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El expresidente ecuatoriano Rafael Correa sufrió un duro revés al mediodía de este martes 7 de abril del 2020. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador lo halló culpable de cohecho, por recibir aportes indebidos a través de su movimiento político a cambio de adjudicar contratos del Estado durante su gobierno, entre 2012 y 2016. Los jueces nacionales Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez lo sentenciaron a 8 años de cárcel.

La resolución de los jueces de la Corte, quienes condenaron también al exvicepresidente Jorge Glas y a otras 18 personas, es un fallo de primera instancia (deberá ser ratificado por un Tribunal superior en segunda instancia -en caso de que alguna de las partes apele- y en casación -última instancia judicial, donde se revisa el debido proceso-).

Sin embargo, la sentencia del Tribunal ha sido considerada por la Fiscalía General del Estado como un paso más en la lucha contra la corrupción, tras impulsar la investigación del caso denominado Sobornos 2012-2016 y presentar pruebas, que -según los jueces- demuestran que el expresidente Rafael Correa conocía del delito, que ha afectado al Estado.

¿Qué significa para Correa una condena por cohecho?

Una sentencia por cohecho impactaría directamente en la vida de cualquier persona en Ecuador, más aún en la de un político. La Constitución de Montecristi, elaborada en el 2008 por una mayoría correísta y validada en las urnas, precisa en su artículo 233 que en el delito de cohecho “la acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas”.

Imprescriptible significa que la condena que impongan los jueces no caducará. En el caso Sobornos 2012-2016 el Tribunal de la Corte ha sentenciado a Rafael Correa a ocho años de cárcel. Si la pena es ratificada en las siguientes instancias de la Corte, el exmandatario deberá cumplirla cuando regrese al país: ocho años en un centro de rehabilitación social antes de poder volver a caminar por las calles de Ecuador.

Pero no es lo único. El futuro político de Correa habrá terminado, al menos en Ecuador. La Constitución de Montecristi también puntualiza en su artículo 113 que hay personas que nunca podrán ser candidatos en una elección popular: “Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado”.

En Ecuador hay candidaturas de elección popular para las siguientes dignidades: vocalía de junta parroquial, concejalía, alcaldía, prefectura, Asamblea, Parlamento Andino, Vicepresidencia y Presidencia de la República. Correa, con una sentencia de cohecho y después de cumplir condena, no podría candidatizarse ni para dirigir una junta parroquial.

La Fiscalía habla de una estructura de corrupción

Entre las pruebas de cohecho presentadas por la Fiscalía General del Estado en el caso Sobornos 2012-2016 hay una serie de contratos suscritos a través de cartas de invitación y convenios de pago, “figuras utilizadas para no seguir los procedimientos previstos en la normativa de contratación pública”.

En la investigación de la Fiscalía, además de Rafael Correa, constan como acusados el exvicepresidente Jorge Glas; exministros como Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Walter Solís y María de los Ángeles Duarte; exasambleístas como Christian Viteri y Viviana Bonilla. Este martes 7 de abril del 2020, ellos fueron condenados a 8 años de cárcel por cohecho.

La investigación de la Fiscalía determinó la existencia de una estructura de corrupción integrada por empleados estatales que facilitaron (a través de cruce de facturas y dinero en efectivo) el beneficio a empresarios de contratos con el Estado.

En este caso fueron investigadas Pamela Martínez y Laura Terán, exasesoras del Palacio de Carondelet, quienes manejaron los pagos en efectivo y la lista de las empresas y funcionarios involucrados. Ellas permanecieron detenidas desde el 4 de mayo hasta el 6 de noviembre del 2019. Ofrecieron su colaboración a la Fiscalía en las investigaciones.

Pamela Martínez trabajó al servicio de Rafael Correa. De hecho, fue asesora 1 del “despacho presidencial” en Carondelet, por un salario de USD 5 009 mensuales. Terán, según la nómina de personal de Carondelet, fue asesora 5 y 4 de la “Subsecretaría general del despacho presidencial”, también en los años de la llamada ‘revolución ciudadana. Este 7 de abril, por su colaboración en la investigación, el Tribunal las condenó a 38 meses y a 19 meses de cárcel, respectivamente.

Fuente: El Comercio

La Sala I de Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que rechazó la excarcelación del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido y ordenó su inmediata libertad por la causa de los Cuadernos de la Corrupción. Sin embargo, seguirá detenido con prisión domiciliaria por otro caso.

