el más profundo y más caudaloso del continente americano, con ocho ramales de río que atraviesan el predio, además de una flora y fauna autóctona bien conservada, virgen.
Invaluable
Se trata de una zona álgida, porque fue parte de la disputa con la República de Chile que dio lugar a la intervención arbitral de la santa sede del año 1984. Asimismo, en una de las estancias que pasó a manos chilenas está el “Cordón pilotos de Malvinas“, bautizado así en honor a un grupo de pilotos que participaron en el conflicto bélico por el archipiélago de las islas entre Argentina e Inglaterra.
No es un hecho aislado en la Patagonia, mucho menos en Santa Cruz, territorio de saqueo extranjero que comienza con el exterminio tehuelche. Sin embargo, que la belleza de estos campos amerite que se trate de un parque provincial hace más grave todo. Ya la reforma constitucional de 1994 estableció que las riquezas naturales, pero también la hermosura, son patrimonio originario de las provincias.
Esas 60.000 hectáreas eran administradas por Cielos Patagónicos SA, constituida en 1998, e incluyen estancia “Melenik“, estancia “Veranada de Jones” y estancia “El Cóndor“, con campo Río Cóndor, campo Río Grande, campo La Nana y campo Martínez de Rosas, bordeando lago O’Higgins/San Martín, Charre en idioma tehuelche.
La zona se sitúa a 255 metros de altitud en los Andes patagónicos y tiene una superficie de 1.013 km2, de los cuales 554 están en territorio chileno y los restantes 459 en Santa Cruz. Son más de 45 km. de zona ribereña. Un lago interno de importante dimensión –laguna Corazón– y más de 60 lagos o laguna chicas, junto a un glaciar mediano que se llama Andrés Johnson.
Además, el lago San Martín, con más de 8 brazos, es uno de los más irregulares y de mayor tamaño de la Patagonia, alimentado por los deshielos de glaciares del campo de Hielo Patagonia Sur y algunos ríos, como el Mayer que, procedentes de Argentina, desembocan en el lago en los alrededores de la localidad de Villa O’Higgins. El lago desagua al océano Pacífico a través del río Pascua, en el fiordo Calén, en las cercanías del Golfo de Penas. Una investigación realizada en 2003, por expertos del Centro de Estudios Científicos, reveló que el lago tiene una profundidad máxima de 836 metros, en el brazo del glaciar O’Higgins, que lo convierte en el más profundo del continente americano y el quinto en el mundo.
Como si fuera poco, además del lago San Martín, el predio “El Cóndor“ incluye cinco ríos caudalosos: Cóndor, Condel, Grande, Martínez de Rozas y Gallo.
El magnate
Maximiliano Ibáñez Bulnes es un empresario chileno, dueño de Córpora Sociedad Anónima, un holding que tiene unas siete empresas inscriptas en el registro de sociedades extranjeras de nuestro país. Es hijo de tres generaciones dedicadas a la venta de alimentos. Es uno de los seis hijos de Pedro Ibáñez, que en 2003 compró la empresa de pastas Tresmontes Lucchetti y luego la vendió al grupo colombiano Nutresa.
Maximiliano fundó una cadena de comida orgánica y se dedica a invertir en el sector turístico con la cadena hotelera Explora, que este año anunció la venta de lotes de hasta US$ 1 millón para reserva ecológica privada de 6 mil hectáreas en Torres del Paine, combinando “preservación e inversión inmobiliaria en la Patagonia”, prometía.
Córpora SA controla a Inversores Aluquina, una empresa creada y registrada en Argentina desde la que se hizo la oferta de compra a favor de un fideicomiso que armaron sólo a fines de comprar las estancias que manejaba Cielos Patagónicos.
Hoy, Maximiliano Ibáñez Bulnes también es “dueño” de todo eso, pero sólo gracias a haber burlado las leyes de nuestro país con la ayuda de Ezequiel Braun Pellegrini, que es el titular fiduciario, es decir, su administrador que, entre otras cosas, tiene algunos artículos de opinión publicados en el diario La Nación sobre avances digitales vinculados al derecho empresarial.
La Opinión Austral publicó este caso por primera vez en 2019, cuando el abogado constitucionalista realizó la denuncia para que se investigasen maniobras para desplazar a los accionistas minoritarios de Cielos Patagónicos, administradora de esas estancias santacruceñas, en una asamblea extraordinaria de la que ni siquiera fueron notificados. Esos accionistas son amantes de la flora y fauna que se integraron al directorio sólo con fines de garantizar la conservación de la zona, es decir, que no participaban de ganancia alguna. Se trata de Tjomme y Carlos Wagener.
A cuatro años de esa presentación judicial que tramita en el fuero federal porteño, la causa no avanzó demasiado y conforme transcurre el tiempo, en 2025 quedará prescrita.
En declaraciones al programa Distancia de Rescate que se mite por Radio LU12 AM680, Barcesat dijo que “pese a esta evidencia lapidaria de que la nacionalidad del comprador era extranjera y habiendo dos legislaciones que tienen carácter de orden público, la de protección del dominio nacional y la de zona de frontera, esto fue inscripto, registrado, como si se tratara de una transferencia normal del paquete accionario“.
