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Este martes en el Salòn Històrico Municipal se celebrò la segunda reuniòn de la comisiòn evaluadora del proyecto de instalaciòn del supermercado mayorista Yaguar, que pròximamente abrirà sus puertas en la ciudad de Trelew.
Del encuentro formaron parte la presidenta del Concejo Deliberante Leila Lloyd Jones,el secretario de Gobierno Eduardo Maza,el secretario de Planificaciòn , Obras y Servicios Pùblicos Marcelo Montserrat, la coordinadora de Planeamiento Lorena Lavechia y en representaciòn de la Càmara de Industria y Comercio del Este de Chubut, su titular Rubèn Villagra.
La titular del Concejo, Lloyd Jones fue la voz oficial de la reuniòn, de la cual por primera vez formò parte el Colegio de Arquitectos. La edil informò que el pròxima semana se debatirà en el recinto una nueva ordenanza, mediante la cual se regule la venta en establecimientos denominados mayoristas, con la intenciòn de asegurarse que vendan exclusivamente a comercios minoristas. » Esto incluirà a los mayoristas que ya estàn instalados en la ciudad ( Diarco y Chango Màs), que deberàn atenerse a vender solo por el canal mayorista a comerciantes minoristas», sostuvo Lloyd Jones.
Se preve que la pròxima semana se modifique la ordenanza que regula la actividad de estos locales » Si es necesario recurrir a una sesiòn extraordinaria lo haremos», especulò la presidenta del cuerpo legislativo, quien informò que la arquitecta Lorena Lavechia tendrà a cargo la confecciòn del dictàmen que serà evaluado y puesto a votaciòn el pròximo 19 de diciembre.
Por su parte desde la Cicech, mostraron una «relativa conformidad», luego de la reuniòn. «Hemos dicho lo que tenìamos que decir y esperamos que el dictàmen que se reforme en el Concejo, tenga en cuenta las modificaciones necesarias para que podamos establecer claramente que la venta mayorista sòlo se haga a quienes ejercen el comercio minorista», sostuvo Rubèn Villagra, quien recalcò que se lleva el compromiso del Concejo Deliberante de aprobar antes de fin de año estas reformas.
Ni la nieve ni el viento lograron doblegar el campamento. Foto: NYT

PARA LA NACION

Una tribu logró suspender la construcción de un ambicioso oleoducto, que Trump respalda
STANDING ROCK, Dakota del Norte.- Una antigua profecía de los Lakota, uno de los pueblos de la tribu Sioux, vaticina la llegada de una «serpiente negra» que cruzará la tierra y traerá devastación.
«El oleoducto es la serpiente negra», explica Wanbli Mani, 47 años, miembro de los Lakota. «Estamos tratando de proteger a la Madre Tierra», continúa, parado cerca de una fogata, el «Fuego Sagrado», en el medio de un campamento que ha reunido a miles de personas de Estados Unidos y otros países detrás de un mismo fin: impedir la construcción de ese oleoducto, un tubo de acero de casi 1900 kilómetros.
El oleoducto, llamado Dakota Access Pipeline, cruza Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa, y llega hasta Illinois. Es un caño de US$ 3700 millones que prevé mover unos 470.000 barriles diarios de petróleo. Energy Partners, la empresa que lidera el proyecto, tenía todo encaminado. Pero, tras meses de resistencia de tribus indígenas, a las que se sumaron ambientalistas y veteranos de guerra, Barack Obama le bajó el pulgar y su gobierno suspendió un permiso para el avance de las obras.
La decisión marcó una victoria para los «protectores», tal como ellos se llaman, que crearon la mayor resistencia indígena de la historia moderna, soportaron el frío, la nieve y la represión de la policía, y galvanizaron a los activistas que quieren enterrar la economía de los combustibles fósiles.
La disputa surgió por la ruta original del oleoducto: una línea bajo tierra que pasa por al lado de una reserva indígena sioux, Standing Rock, en Dakota del Norte, y cruza el lago Oahe, a lo largo del Missouri.
