Milei impulsa la minería cordillerana como motor de empleo nacional.
En el marco de la apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei trazó una hoja de ruta económica donde la explotación de recursos naturales ocupa un rol protagónico. El mandatario nacional fue categórico al proyectar un escenario de expansión para la industria extractiva, posicionándola como una de las columnas vertebrales para la recuperación de la actividad económica y la generación de puestos de trabajo. Sin embargo, este anuncio vuelve a poner sobre la mesa el histórico debate sobre la autonomía provincial y la preservación de los ecosistemas críticos en la región andina.
Un plan extractivo para dinamizar la economía en recesión
“La minería se desplegará por toda la Cordillera y dará miles de empleos”. La frase es de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, pronunciada ante la Asamblea Legislativa. Esta afirmación no fue aislada, sino que se inscribe en una visión más amplia que ubica a la minería —junto al agro y la energía— como uno de los motores capaces de dinamizar la economía argentina y absorber mano de obra en el escenario actual, golpeado por la recesión y el desempleo. Según Red43, para el Gobierno nacional, la Cordillera está “subutilizada” y Argentina no estaría aprovechando su potencial en cobre, litio y oro.
En esa lógica, la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada en el Congreso, aparece como una pieza importante para “desbloquear inversiones”. La iniciativa propone que sean las provincias quienes definan qué zonas deben protegerse y cuáles pueden habilitarse para actividades extractivas, lo que abre la puerta a nuevos proyectos mineros en áreas hasta ahora restringidas. Esta descentralización de la facultad de protección busca agilizar el ingreso de capitales extranjeros en sectores considerados estratégicos para la obtención de divisas.
Interrogantes ambientales y el fantasma de la resistencia en Chubut
Si bien el discurso oficial habla de empleo y desarrollo, también deja abiertos interrogantes profundos sobre la sustentabilidad del modelo. Organizaciones ambientalistas y comunidades locales se preguntan si es posible garantizar controles estrictos en un contexto de ajuste del Estado. ¿Puede pensarse la expansión minera “por toda la Cordillera” sin afectar ecosistemas frágiles y reservas estratégicas de agua? ¿Qué peso tendrá la necesidad de divisas frente a la preservación de bienes comunes? La controversia no es menor, ya que advierten que se podrían poner en riesgo fuentes hídricas fundamentales.
Este escenario adquiere una relevancia particular en Chubut, donde la discusión minera ha generado históricamente movilizaciones, consultas populares y fuertes divisiones sociales. La gran incógnita es qué postura adoptará Esquel, ciudad emblemática en la resistencia a la megaminería desde el plebiscito de 2003. ¿Se abrirá una nueva etapa de confrontación entre el impulso nacional a la minería y las decisiones —y sensibilidades— locales? Si la Casa Rosada propone una expansión minera a escala cordillerana, el desafío no será solo técnico o económico; será, sobre todo, político y social. Desde Nación se espera un posicionamiento claro de las provincias, pero la respuesta en el territorio puede abrir un nuevo frente de tensión entre Rawson y Buenos Aires.
