Reprivatización de las hidroeléctricas. El 7 de mayo se lanzará el concurso público para reprivatizar los complejos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
A contrarreloj, y con menos tiempo del que esperaban, Neuquén y Río Negro analizan los pliegos y definen la estrategia para plantarse frente a Nación. Las cinco hidroeléctricas en discusión generan el 13% de los megawatts de potencia totales de la Argentina y las provincias pretenden tener un rol protagónico no solo en el proceso de licitación, sino también en la gestión de las represas, según publicó ADNSUR.
Se trata de un tema crucial para la zona y, por eso, los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck decidieron encarar el debate con Casa Rosada en conjunto con el objetivo de hacer fuerza frente a la propuesta de Nación. Aunque hubo buen diálogo, la tensión marcó el tono de las conversaciones de los últimos meses. El último cortocircuito sucedió esta semana: las provincias habían pedido un mes para analizar los pliegos, pero desde Nación enviaron los borradores el lunes 14 de abril, lo que significa que los equipos técnicos tendrán solo 15 días. “Recibimos los pliegos tarde. A veces la gente de Energía de la Nación se enoja si lo decimos. Es cierto que tenemos buena relación, pero también tenemos que plantear que no son tiempos razonables para una evaluación de estas características”, se quejó en diálogo con ADNSUR el ministro de Planificación de Neuquén, Rubén Etcheverry.
En Neuquén y Río Negro se evalúa cómo conseguir el mejor acuerdo posible y, aunque el objetivo es mantener firme su postura, saben que habrá que negociar y que “se llegará a una solución intermedia”, en palabras de Etcheverry. En los próximos días, Figueroa y Weretilneck avanzarán en contactos con jefatura de Gabinete, que centraliza la conversación.
El temor es que Nación pase por encima a las provincias, que desde la reforma constitucional tienen el dominio originario de los recursos naturales de su territorio. Por eso, la negociación gira en torno a los cánones y a la remuneración de la energía hidroeléctrica, pero -sobre todo- alrededor de la autoridad que tienen los Estados provinciales para influir en este proceso.
HIDROELÉCTRICAS: QUÉ PRETENDEN NEUQUÉN Y RÍO NEGRO
Las cuatro hidroeléctricas del Comahue fueron concesionadas durante el menemismo por 30 años. Los contratos se vencieron en 2024 y, por decreto, el gobierno de Javier Milei decidió prorrogarlos. De ahí buena parte de las molestias en las provincias: sostienen que Nación tuvo tiempo para trabajar en los pliegos y que no hay razones para las demoras que ahora los obligan a “trabajar a las apuradas”, según describió Echeverry.
Según publicó Econojournal, se espera que la licitación que se abra el 7 de mayo sea competitiva. El modelo de negocios que diseñó el gobierno nacional estipula que el ticket de entrada a los activos no sea alto y, por lo tanto, es posible que se presenten múltiples competidores. Según el sitio especializado en energía, se descuenta que intentarán renovar la concesión las compañías que operan las represas en la actualidad (Central Puerto, AES, Enel y Aconcagua Energía Generación) y que también podrían sumarse otros como Pampa Energy, Genneia, MSU Energy, YPF Luz o la francesa TotalEnergies.
Sea quien sea que se presente, Neuquén y Río Negro pretenden que sus demandas sean contempladas. Etcheverry resumió la propuesta de maxima con la que Figueroa y Weretilneck se sentarán con Nación: “Vamos a plantar una energía de comercialización libre de mercado al 100%, que podamos cobrar los cánones que sancionaron las legislaturas provinciales y tener participación en los procesos licitatorios y no solo conocimiento. También queremos tener participación en los directorios de las empresas y, obviamente, en todo lo incumbente a las normas del manejo del agua y a las cuestiones ambientales”, aseguró el ministro.
Las autoridades están convencidas de que la ley les da la razón: el reconocimiento de que las provincias tienen el dominio de los recursos naturales sucedió después de la privatización menemista, lo cual hoy las ubica en un lugar más preponderante para dar la discusión. Además, en 30 años, hubo enormes avances acerca de cómo debe preservase el ambiente y en Neuquén y Río Negro pretenden que este sea un asunto central.
En la actualidad, existen nuevos métodos sobre cómo debe ser el correcto manejo del agua, un asunto que se pondrá sobre la mesa con la jefatura de Gabinete. “Nosotros no queremos que se disuelva el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), tal y como anticipó el gobierno nacional”, subrayó Etcheverry.
En la Patagonia, están seguros de que la disolución del ORSEP (el organismo que fiscaliza la seguridad estructural y operativa de la infraestructura estratégica presas, estructuras complementarias y auxiliares) impactaría en el control de la seguridad de los cuatro complejos hidroeléctricos que están emplazados sobre los ríos Neuquén y Limay.
Además de la legislación, en las provincias creen que también tienen a su favor las características propias de la energía hidroeléctrica, cuya relevancia radica en que es una energía renovable y, también, en que es una “energía firme”, según explicó Etcheverry. “A diferencia de la solar o la eólica, no se necesita que haya viento o sol para que se genere la energía hidroeléctrica, lo cual la hace mucho más valiosa y por eso queremos que se la remunere como corresponde”, agregó el ministro.
En este punto radica uno de los asuntos más sensible de la negociación entre Nación y las provincias: el borrador establece que la energía tendrá un precio diferencial fijado por la secretaría de Energía, que oscilaría entre los 15 y los 20 dólares por MW por hora, una tarifa que está muy por debajo del costo real del sistema de generación. Etcheverry señaló que, en la actualidad, el mercado paga 60 dólares. El objetivo de Nación con un precio tan bajo es evitar el encarecimiento del costo medio de la electricidad -lo que implicaría un aumento de las tarifas o de los subsidios-. Sin embargo, para las provincias implicaría un impacto negativo en sus regalías.
Las autoridades de Río Negro decidieron hacer pública su posición con un comunicado oficial. “El protagonismo de las provincias no debe limitarse a una consulta formal, sino que debe traducirse en una participación real en el diseño del nuevo esquema concesionario por tratarse de decisiones que tendrán consecuencias directas sobre la gestión del recurso hídrico, la seguridad energética y el desarrollo regional”, sostuvieron y agregaron: “Reivindicamos nuestra condición de titulares de los recursos naturales, junto a Neuquén, una posición inclaudicable que será resguardada indeclinablemente”.
RECTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN
El 7 de mayo se abrirá el proceso licitatorio para que el 7 de agosto se pongan al frente del complejo las nuevas autoridades (ya sean nuevas compañías o renueven las actuales concesionarias). Por eso, los tiempos corren a toda velocidad y está en la agenda de toda la dirigencia neuquina y rionegrina.
Esta semana, un grupo de senadores peronistas encabezados por Ocar Parrilli presentaron un pedido formal a los gobernadores Figueroa y Weretilneck en el que propusieron que las provincias controlen el 50% de las acciones de las cuatro represas. La solicitud llevó las firmas de la neuquina Silvia apag y de los rionegrinos Martín Doñate y Silvia García Larraburu.
Etcheverry confirmó que las autoridades acusaron recibo de la propuesta, pero la calificó de “ilusoria” y bromeó: “Si vas a pedir el 50, ¿por qué no pedís el 99?”. Según el ministro, los esfuerzos ahora se deben enfocar en una negociación firme, pero realista.