Para los indígenas, es tierra sagrada. Sus ancestros, dicen, están enterrados en esas praderas, y además temen que un derrame de petróleo contamine las aguas del río Missouri, que alimenta su reserva. «El agua es vida», es su mensaje, en boca de la gente, pintadas en el campamento, gorros de lana y una etiqueta en Twitter, #WaterIsLife.
Para las tribus reunidas en Standing Rock, la resistencia es un nuevo capítulo en su lucha de 500 años por defender su territorio. Para otros, es el nacimiento de una nueva coalición ambientalista, otro eslabón en la cadena de movimientos sociales que han tallado la historia de los Estados Unidos.
Todo puede volver a foja cero: el presidente electo, Donald Trump, ha respaldado la obra. Trump tenía acciones en Energy Partners (su equipo dijo que las vendió), y el CEO de la compañía, Kelcy Warren, donó 103.000 dólares a su campaña.
El campamento de Standing Rock, pegado a la reserva, es un pequeño pueblo con calles donde se ven autos, camionetas y caballos, carpas, baños portátiles, paneles solares, varias carpas militares verdes y carpas de campaña con «cocinas», un centro médico y personas construyendo casas de madera. Nació en abril, cuando un grupo de sioux de la reserva comenzó la resistencia. Hay hombres, mujeres y niños, familias enteras, jóvenes y ancianos. No hay alcohol, armas o drogas. Los indígenas rezan y hacen ceremonias todos los días.
«Somos protectores del agua, no hemos sido agresores», sostiene John Bigelow, el hombre que hace de enlace entre la prensa y el Consejo de los Siete Fuegos, el máximo órgano político de los sioux. La última vez que se reunió fue hace 140 años. «Esto es histórico», apunta Bigelow, cuyo nombre indígena es Niño Búfalo Blanco.
Hay más de 300 tribus reunidas, de los Estados Unidos, Canadá, Australia y América del Sur. Sus banderas decoran la calle central del campamento. También viven allí activistas, voluntarios, médicos, clérigos y un pequeño ejército de veteranos, que llegó a proteger a la gente luego de una represión de la policía local con camiones hidrantes, gas lacrimógeno y balas de goma en medio del frío invernal.
Sean Mercer, 43 años, dejó a sus dos hijas con la familia de su mujer, Molly, en Maine. Ambos viajaron a Standing Rock. Sean es granjero y maestro, pero en el campamento es obrero: ayuda a construir una de las barracas de madera para los veteranos de guerra que llegaron desde todo el país, en auto, avión o autobuses.
«Esto es mucho más que un oleoducto», afirma. Mercer habla del genocidio de los pueblos indígenas, de «la avaricia de las corporaciones que están destruyendo la Tierra», y del simbolismo que ha cobrado Standing Rock. «Todos los eventos de la historia están confluyendo acá, en un momento en la historia donde esta lucha representa una lucha más grande», sentencia.
Energy Transfer Partners ha garantizado que el proyecto es seguro. La empresa reaccionó con virulencia al freno del gobierno federal. Dijo que era una «decisión política» que rompía con el imperio de la ley y los permisos ya otorgados. Por ahora, la construcción está detenida, a la espera de que Trump revierta la decisión, o se defina un nuevo trayecto para el oleoducto.
Lejos de alcanzar objetivos de fondo, el gobernador de la provincia del Chubut hizo sapo en todos los frentes: el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, no lo recibió y el Presidente, Mauricio Macri, también le entró duro a los tobillos.
Un dictamen negativo en la discusión de Ganancias fue la mala noticia para Mario Das Neves hoy, puesto que la realidad indica que la resolución habilita a discutir el tema recién en el mes de marzo del año que viene, toda una derrota para sus aspiraciones de anotarse unos ‘porotos’.
