La Organización de los Estados Americanos (OEA) fue este miércoles el escenario de un tenso debate diplomático entre Perú y México.
En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, Perú propuso formalmente reforzar y reinterpretar los procedimientos de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, argumentando que es necesario evitar que se convierta en «un instrumento para eludir la justicia».
México, por su parte, rechazó de plano la iniciativa, defendiendo la vigencia del tratado y subrayando que la OEA no es el foro competente para su revisión. Este choque se produce en el marco de la grave crisis bilateral desatada tras el asilo que México otorgó a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien permanece en la embajada mexicana en Lima.
La propuesta de Perú: objetividad y análisis de información estatal
El canciller peruano, Hugo de Zela, presentó ante el Consejo Permanente la posición de su gobierno. Aunque insistió en que su intervención no se refería al «caso específico» de Betssy Chávez, advirtió que este refleja una «evolución negativa» en el uso del derecho de asilo. Perú sostiene que el instrumento se utiliza ahora para proteger a personas que no sufren persecución política en estados democráticos.
El núcleo de la propuesta peruana es modificar la forma en que se evalúan las solicitudes. De Zela pidió que, al analizar una petición de asilo, se examine «de manera oportuna y objetiva» la información proporcionada por el Estado territorial (el país del solicitante) y por otras fuentes confiables.
El objetivo, según Perú, es introducir mayor «trazabilidad y responsabilidad» en el proceso, impidiendo que las decisiones se basen en «criterios ideológicos» y garantizando el principio de no impunidad. El canciller adelantó que su país consideraría elevar consultas sobre este tema al Comité Jurídico Interamericano, el órgano consultivo de la OEA.
La defensa de México: la convención vigente y un principio humanitario
México respondió con firmeza. Su postura se fundamentó rigurosamente en el derecho internacional. En primer lugar, la embajadora Luz Elena Baños Rivas, representante permanente ante la OEA, tomó la palabra. Defendió con claridad el «compromiso inquebrantable» de su país con el derecho de asilo. De hecho, lo calificó como «uno de los pilares más importantes para la protección de la dignidad humana».
Posteriormente, la diplomática desarrolló su argumento central. México sostuvo que la OEA no es el «espacio competente» para revisar la Convención de Caracas. En consecuencia, Baños subrayó un punto clave: cualquier ajuste a dicho tratado requiere la participación y el consentimiento unánime de todos los Estados que lo ratificaron. Para reforzar este argumento, ofreció un dato importante. Recordó que no todos los miembros de la OEA forman parte de la Convención. Por ejemplo, Estados Unidos y Colombia nunca la ratificaron. Además, señaló que un Estado que sí es parte, Venezuela, actualmente no participa en el organismo.
Finalmente, la embajadora dirigió una crítica directa. Señaló que utilizar un foro multilateral para dirimir una disputa bilateral es un error. Para cerrar su intervención, aseguró con contundencia que México «actuó conforme a la normativa interamericana vigente» al otorgar el asilo a Betssy Chávez.
El tenso intercambio, según información del medio internacional DW, deja en claro las profundas diferencias entre las dos naciones y pone de relieve los desafíos del sistema interamericano para manequerías crisis diplomáticas de esta naturaleza. Mientras Perú busca cambiar las reglas para, según dice, fortalecer el Estado de derecho, México defiende la institución del asilo como un logro humanitario histórico de la región que no debe ser politizado. La resolución de este conflicto, y el futuro de Betssy Chávez, siguen pendientes.
