El presidente Javier Milei cumplió su anuncio al incluir oficialmente la reforma del Régimen Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias del Congreso, mediante un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial.
Siguiendo la promesa realizada anoche en un acto en Mar del Plata, el Poder Ejecutivo amplió el temario del Congreso para incorporar la discusión de proyectos que modifiquen la edad de punibilidad de los menores. según Noticias Argentinas.
La medida, que promete generar un intenso debate político y social, busca establecer que los adolescentes que cometan delitos graves sean juzgados como adultos. La información se oficializó a través del Decreto 53/2026, suscrito por el presidente Milei y por el vocero oficial y ministro, Manuel Adorni.
Qué establece el decreto presidencial
El texto normativo, de carácter escueto pero contundente, fue publicado en la edición matutina del Boletín Oficial. En su artículo primero, ordena: «Inclúyase en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil».
Esta acción formal da un marco legal concreto al anuncio político del presidente, realizado horas antes ante sus seguidores, donde sentenció: «En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto»,
El proyecto detrás de la medida
El proyecto que enviará el Gobierno al Congreso, impulsado por los ministerios de Seguridad y Justicia, tiene como objetivo central modificar el régimen penal vigente desde la última dictadura militar. La iniciativa propone bajar el piso de punibilidad, que actualmente está establecido en los 16 años, para permitir que menores de edad que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados con penas propias del sistema penal de adultos.
El tema, históricamente complejo y sensible, promete dominar la agenda legislativa durante las sesiones extraordinarias convocadas para febrero, reavivando un debate que enfrenta posturas sobre seguridad, derechos humanos, y el tratamiento de la infancia y adolescencia en conflicto con la ley.