De esta manera, el tribunal hace lugar al pedido de la defensa del exfuncionario, que tiene una condena de 5 años y 8 meses de prisión por la Tragedia de Once y está procesado por el desvío de 176 millones de pesos de fondos públicos destinados a la mina de Río Turbio.

En este expediente ya le había sido concedido el beneficio, con arresto domiciliario, pero continuaba en la cárcel de Ezeiza por la causa de los cuadernos, en el que se encontraba detenido desde el 17 de septiembre de 2018 por decisión del Tribunal Oral Federal 7, que había rechazado su excarcelación.

Ayer se conoció que había iniciado una huelga de hambre en reclamo por su libertad y denunció una «despiadada persecución» en su contra.

El Municipio colaborará con la construcción de un nuevo centro de detención, debido a la superpoblación carcelaria que hay en las comisarías de la ciudad. Se propuso readecuar un terreno que forma parte de una empresa petrolera.

Luego de una reunión de jueces de Ejecución Penal y el intendente Carlos Linares, se avanza en lo que será la construcción de un nuevo centro de detención en Comodoro Rivadavia, que contará con la colaboración del municipio.

La idea es construir la cárcel en la zona norte de la ciudad, para unos 25 o 50 detenidos, debido a la superpoblación carcelaria que hay en las comisarías de la ciudad.

“Tenemos una gravedad con el cupo carcelario. Es altamente complicado en Comodoro, no solo no tenemos la cantidad de camas para las personas detenidas, sino que se agrava la situación porque no están en condiciones adecuadas para que una persona pueda pernoctar y permanecer allí”, explicó Gladys Olavarría, juez penal.

Asimismo, indicó que se analizan dos propuestas. Una de ellas es iniciar una construcción desde cero con un cupo para 25 personas “que además contaría con un lugar destinado a educación en contexto de encierro, cocina y atención médica”, dijo.

Y la segunda propuesta presentada por la Municipalidad, consiste en readecuar un terreno que forma parte de una empresa petrolera: “Implicaría la posibilidad de alojar 50 detenidos”, aclaró Olavarría a Canal 9.

A José Antonio Allegra Filosico lo detuvieron el 17 de septiembre cuando la policía le allanó su casa en Gaiman, a la par de otros procedimientos similares que hizo en la zona para desarmar una banda de extorsionadores liderada desde la cárcel por un condenado por homicidio. De Allegra dijeron que era el cobrador de la organización, pero él lo niega. Admite sí, haber conocido a través de Facebook a algunas de las mujeres que la integraban y al cabecilla, a quien incluso dice que fue a visitar a la prisión, pero asegura que nunca fue parte de la banda.

Según la policía, el cabecilla de la banda de extorsionadores era Rubén Valdez, un recluso del Instituto Penitenciario Provincial que está ubicado entre Trelew y Madryn y la organización que dirigía a través de un teléfono celular que nunca le encontraron captaba a sus víctimas a través de una página de Facebook, en la que cayendo en una verdadera trampa terminaban intercambiando con mujeres fotos intimas, que después eran utilizadas para sacarles plata.

Allegra Filosico dice que a él también lo extorsionaron, que no tiene nada que ver con lo que le atribuyeron desde la policía y asegura que le dieron la libertad porque está «limpio». Así se expresaba este viernes al hablar por Radio 3 AM 780.

El letrado y profesor universitario está preso desde abril en una causa en la que le atribuyen haber intentado asesinar a balazos a un tapicero y sus abogados una y otra vez han intentado sacarlo de la cárcel pero hasta el momento fracasaron. La ultima vez fue el viernes. Ahora dicen que volverán a recurrir al Superior Tribunal de Justicia de Chubut, para que revisen la decisión de dos jueces que al menos no parecer fallaron en contra de lo que ya había resuelto otro magistrado, autorizándolo a Romero a acudir a aquellas audiencias en donde tuviere que defender a algún cliente.

El juez Gustavo Castro, según los letrados que defienden a Romero, había autorizado al abogado a asistir a las audiencias de los clientes que aún conserva y como la medida fue recurrida por la acusación tuvo que ir a un tribunal revisor para ser examinada por otros dos magistrados, los doctores Sergio Piñeda y María Tolomei, que terminaron fallando en contra de Romero.