Fue un día negro para el mandatario provincial en Capital Federal, quien lacónicamente expresó que le hubiera gustado “que sea parte de un acuerdo de todos: el presidente, los gobernadores y los cuerpos legislativos como corresponde”. Pero no fue así.
En conferencia de prensa y consultado por las declaraciones anteriores de Das Neves, esta mañana Peña le contestó al gobernador chubutense pidiéndole “que muestren los números, porque magia no se puede hacer”, y fue más allá insinuando que éstos no están como debieran: “él lo sabe porque de hecho está pidiendo fondos del Gobierno nacional para poder cerrar sus propias cuentas”.
El Comodorense
En un sistema de salud ideal, una persona enferma concurre a un centro asistencial, pide un turno y es atendida a la brevedad, para evitar que los síntomas empeoren. Sin embargo, en los hospitales públicos y centros de salud de Trelew eso parece ser una utopía. 
Por empezar, hay un cupo limitado de turnos por día. No es extraño que una persona esté esperando durante horas y, cuando por fin llega a la ventanilla, la secretaria le responda “Lo sentimos, los turnos se agotaron, vuelva mañana”. 
Así, el enfermo regresa a su casa con los mismos síntomas, pero sin respuestas, para levantarse al otro día muy temprano e ir a la 6 de la mañana para hacer nuevamente la fila, a ver si esta vez tiene suerte.
En el caso de que en ese segundo intento el paciente logró conseguir un turno, ahora deberá esperar entre 15 o 20 días a la fecha fijada, para que lo atienda un especialista en el hospital. Mientras tanto, ¿cómo se cura? ¿quién lo ayuda a sentirse mejor? ¿cómo va al trabajo y sigue con su vida normal? ¿y si tiene que faltar al trabajo quien le extiende el certificado? ¿y si es una enfermedad grave? Por el momento, son respuestas que el gobierno no puede responder. 
Una vez que obtuvieron la derivación hecha por el clínico, tienen que pasar el siguiente obstáculo: otra vez, una larga fila para conseguir un turno con el especialista. Una vez otorgado, el paciente deberá volver el día fijado y hacer otra cola hasta ser atendido.

En caso de que necesiten algún estudio complementario -ecografía, tomografía, etc-, deberán hacer, como era de esperarse, otra fila. Una vez con los estudios realizados, nuevamente tienen que hacer cola para conseguir que los atienda el mismo especialista que antes. 
A veces, el tiempo transcurrido entre la consulta por enfermedad y el momento en que le dan al paciente el diagnóstico puede llegar a 2 o 3 meses. 
Las enfermedades no esperan turnos agotados ni los meses que pasan hasta que las diagnostican. Las enfermedades cuestan vidas y la salud es un derecho que debemos hacer cumplir. 
          
 FUNDACIÓN SALUD SIN OBSTÁCULOS (FUSSO)
SE PROCLAMO GANADORA LA LISTA AZUL Y BLANCA “JUVENTUD PERONISTA
UNIDA” DE LA JUVENTUD PERONISTA DE CHUBUT.

Luego de cumplirse el calendario
electoral previsto para regularizar la Juventud Peronista dentro del Partido
Justicialista del Distrito Chubut, y habiendo logrado la unidad en una única
lista denominada “Juventud Peronista
Unida
” color “Azul y Blanca” queda
constituido, luego de 28 años el CONSEJO
PROVINCIAL DE LA JUVENTUD PERONISTA
.
