Vaca Muerta Sur. Esta semana, el Gobierno de Río Negro intimó a las empresas Techint, Sacde e YPF a cumplir con la normativa que exige la contratación de trabajadores locales en la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur. En paralelo, la provincia elevó un reclamo por el cobro de un bono equivalente al 1% del crudo transportado.
Por un lado, las compañías se comprometieron a regularizar la situación de mano de obra local, pero argumentan que el proyecto está bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por tanto no corresponde un canon al transporte.
La secretaria de Trabajo María Martha Avilez, explicó que el sindicato de la construcción, UOCRA, realizó una denuncia por la escasa contratación de trabajadores locales para la obra en el obrador de Villa Regina, y luego de constatar la situación se conoció que solo el 30% eran rionegrinos, lejos del 80% que exige la normativa vigente.
La empresa alegó cierto desconocimiento de la normativa y explicó que llegó a la región con los mismos trabajadores que venía prestando servicios en otros lugares. No obstante, se comprometió a comenzar a regularizar la situación contratando trabajadores de la provincia.
Ante esta situación, este jueves, el gobernador Alberto Weretilneck aseguró que “si no se respeta el derecho de los trabajadores rionegrinos, la obra no avanzará”. A su vez, funcionarios del gobierno provincial se reunieron con representantes del consorcio Techint-Sacde e YPF para exigir el cumplimiento de la normativa.
También se planteó la aplicación del Compre Rionegrino, que obliga a las compañías a priorizar comercios locales en la adquisición de bienes y servicios. Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que, si no se regulariza la situación, se tomarán medidas administrativas.
Además del reclamo por empleo local, Río Negro busca cobrar un bono a las petroleras por el uso de la infraestructura provincial. La propuesta consiste en percibir el equivalente al 1% del precio del crudo transportado por el oleoducto.
Las compañías rechazan el planteo y sostienen que el proyecto está bajo el RIGI, lo que impide la creación de nuevos tributos. Argumentan que la provincia adhirió al régimen y que este tipo de cambios afectaría la estabilidad fiscal del proyecto.
Fuentes oficiales indicaron que, en caso de no poder aplicar el cobro por vía impositiva, la provincia intentará negociar un acuerdo voluntario con las petroleras. La entrega de permisos para la construcción del puerto en Sierra Grande podría formar parte de la discusión.
El planteo de la oposición
Frente a este panorama, el legislador peronista José Luis Berros publicó: «Gobernador, le alertamos que era un error a aceptación llana del RIGI, sin poner reparos y defender nuestra normativa». En la misma línea criticaron el senador nacional Martín Doñate y la legisladora Ana Marks, exaliados electorales de Weretilneck .
«Ahora se ven las consecuencias», subrayó Berros e ironizó: «Esperamos ansiosos que envíe a la Legislatura el proyecto para derogarlo».
Cómo sigue la obra
Con estos dos debates planteados, la obra sigue, pero con tensiones. En la semana entrante, se espera una reunión en la sede de YPF en Puerto Madero con directivos de las principales petroleras para tratar el reclamo de Río Negro en materia de regalías. La discusión sobre el empleo local y el pedido del bono podrían influir en los plazos de ejecución del oleoducto, que demandará una inversión de entre 2.500 y 3.000 millones de dólares y permitirá transportar hasta 550.000 barriles diarios hacia la costa atlántica.