Como se recordará el letrado lleva ya varios meses preso en una causa en la que le atribuyen el delito de “tentativa de homicidio” por aquel suceso ocurrido en el mes de abril, cuando –supuestamente— se presentó en una tapicería y en medio de una pelea con el dueño lo hirió de un balazo, disparándole con una pistola 11.25 con un silenciador hecho de manera artesanal, de la que Romero negó su tenencia días más tarde en la audiencia de control de detención, en la que le dictaron la prisión preventiva por la que hoy está alojado en una cárcel de Trelew.

Desde esos días hasta la fecha los abogados del polémico letrado –que además era profesor en la Facultad de Derecho en la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco—no han descansado en intentar por todos los medios lograr su liberación, insistiendo con la prisión domiciliaria –como una alternativa—o con las salidas transitorias para trabajar como otra, pero hasta el momento no han podido conseguir morigerar la situación de encarcelamiento de Romero.   

“La verdad que es una barbaridad”, opinó un abogado del fuero penal de Trelew refiriéndose al caso de Romero y argumentó: “Toda vez que (la jueza María) Tolomei dice que no hay Ley que lo ampare en esta situación, pero a mi me parece que está errada porque es juez y si no está la Ley ella misma tendría que suplirlo”, informó Radio3 Cadena Patagonia.

Nahir Galarza, la joven condenada por el crimen de su novio Fernando Pastorizo en la ciudad de Gualeguaychú, fue enviada a una celda de castigo en la cárcel de mujeres de Paraná tras publicar fotos en redes sociales.

En las fotos se la ve junto a Yanina Lescano, quien se encuentra detenida por el asesinato de su hijastra de dos años.
En las últimas horas se realizaron requisas en los calabozos de la Unidad Penal 6 de Paraná en los que se encuentran las involucradas y se incautaron dos teléfonos celulares.

Las «selfies» de ambas jóvenes presas son encabezadas en la red social Facebook con las frases «Cumpliendo la maldita condena»: «Creen saber lo que nos pasó porque conocen nuestra condena (social) pero no nuestra historia. Hablar van a hablar igual».

Las imágenes recibieron algunos posteos con elogios y frases de apoyo, aunque la mayoría de los comentarios son de reprobación y se repite el calificativo de asesina.

En su nueva cuenta abierta en las últimas horas, Galarza califica a Lescano como su «compañera de otra vida».
Lescano está imputada por la muerte de su hijastra Naiara Cristi, de 2 años, en Paraná, junto con Miguel Angel Cristi, su pareja y padre de la pequeña.

Crimen brutal de una niña

La niña murió en febrero pasado por una falla multiorgámica producida por desnutrición, mientras también presentaba signos de haber recibido golpes y quemaduras de cigarrillos.

Los dos acusados por «homicidio triplemente calificado» afrontan la posibilidad de ser condenados a prisión perpetua.
Nahir Galarza fue hallada culpable de haber matado a su novio, Fernando Gabriel Pastorizzo, con dos disparos de arma de fuego el 29 de diciembre de 2017, en la ciudad de Gualeguaychú, así lo informó Diario Jornada.

El 3 de julio de 2018, la Justicia de esa ciudad entrerriana la condenó a prisión perpetua por el crimen al hallarla por unanimidad culpable de «homicidio agravado por el vínculo de pareja» con la víctima.

La condena fue ratificada días atrás por el Tribunal de la Cámara de Casación de Concordia, que rechazó por unanimidad la apelación al fallo que realizó la defensa.

Gatica admitió que muchos conocidos ni lo visitaron cuando cayó detenido. “Mi círculo de amigos se redujo y uno cree que lo rodea gente de confianza”, aseguró. Piensa que el traumatólogo Juan Ignacio Blasco “tuvo pánico de ir preso” y cargó responsabilidad en organismos de control que lo querellan.

-Cuesta creer que recién en 2017 tuvo vínculo con Diego Correa…

-Me nombran síndico titular de Transpa en mayo de 2016. Uno no va a Casa de Gobierno porque quiere sino con un propósito. Empecé a ir porque el titular de las acciones era el gobernador. Esa Secretaria Privada la compartían Correa y Gonzalo Carpintero. No era funcionario público, me pagaba una sociedad anónima. Cuando arranca Mezeta, fue Carpintero, mi amigo íntimo desde chico, quien le presenta a Juan Blasco a Correa. Carpintero y Blasco estudiaron en Córdoba y tenían una relación. Yo estudié en Buenos Aires. Te digo más: en ese grupo compartía hasta el fiscal Omar Rodríguez. En octubre Correa me pregunta por una cesión de cuotas. Ya había prestado servicios a otras personas que fueron funcionarios teniendo empresas grandes y le facturaron al Estado, no es incompatible. Para que lo sea debe tener la mayoría de la toma de decisiones y una injerencia significativa. Esa tarea corresponde a los organismos de control, no a mí. No estoy en los escritorios de las empresas, no retiro pliegos, no estoy cuando invitan a una empresa a cotizar. Los estudios nos valemos de la información que nos da el cliente.