Dicho órgano quedo conformado por
siguientes compañeros jóvenes que representan territorialmente a los militantes
justicialistas de la provincia del Chubut:
CONSEJEROS TITULARES:                                                          CONSEJEROS
SUPLENTES:
TRILA, Bodgan José. (Meseta)                                            1°
BOWMAN, Bruno. (Meseta)
DEN DAUW OTERO, Javier. (Trelew)                               2° CURILLAN, Jacqueline. (Trelew)
BRAVO, Lucas David.      (Rawson)                                     3° CARDOZO, Walter. (Rawson)
CARDOSO, Marcelo. (Pto. Madryn)                                    4° PANTOJA, Manuel. (Pto. Madryn)
PERALTA, Juan Manuel. (Esquel)                              5° DE PALMA, Ana. (Esquel)                      
CURZIO, María.  (Zona Sur)                                                   6°
NAMUNCURA, Sara (Zona Sur)
7°. MARTINEZ, Héctor. (Comodoro)                                      7° TORRES, Israel. (Comodoro)
Como
primer objetivo a cumplir, la flamante conducción se propone organizar
estatutariamente la Juventud Peronista, confeccionando reglamentos propios de
funcionamiento que aseguren la continuidad en el tiempo del espacio para la formación
de jóvenes, continuando así la lucha contra las políticas imperialistas que el
actual Gobierno Nacional lleva adelante, avasallando derechos adquiridos y
perjudicando al pueblo en cada oportunidad que se presenta.
Desde
ya, queremos agradecer a todos los Compañeros que con su militancia y
dedicación hicieron posible este histórico momento para los Jóvenes de Chubut.
“CUANDO LA JUVENTUD SE PONE EN MARCHA,
EL CAMBIO ES INEVITABLE”
PATRIA O MACRI

La
Gloriosa Juventud
Peronista Chubutense
Si bien el gobierno nacional oficializó hoy la creación del régimen previsional de carácter excepcional para ex combatientes de Malvinas con la publicación de la Ley 27.329 en el Boletín Oficial, mediante un decreto excluyó el piso de dos jubilaciones mínimas que había establecido la iniciativa sancionada en noviembre pasado por el Congreso Nacional.
El régimen abarca a los soldados que participaron de las acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM.) y a quienes entraron en efectivas acciones de combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) además de los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio o de apoyo.
La norma, primero tratada en Diputados y luego aprobada por unanimidad en el Senado el pasado 16 de noviembre, establece además que tendrán derecho «a la prestación básica universal, la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia» los ex soldados que acrediten su condición así como el haber cumplido 53 años de edad al momento de solicitar el beneficio.
Para eso, deberán acreditar 10 años de aportes previsionales en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En tanto, mediante el decreto 1250/2016, también publicado hoy en el Boletín Oficial, el gobierno vetó parcialmente la ley, al observar el artículo 3 que establecía que «en ningún caso, el haber resultante podrá ser menor que el equivalente a dos jubilaciones mínimas del SIPA».
Según se establece en el propio texto del decreto, «la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad» de la ley aprobada en el Congreso, y señaló que de promulgarse tal como se votó «se estaría desnaturalizando el sistema previsional».
El costo fiscal de la medida se calcula en unos 300 millones de pesos anuales para un universo de aproximadamente unos 4 mil veteranos de la guerra de Malvinas.
La decisión del gobierno nacional ya despertó las críticas de algunos grupos de ex combatientes, como el CECIM de La Plata, que había dado una batalla en el Congreso para asegurar la sanción de la norma.
«Vetando ese artículo se desnaturaliza la ley, se toca la parte neurálgica de la iniciativa. Muchos compañeros no pudieron incorporarse a la actividad laboral por varias cuestiones, como la discriminación, y por eso esta norma garantizaba el piso de dos jubilaciones mínimas», dijeron a Télam voceros de la agrupación platense de ex combatientes.
La ley estipula que «el haber de la prestación será determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) conforme las prescripciones establecidas en las leyes 26.417 y 24.241» y que el incremento del haber operará «automáticamente con el ajuste de acuerdo a la movilidad del SIPA».
La adhesión al régimen resulta incompatible con el desarrollo de actividades en relación de dependencia y con la percepción de otra prestación jubilatoria de cualquier régimen, según indica la norma, aunque sí es compatible con la pensión vitalicia que el Estado otorga a los veteranos de la guerra en el Atlántico Sur.
