Una feroz carrera contra el reloj se desató en los pasillos de la Cámara Alta del Congreso de la Nación.
En una movida de altísimo voltaje político, el oficialismo libertario y sus bloques aliados reactivaron la maquinaria legislativa con una urgencia inusitada: blindar la silla de un magistrado estratégico para los planes de la Casa Rosada antes de que las leyes biológicas lo obliguen de forma inevitable a dar un paso al costado.
Carrera contra el reloj por Pesino y el asalto libertario a las vacantes judiciales
La Libertad Avanza metió el acelerador a fondo y convocó a una sesión trascendental para este jueves, donde pondrá sobre la mesa un masivo paquete de designaciones. El principal apuro del oficialismo radica en lograr la aprobación del pliego que prorroga por cinco años el mandato del camarista Víctor Pesino, integrante clave de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La urgencia es extrema: el magistrado, quien se transformó en un engranaje vital para el Gobierno al respaldar su reforma laboral y rechazar un amparo de la CGT, cumplirá 75 años el próximo 27 de julio. Si el Senado no aprueba su continuidad antes de esa fecha límite, Pesino quedará fuera de juego y obligado a jubilarse, motivo por el cual el propio juez ya interpuso un recurso de amparo preventivo para retener su cargo mientras el Poder Legislativo define su suerte.
El tratamiento de la continuidad de Pesino no será un hecho aislado, sino la punta de lanza de una avanzada estructural sobre el Poder Judicial. Durante la misma jornada, el oficialismo buscará sancionar un total de 36 pliegos de candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales. De concretarse la aprobación de la totalidad de estos dictámenes, la administración de Javier Milei habrá logrado un hito político de enorme magnitud: cubrir 110 cargos en los últimos meses, lo que equivale a controlar y designar el 30% de las 300 vacantes totales que mantiene la justicia argentina.
Causas calientes y guiños corporativos en el Conurbano y el Interior
Dentro de la nómina de pliegos que se votarán bajo extrema tensión, las miradas del círculo rojo están puestas en el nombre de Juan Rodríguez Ponte. El funcionario fue propuesto para ocupar el estratégico Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Lomas de Zamora, una silla de máxima sensibilidad que actualmente subroga el juez de Quilmes, Luis Armella. En los despachos de ese tribunal se tramitan expedientes que queman, tales como la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exintendente Martín Insaurralde y la modelo Jésica Cirio, además de la mega causa «Sur Finanzas», que acorrala a la AFA y a diversos clubes de fútbol por una red de lavado de dinero y defraudación millonaria. La postulación de Rodríguez Ponte —actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, esposo de la fiscal Alejandra Mangano y yerno del secretario de la jueza María Romilda Servini de Cubría— es interpretada en el Congreso como un potente guiño de seducción hacia la denominada «familia judicial».
El listado federal se ramifica con fuerza hacia las provincias y las distintas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal. Entre los pliegos laborales sobresalen los de María Claudia Jueguen (Sala X) y Marina Pisacco (Sala VI), esta última esposa del periodista de TN Adrián Ventura, acompañadas por las postulaciones de Diego Javier Tula, Diego Manauta y Claudio Loguarro. En el plano de los juzgados del interior, las fuentes parlamentarias confirmaron que se tratará el pliego de Leopoldo Rago Gallo para un nuevo mandato de cinco años al frente del Juzgado Federal N° 2 de San Juan, un magistrado de amplio reconocimiento en su provincia.
La nómina masiva incluye a Bernardo María Rodríguez Palma (Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín), Pablo Toledo y Ángel Roger Luna Roldan (TOF de Tucumán), y una extensa lista de conjueces para la Cámara Federal de Córdoba integrada por Maximiliano Chaves, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Faure, Gabriel Marnich, José Villena y Fernando Zarabozo. Finalmente, la votación alcanzará a Ruth Ponce de León (Posadas), Juan Burella Acevedo (Corrientes), Maria Ise (Resistencia), Patricio Sabadini (fiscal de Resistencia), Santiago French (Salta), Santiago José Martín (Mar del Plata), Pedro Crespo (Comercial CABA), Fernando Alcaraz (Mendoza), junto a los jueces de TOCC porteños Juan Carlos Riccardini y Paula Romeo, Hugo Daniel Froy (Paso de los Libres) y las defensoras María Laura Irastorza (Río Negro) y Amanda Espino (CABA). Con este despliegue, queda en claro que el Senado: buscan prorrogar el mandato del camarista Víctor Pesino antes de que cumpla 75 años en una sesión de tintes históricos donde el oficialismo se juega el rediseño del mapa judicial del país.