-Pero trabajó en el área social del Gobierno…

-No era amigo ni había compartido nunca absolutamente nada con Correa ni Diego Lüters ni ningún miembro de Dual Core y Sepat, ni ningún acto social ni político. Sólo era dueño del estudio que prestó servicio a estas empresas, dos clientes más del montón. Se tomaron el trabajo de aportar fotos de WhatsApp y de ver en las casas quién entraba y salía, y meterse en los Facebook de las esposas. No estoy en ningún lado. No milité políticamente ni estaba en cenas de nada. Me buscó el gobernador por mi trayectoria. Hubo mala intención de los fiscales. En su informe Walter Kobak ni siquiera fue él a relevar las propiedades. Le preguntaron cómo había hecho y dijo: “Con profesionales y referentes de la zona con los cuales tengo contacto”. ¿Se lo comunicó a los fiscales? Era una pericia, no una valuación privada donde uno no cuida lo jurídico. Ni siquiera se valió de informes escritos de profesionales de cada localidad. No sabía si los terrenos tenían servicios o cordón cuneta, no sabía nada. Una falta total de seriedad.

-¿Qué sintió al escuchar la declaración de Juan Blasco?

-La única explicación que encuentro es la psicosis que había. Cuando tengo el primer allanamiento ya direccionaban la responsabilidad al contador. Me colgaban en la plaza y les venía bárbaro a los fiscales. La única explicación lógica es el pánico de Blasco a que lo detuvieran, sin importar la inversión legal que haya hecho. Cuando ponían en los medios que me iban a detener yo estaba totalmente de los pelos. Fui su contador diez años, sabía sus movimientos económicos, era su amigo hace 30 años, no era un cliente que no conociera. Cuando uno es contador de una persona no entra a su casa. No te transformás en agente del FBI. Pero de un amigo uno sabe y si encima sos su contador, uno tiene un conocimiento completo. Por eso hablé de Tesla. Yo sabía qué era y me lo había ofrecido. Él era gerente. Yo no era el contador de Tesla pero sí de él. Conocía todo. Lo quería replicar en Rawson y Puerto Madryn. Realmente era un buen negocio y uno va viendo dónde invertir. La única lógica que encuentro es su miedo a perder su trayectoria como médico e ir preso. Mezeta fue un negocio que trajo un amigo y donde puse plata.

-¿Dejó de ser su amigo?

-Por supuesto. Mi estudio no era contador de ningún socio de Dual Core ni Sepat ni del apoderado ni de Correa ni de Lüters. El estudio fue allanado dos veces, se llevaron el backup entero digitalizado del servidor, mi computadora, los DVR, tenían toda la información para relevar. Mi estudio no prestó ningún servicio a ninguna persona física. Lo que hayan hecho o dejado de hacer no me consta ni tenía la forma ni tengo porqué; no sé quiénes eran sus contadores. Era contador de Blasco pero no de Tesla.

-¿Vinieron a verlo todos sus amigos?

-No, tiene que ver con cómo es la vida realmente. Uno cree estar rodeado de gente de confianza y amiga, y recién con estas situaciones ve realmente a quién tiene al lado y con quién puede contar y con quién no. La verdad es que mi círculo se redujo a lo ínfimo y el tiempo dirá. En algún momento lamentablemente voy a tener que empezar de cero sin que me dijeran en qué me equivoqué. Es lo más grave.

-Del grupo de amigos, ¿cuántos vinieron?

-La mitad. Es realmente muy difícil pero es darse cuenta de que uno creía que tenía amigos que quizás se acercaban para que uno lo ayudara. Ayudé a muchísima gente y amigos, a que entraran a trabajar en empresas. De mi grupo fui el primero en volver recibido y en ayudar a todos. Pero son elecciones de la vida.

-¿Hubo gente que lo sorprendió para bien?