En materia de obra social, los beneficios se regirán por las normas generales aplicables en materia de libre elección de obra social para jubilados y pensionados, y la autoridad de aplicación del régimen será la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
A través de una solicitada publicada en los principales diarios nacionales, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros advierte que de prosperar el proyecto de Ganancias aprobado en Diputados corren riesgo 12 mil empleos del sector, debido a la mayor carga tributaria que pasarían a tener. El sector fue beneficiado con la eliminación de las retenciones a poco de asumir Mauricio Macri que en ese entonces, hace nueve meses, desfinanció al Estado nacional en unos 200 millones de dólares anuales.
«La necesidad de financiar los cambios en Ganancias no justifica poner en riesgo el sustento de más de 12 mil familias y frenar la llegada de inversiones en las provincias que más lo necesitan», aseguran ahora en el texto las empresas. Y agregan que la minería «no solo tributa los mismos impuestos que el resto de las actividades económicas, sino que también abona cargos específicos del sector, como las regalías». 
En su favor indican que para este año se estima una aporte fiscal total del sector de 15 mil millones de pesos.Y aseguran que «la eliminación de las retenciones a las exportaciones de la industria minera permitió a nuestro país recuperar competitividad. Gracias a esto, el sector planificó nuevas inversiones para los próximos cinco años, que redundarían en alrededor de 40 mil puestos de trabajo, que se sumarían a los 83 mil del sector». Un dato que no se puede constatar aún.
Tras brindar otras cifras sobre el sector, le piden a los senadores, que ahora deberán tratar la iniciativa de Ganancias aprobada en Diputados, que legislen «pensando en todos los trabajadores y todas las regiones del país», y solicitan «la eliminación del capítulo IV del paquete de medidas sancionado» en la Cámara Baja. 
Cabe recordar que cuando se eliminaron las retenciones se reinstauró un fuerte debate sobre costo-beneficio de la explotación minera para el país. En principio porque es muy dificil verificar la producción real de cada explotación. Por otro lado, las consecuencias para el medio ambiente pueden ser devastadoras y en varios distritos del país los vecinos vienen reclamando por situaciones gravísimas para los pobladores. 
El último ejemplo es el nuevo gran derrame de cianuro en la mina de Veladero de Barrick Gold, en la provincia de San Juan.
Un estudioso del tema como el periodista y ex diputado Migiel Bonasso declaró en noviembre pasado ante el juez que investigaba ese incidente: «No hay ningún tipo de control en el emprendimiento de Veladero, es un tercer país». Y finalizó, más contundente que «la empresa no ha dado ningún dato cierto en relación al segundo derrame de solución cianurada, y el gobierno y el Estado tampoco se lo han exigido». 

REDACCIÓN NEXOFIN

La diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer fue aceptada por la Justicia para incorporarse como amicus curiae (amiga del tribunal) en la causa Nº 2864/2014 vinculada a Cerro Dragón, que investiga a los hermanos Matías y Nicolás Dipietri, vinculados a la Sociedad de Bolsa Epsilon, que operaba desde Mendoza y se encargaba de abrir supuestos legajos falsos de clientes para mover millones de dólares hacia las Antillas Holandesas.
La causa caratulada como “Dipietri Nicolás y otros sobre cohecho”  investiga la firma abierta en 2007, meses después de la firma de la concesión de Cerro Dragón, donde se investiga el supuesto pago de coimas de la empresa BP (cuya accionista princial es Pan American Energy) al gobierno provincial a cargo entonces de Mario das Neves.
Las sospechas apuntan a que el dinero de los movimientos millonarios de Epsilon podrían provenir de la corrupción tanto pública como privada.
En el escrito presentado, la legisladora pide ser incorporada a la investigación como amicus curiae. La petición fue concedida por el juez Rodolfo Canicoba Corral el pasado 24 de noviembre.
