La ministra enumeró una serie de proyectos para aumentar penas y planteó que buscarán «sacar a Prefectura y Gendarmería del IOSFA», la obra social de las fuerzas.
A una semana de que la Cámara de Diputados dictamine el proyecto de Presupuesto 2026, por primera vez un miembro del Gabinete participó del debate. Patricia Bullrich, realizó un balance de su gestión en el Ministerio de Seguridad antes de cambiar de funciones para convertirse en senadora nacional. También detalló una serie de propuestas legislativas que aumentan penas para distintos delitos, anticipando una iniciativa de reforma del Código Penal.
El Presupuesto 2026 estipula para el Ministerio de Seguridad de más de $7,394 billones (aunque la ministra habló de $7,8 billones). Aunque en sus dos años de gestión Bullrich contó con financiamiento prorrogado por la falta de aprobación de leyes presupuestarias y la irregularidad de las partidas, una dimensión de la prioridad que tiene esa cartera para la administración nacional es que contaría con mayores fondos que los dispuestos para Defensa, Justicia, Cancillería, Desregulación y el Poder Legislativo combinados.
La variación anual del presupuesto del ministerio es de 13,5%. Aún así, la ministra admitió que «tenemos planificado un poco menos en inversión porque los techos presupuestarios tienen que ver con la situación económica del país. Lamentablemente tuvimos unos últimos seis meses con muchos problemas». Otros de los anuncios de la funcionaria involucró a la obra social de las fuerzas: «Si el Presidente lo acepta, vamos a sacar a Prefectura y Gendarmería del IOSFA y vamos a hacer un sistema de salud que realmente contemple la distribución que contemple sus necesidades».
La discusión sobre el presupuesto de Seguridad quedó desplazada por el balance de gestión de la ministra y por su enumeración de proyectos de leyes. En su presentación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda pidió que se eleven a sesión dos proyectos dictaminados (para aumentar alcances de Legítima Defensa y para que se reforme el Régimen Penal Juvenil, bajando la edad de imputabilidad a los 14 años) y que se trate la » Ley Antibarras». El impulso de la agenda punitiva logró la sanción de tres proyecto de ley durante la gestión Milei: la ley Antimafias, la ley de Reiterancia y la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos.
Bullrich adelantó que se buscará discutir la imprescriptibilidad de delitos graves (como abuso sexual, homicidios, trata de personas y narcotráfico) y una ley «contra la violencia de género, violencia relacionada y violencia intrafamiliar» para «ir mucho más a fondo contra la violencia que se desatan en nuestro país contra las familias y contra las mujeres». La ministra también planteó que existe «la tasa de homicidios de mujeres más baja de la historia argentina» y prometió un estudio exhaustivo -que separe asesinatos de mujeres de casos de femicidios- para fin de año, porque «las organizaciones de mujeres cuentan mal».
Patricia Bullrich defendió su gestión en Diputados
La ministra aprovechó su presentación en la Cámara de Diputados para remarcar la inversión renovación del equipamiento de los efectivos (afirmó que en dos años pasó de invertirse u$s275 por agente a u$s590), tanto en municiones como en chalecos antibalas, y los desembolsos en unidades vehiculares, embarcaciones y aviación para las fuerzas de seguridad, inclusive la Prefectura Naval (que terminó de desprenderse de la Armada a partir del decreto 457/2025). También destacó la inversión de u$s30 millones en infraestructura digital para investigación criminal especializada en Policía Federal Argentina.
Otro dato que exaltó la ministra de Seguridad fue el primer lugar que tiene la Argentina como el país con menor tasa de homicidios de Sudamérica, con 3,8 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, reiteró un dato inexacto al señalar que esa cifra fue producto de una reducción de homicidios de 58,7%, cuando se trataron de mejoras más leves en comparación con los dos últimos años: 4,4 en 2023 y 4,2 en 2022, según el Sistema Nacional de Información Criminal del propio ministerio.
Uno de los temas que más desarrolló Patricia Bullrich fueron sus políticas al respecto de las cárceles, dado que una de las novedades de su gestión fue la absorción del Servicio Penitenciario Federal y de sus 15.000 efectivos. Durante la jornada, solicitó el traspaso de la gestión carcelaria porteña a la administración de la ciudad de Buenos Aires y sostuvo que una de las prioridades del Ministerio es la inserción laboral de las personas detenidas.
La funcionaria también se expresó sobre el caso de Fred Machado, asegurando que «en noviembre viene una comisión Marshall para llevárselo a EE.UU», y se refirió a los presuntos vínculos del empresario acusado por narcotráfico con Alejandra Vidal, dueña de Lácteos Vidal S.A.. «La conozco a Alejandra, ese rumor de que conoce a Fred Machado es un invento. También es un invento que haya puesto plata en mi campaña, […] y si lo hubiese hecho es una empresaria privada. Estamos con los que dan trabajo, no con los que destruyen trabajo».