-También, es lo más llamativo: gente con quien uno no tenía relación te diga: “Estoy para lo que necesites”, o llamar a mi esposa, un mensaje, saber que están. Es gente con quien ni me juntaba a comer, conocía de vista o compartir un ámbito lejano. Realmente me impresionó gente que no era amiga y que me dio una mano.

-¿Cómo sería arrancar de cero?

-No me queda otra y la verdad que no sé si podré volver a ejercer. Con el prestigio uno gana clientes y la confianza de empresas grandes. Después de esta mediatización de un año y medio, ¿quién me va a querer contratar? Ojalá que pase, pero si no tendré que hacer otra cosa y empezar a golpear puertas desde cero. Lamentablemente debí indemnizar a 12 personas porque destruyeron una empresa. Empleados con 16 años de antigüedad que están en la calle. No hay forma de recuperar eso.

-¿Cómo es su vida preso?

-Escuché que me habían robado el colchón o las zapatillas, la verdad es que jamás tuve ningún problema, nunca me agredieron, nunca nadie me sacó nada. Estuve desde abril de 2017 hasta el 11 de febrero de 2018 en el Centro de Detención con un pabellón de 15 personas, jamás tuve una situación fea, que alguien me amenace o me pida algo. Tuve mejor trato humano detenido que con examigos o gente que era amiga y no me vino ni a ver. Me trataron mejor que los que ni vinieron. Es un shock emocional muy difícil para la familia y más que nada para los hijos. Es muy duro, en un año mi hijo me vino a ver una sola vez.

-¿Qué incluye ese shock?

-Le bloquearon cosas bancarias y patrimoniales a mi papá, médico hace más de 30 años y viudo. Si le pasaba algo yo figuraba como su cotitular por si tenía que hacer trámites. Hoy sigue con bloqueos malintencionados. El daño que me hicieron a costa de lograr un mejor cartel y de sacarse una mejor foto no tiene dimensión. Es ilimitado porque las cosas de mi padre exceden lo que tiene que ver con lo mío. Le bloquearon hasta una sociedad a un hermano que ni vive ni Chubut.

-¿Qué pasa con los organismos de control?

-Debían verificar el patrimonio de estas personas, no un contador. Si todos estos organismos no accionan teniendo la legislación, no es problema del contador. Es grave institucionalmente que me quieran hacer cargo porque no funcionaron los organismos del Estado. Deberían revisar us procedimientos. Hay personas de esta causa que no presentaron sus DDJJ y nunca los intimaron. Es su deber, para eso están constituidos y tienen personal y estructura. La primera obligación del funcionario es presentarse voluntariamente. El organismo lo único que hace es guardarlo como si fuera cualquier papel. ¿No debería verificar lo que el funcionario dice tener? No me pueden delegar una carga pública que no me corresponde.

-¿O sea que querellantes como Fiscalía de Estado y Oficina Anticorrupción no actuaron?

-Exactamente. No tengo poder de policía. Las declaraciones se presentan en el Tribunal de Cuentas, que le rinde cuentas a Legislatura. Si un funcionario no presenta la DDJJ pedile la renuncia. No puedo hacerme cargo de algo que no me compete.

-¿Quién no lo presentó en esta causa?

-Las dos personas más importantes, Correa y Lüters, no presentaron las DDJJ. En el expediente hay una nota del Tribunal de Cuentas diciendo que tampoco los intimaron. ¿No deberían acusar también al Tribunal?, ¿qué tengo que ver yo?, así lo informó Diario Jornada.

“Espero tranquilo”

-¿Cómo espera el fallo?

-Totalmente tranquilo. Confío en la justicia y deberían absolverme en base a los testimonios del juicio. No hice nada fuera de la ley. Esperé un año y medio para poder declarar en un marco de seguridad. Antes no tuve las garantías. Debí pasar por tres forenses para que me examinaran por la salud de mi hijo. El primero hizo un informe sin siquiera verme. El segundo era un clínico que hacía autopsias y me despachó en tres minutos. Recién el tercer forense especialista en psiquiatría, como corresponde, aplicó su criterio profesional para ver las cosas como un especialista en el tema y recién ahí se entendió el problema de mi hijo. Los fiscales decían que yo quería mejorar mis condiciones de detención. Quizás destruyan una familia, ¿Quién me garantiza cómo sale mi hijo de esto? No verificaron ningún papel. Es responsabilidad del juez de garantías, como verificar si el peligro de fuga está acreditado. Me tienen que encontrar con un pasaje de avión yéndome y sabiendo que me iban a detener. El juez debe garantizar el control de la documentación con la cual te acusan.

El Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén (TOF) impuso ayer penas de hasta 11 años de cárcel a los ocho ex jefes militares y ex integrantes de inteligencia juzgados por graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en la región durante la última dictadura cívico-militar.

El veredicto leído por el vocal del TOF, Alejandro Cabral, estableció una pena de 11 años de cárcel para el ex jefe de inteligencia del Comando de la Sexta Brigada de Neuquén Oscar Lorenzo Reinhold, y para el ex director de la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche Néstor Castelli. El ex integrante del destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén Sergio San Martín fue condenado a siete años, en tanto que Jorge Molina Ezcurra y Jorge Di Pasquale, a seis años, así lo informó IMneuquén.

La líder opositora peruana Keiko Fujimori presenta problemas coronarios en el penal de mujeres donde cumple una prisión preventiva de 36 meses por corrupción, informó este sábado su partido Fuerza Popular.

«Keiko Fujimori ha tenido problemas de salud y ha requerido la atención de un médico cardiólogo», señaló el principal partido opositor en un comunicado.

La complicación de salud se presentó el viernes y fue tratada por personal médico del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Hasta el momento, el Inpe no ha informado sobre la salud de la primogénita del también encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo partido controla el Congreso peruano.

«La situación está controlada y nos encontramos a la espera de los resultados de los exámenes médicos a los que ha sido sometida», afirmó el comunicado.

«Es evidente que esta injusta privación de su libertad está generando un impacto en su salud», agregó.

El miércoles, un tribunal rechazó un recurso de «habeas corpus» para excarcelar a Keiko Fujimori, presa desde hace 10 meses por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Ahora la líder opositora espera el fallo de la Corte Suprema sobre otro recurso de casación, anunciado para el 12 de septiembre. El máximo tribunal no evalúa excarcelar a Keiko, sino eventualmente reducir a 18 meses su prisión preventiva.

El escándalo Odebrecht también salpica a cuatro exmandatarios peruanos.

El Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa confirmó este viernes una condena a 12 años de prisión a un hombre que violó a su hija cuando ella tenía entre 5 y 10 años, y le daba plata para que no lo denunciara, informaron fuentes judiciales.

El TIP ratificó este viernes la condena contra un hombre de 70 años, encontrado como autor del delito de abuso sexual simple por haber sido cometido contra una menor de 13 años, gravemente ultrajante tanto por la duración como por las circunstancia de realización, agravado por el vínculo como delito continuado.

Además de violarla, el sujeto -padre de la menor- le daba dinero para que no contara lo sucedido. Publicó Diario Jornada.

Pese a esa presión, un día la pequeña le dijo que lo iba a denunciar y que iba a contar todo lo que le hacía, y el hombre, cesó con los abusos.

La condena fue dictada este viernes con la aprobación de los jueces de la Sala B, Filinto Rebechi y Mauricio Piombi, quienes no hicieron lugar al recurso de impugnación del defensor oficial de General Acha, Federico Manuel Ibazetta.

De esta manera, quedó ratificado el fallo que dictó a mediados de año el juez de audiencia santarroseño, Daniel Sáez Zamora.

Este magistrado dio por probado, luego del juicio oral, que el acusado abusó sexualmente de su hija durante esos cinco años, abusos que dijo «fueron prácticamente a diario y continuaron hasta que la víctima le dijo que ‘si la tocaba, ella iba a hablar…’”.

En los fundamentos, el juez manifestó: «Existe además un elemento normativo ­el grado de parentesco, que integra la acusación. Esa posición de poder le permitió al acusado vencer cualquier resistencia por parte de la niña para impedir sus acciones y además, también quedó evidenciado por la dependencia económica de ella, ya que luego le daba dinero para que no hablara, tal como surgió de la propia audiencia de juicio oral (…)»

«En definitiva, ese cuadro de asimetría de poder y vulnerabilidad de la niña le impidió resistir los ataques sexuales del acusado”, señaló.

Los jueces hoy, al ratificar la condena, concluyeron que «los actos aberrantes que fueron cometidos contra la menor, cuando era una niña, indudablemente no pueden dejar de ser tenidos en cuenta a los efectos de la fijación de la pena a imponer, máxime teniendo en cuenta el vínculo existente entre el abusador y la abusada y el daño ocasionado a ella en su psiquis”.