Dice el letrado que habiéndose cumplido con los requisitos “he de autorizar la intervención de la nombrada (Margarita Stolbizer) en la presente causa, en calidad de “Amigo del Tribunal”, con el domicilio y patrocinio denunciado, debiendo la legisladora ajustar su intervención al Reglamento aprobado por el Máximo Tribunal, mediante la acordada citada precedentemente, lo que así resuelvo”.

Este martes se reunirán las principales personalidades de la industria del petróleo para celebrar el día de la actividad y todo hace suponer que el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, analizará un cronograma de aumentos de las naftas y la convergencia del valor del precio del barril.
La semana pasada Aranguren anunciaba que los aumentos de la nafta deberían esperar hasta 2017. Y así será. La fecha aún no está totalmente definida pero en la primera quincena de enero el precio de los combustibles volverá a subir, en promedio, alrededor de ocho por ciento.
La noticia fue adelantada por el sitio elinversoronline y confirmada a este diario por una de las compañías que venía reclamando la autorización de Aranguren para subir la tarifa. “El porcentaje que se había acordado para este primer aumento es de 8% y la fecha que comenzaría a aplicarse sería el 7 de enero de 2017, pero eso aún no está claro”, explicaron desde una petrolera a El Cronista.
De cumplirse, las refinadoras como YPF, Shell y Axion Energy obtendrán parte de lo que viene reclamando: precio. Este sector asegura que necesitan una suba porque “los costos subieron casi 70% desde diciembre de 2015 y las naftas sólo 31 por ciento”.
Por su parte, los estacioneros de servicios rechazaron este nuevo aumento porque, aseguran, que hará caer el consumo. “La caída en las ventas es un directa consecuencia de los incrementos”, dijo el presidente de la Federación de Entidades de Combustibles (FEC), Juan Carlos Basílico. Se espera que el discurso de Aranguren de este martes tenga como eje el acuerdo para que el barril del petróleo local se iguale al precio internacional.
Ayer hubo un último encuentro con los empresarios y la novedad es que las partes –los privados y el Estado– acordaron “acelerar la convergencia, si antes se había hablado de un proceso de seis a siete meses, hoy ya hablamos de cuatro a cinco meses”, explicó un asistente al encuentro. Además, el acuerdo no será de palabra. “En las próximas horas va a circular un borrador porque la intención es que se firme y quede todo escrito”, agregó la misma fuente.
Mientras tanto, se resolvió que mientras esté el acuerdo de convergencia habrá aumentos de la nafta programados. El barril Brent para entrega en febrero cerró ayer en u$s 55,69, 2,50% más que al término de la sesión anterior. Con este valor y la tendencia al alza, la esperanza de los gobernadores es que la brecha con los u$s 60 que se paga por el Medanito se achique aún más.
El otro punto que espera algún comentario es la adenda del convenio colectivo de trabajo de los petroleros de Vaca Muerta. “Se había avanzado mucho, pero el conflicto con el gremio lo frenó. No creemos que haya novedades antes de los primeros días de enero, que es cuando termina la actual conciliación obligatoria”.
El presidente del PJ-FpV, Javier Touriñan convocó para mañana al Ministro de Hidrocarburo, Sergio Bohe para que explique los beneficios que tendrá declarar de interés provincial y estratégico los yacimientos de arenas silíceas en la provincia.
«Por supuesto que estamos de acuerdo en el concepto y en el espíritu que está planteado en el proyecto de ley, de hecho nuestro Bloque había presentado un proyecto de similares características, y en virtud de tener una charla previa con el Ministro de Hidrocarburos –a los efectos de conocer cómo están los proyectos y cómo se vienen desarrollando- vamos a solicitar, si la Cámara está de acuerdo y en virtud de lo que marca el Reglamento Orgánico de la Cámara en el artículo 96°,que es el tratamiento de preferencia con fecha fija, que sea incorporado este despacho en el Orden del Día de la sesión del día 15 de diciembre como primer punto del Orden del Día, como marca el Reglamento».