Los socios minoritarios y la Fiscalía de Estado que conduce Fernando Pablo Tanarro lograron en estos años que se interesara la Unidad de Información Financiera para indagar cómo se gestaron los pagos para adquirir el paquete accionario y quién sería el que realmente lo compró. Hasta acá, es una de las sociedades del grupo que integra el holding chileno.
“Vengo en debida forma a solicitar se tenga como parte querellante a Fiscalía de Estado en representación del Estado provincial, atento a que con los hechos que se investigaron prima facie resulta afectada la administración pública provincial y comprometidos los recursos naturales de la provincia… los campos que hoy se encuentran bajo dominio extranjero son asiento de importantes recursos naturales, cuyo dominio originario corresponde a mi representada y cuya preservación y control compete…”, dice el comienzo de la presentación de Santa Cruz a la que accedió La Opinión Austral.
La cantidad y la calidad del territorio que puede venderse a personas o empresas extranjeras quedaron reguladas por la Ley Nº 26.737, que estipuló el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La ley fue impulsada por la entonces presidenta Cristina Fernández y sancionada en 2011 para frenar “la extranjerización de nuestra tierra“, limitando a mil hectáreas a un titular extranjero en la denominada zona agrícola núcleo (que está ubicada en el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba) o las equivalencias de cada provincia.
Las tierras en manos de extranjeros no pueden superar el 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Por nacionalidad, a su vez, no pueden superar el 30% de ese 15 por ciento. Es decir que una misma nacionalidad no puede tener más del 4,5% de las tierras de un departamento, de una provincia o del país.
Por ejemplo, en Santa Cruz sólo un departamento supera el tope que fija la ley, Magallanes, con el 26,7% de la tierra a manos de extranjeros.
Santa Cruz es la tercera provincia en extensión y tiene 5.536 hectáreas a manos chilenas, ubicada en el puesto 14. Alemania tiene muchas más tierras en nuestra provincia, convirtiéndose en el tercer país en el ranking con 38 mil hectáreas. Liderando el podio están los británicos: 47.764 hectáreas.
La denuncia de Barcesat y el Estado provincial sostiene que cuando se arma un nuevo directorio en reemplazo del de Cielos Patagónicos, se lo constituye con domicilio en Suipacha 1111, piso 18, CABA, sede del Estudio Jurídico Pérez Alati, a través del cual operaron los acusados: Maximiliano Ibáñez Bulnes (dueño oculto), Ezequiel Braun Pellegrini (presidente del directorio), Jaime Smart, Rafael Smart (vicepresidente del directorio), Ignacio Jasminoy, Cristian Walker, Gustavo Carlino, Julio Suárez, Alejandro Galván, María Cibeira, Alfredo Esperón y José Manuel Meijomil, todos domiciliados en la capital del país.
La maniobra
En 2016, Ibáñez Bulnes ya es dueño de condominios linderos con El Cóndor, del lado chileno, y se interesa fuertemente en controlar Cielos Patagónicos SA. Quiso adquirir más del 60% de las acciones clase A y más del 60% de las acciones clase B, pero terminó quedándose con el 80% de las primeras y más del 60% de las segundas.
Para hacer la oferta de compra utilizó su sociedad, “Inversiones Aluquina SA“, controlada por la chilena Córpora SA que comparte con su familia. La firma de Ibáñez Bulnes aparece en la oferta de compra, pero ni siquiera tiene residencia en nuestro país.
Existe un documento de la consultora Bach Capital SA que, en mayo de 2016, detalla los antecedentes de Cielos Patagónicos y el monto pretendido de US$ 28 millones para la venta del paquete accionario. Dos años más tarde, la carta de intención de Ibáñez Bulnes ofrece un 60% menos de eso.
Más tarde, vía mail, se informa a los accionistas: “El comprador notifica que se encuentra en proceso de constitución de un fideicomiso de administración, bajo ley argentina…”. Todo esto se hace con la intervención de los estudios jurídicos de Roberto Silva, Marval-O’Farrell y Pérez Alati, quien era director suplente de Cielos Patagónicos SA.
Según el articulo siete de la ley de regulación de las tierras en cuestión, “todos los actos jurídicos que se celebren en violación a lo establecido en la presente ley serán de nulidad total, absoluta e insanable, sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno en beneficio de los autores y partícipes del acto antijurídico…”.
En la denuncia realizada en el año 2019, Barcesat utilizó el término “vendepatrias” para los argentinos que participaron del acuerdo. Según dijo este martes en la entrevista con LU12 AM680, “los vendepatrias son los que actuaron en esta operación, que era manifiestamente lesiva de una ley de orden público. Esta transferencia satisface todas las formas de ilicitud por la cantidad de tierra, por la posesión de zona de ribera respecto de una superficie de agua nacional que afecta el trazado o el curso de los ríos que alimentan el lago. Todo esto ya vedaría la venta, también por la cantidad de tierras, sesenta mil hectáreas, cuando el límite de propiedad extranjera es el equivalente a mil hectáreas de la pampa húmeda“.
Pese a que el expediente fue engrosándose con los años, todavía no hubo una citación a indagatoria para impedir la prescripción de la acción penal.
