Abogada argentina en Brasil: amenazas y reencuentro familiar.
La situación procesal de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años imputada por injuria racial en Río de Janeiro, ha tomado un nuevo matiz emocional y de alerta. Tras casi un mes de distancia, la joven santiagueña logró reencontrarse con su padre y su hermana en territorio brasileño, en medio de un clima de extrema tensión por las denuncias de hostigamiento que la rodean. Aunque su prisión preventiva fue revocada recientemente, Páez permanece bajo un régimen de libertad vigilada que incluye el uso de una tobillera electrónica y la prohibición estricta de abandonar el estado.
Denuncias de inseguridad y exposición mediática
La defensa de la profesional argentina hace hincapié en el riesgo físico que corre su clienta debido a la viralización de su caso en Brasil. Según TN, la joven ha manifestado sentirse desprotegida y bajo un constante asedio por parte de la opinión pública local. “No quiero mostrar mi cara en ningún lado. Los medios de Argentina me ayudaron mucho, pero acá en Brasil para nada”, expresó la acusada, quien además cuestionó la utilización de su fotografía en campañas oficiales de las autoridades brasileñas.
Un relato cargado de temor por represalias
La imputada fue contundente al describir su día a día mientras aguarda el avance de la causa judicial. En sus declaraciones, aseguró que existe un «ensañamiento» por parte de las autoridades y que la exposición de su imagen la ha convertido en blanco de ataques directos.
“Estoy en peligro, me llegan amenazas constantemente”, indicó Páez, llegando a afirmar de manera dramática: “Me quieren matar”.
Esta situación de vulnerabilidad se da en el marco de una acusación por hechos ocurridos el pasado 14 de enero en un bar de Ipanema, sobre los cuales la abogada sostiene su versión de los hechos. “Yo no mentí en nada y está probado. Lo que conté es lo que pasó”, detalló textualmente.
La llegada de su padre, Mariano Páez, y su hermana a Río de Janeiro busca apuntalar el estado anímico de la joven, quien enfrenta una posible pena de 2 a 5 años de prisión. Por el momento, la justicia ha sustituido la cárcel efectiva por el monitoreo electrónico en un barrio privado, una medida que le permite esperar el juicio fuera de una comisaría, pero sin libertad de movimiento total. La familia insiste en acompañar el proceso de cerca, mientras la abogada prefiere mantener el silencio sobre el fondo de la cuestión legal para no entorpecer la estrategia de su defensa técnica.
