El Parlamento controlado por el fujimorismo quiere nombrar a jueces del máximo tribunal, cuestionados por sus vínculos con acusados por el caso Odebrechet.

En el más abierto choque de dos poderes del Estado desde inicios de siglo, el Congreso opositor peruano inició este lunes la sesión para elegir a magistrados del Tribunal Constitucional sin tomar en cuenta el pedido del presidente Martín Vizcarrapara escogerlos de forma más rigurosa, con lo que se incrementa la posibilidad que el mandatario cierre el Parlamento en uso de los poderes que le otorga la Constitución.

El primer ministro Salvador del Solary sus ministros ingresaron a la sala principal del Congreso tras varios minutos de espera porque la puerta estaba cerrada y vigilada por miembros de seguridad del Parlamento. Luego de adicionales minutos de tenso diálogo, el primer ministro presentó el voto de confianza de manera formal ante el Parlamentopara que el Legislativo decida si le otorgan o niegan ese pedido, que es una medida de presión constitucional extrema sobre el Congreso.

La noche del domingo, el presidente Vizcarra anunció que clausuraría el Parlamento unicameral –controlado por el opositor partido Fuerza Popular– si el Legislativo continuaba adelante con la elección de seis de los sietemagistrados del Tribunal Constitucional, un órgano clave que decide la prisión o libertad de los políticos detenidos e investigados por la fiscalía en casos ligados a la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

El gobierno se opone a que se realice la votación debido a que los criterios para designar a los candidatos no han sido claros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha indicado que los parámetros para escoger a los aspirantes no son transparentes. El diario local El Comercioindicó que de acuerdo con datos de la fiscalía, seis de los candidatos tienen denuncias por supuesta violación, secuestro, robo, extorsión, lavado de activos y corrupción.

Varios candidatos al Tribunal también han adelantado opinión en contra de un plan de adelanto de elecciones propuesto por el mandatario. Uno de ellos, Wilber Medina, también afirmó que Keiko Fujimori, líder del partido opositor que dirige el Parlamento y en prisión mientras es investigada por presuntamente lavar dinero de la constructora brasileña Odebrecht, es una «presa política». Medina también fue abogado del expresidente Alan García,quien se suicidó antes de ser detenido en una investigación por el caso Odebrecht.

El presidente busca con su proyecto de ley que los candidatos tengan el respaldo de alguna institución de prestigio, que la ciudadanía pueda presentar impugnaciones sustentadas contra algún aspirante y que los candidatos se presenten en una audiencia pública donde respondan preguntas sobre su trayectoria profesional y defiendan su posición en temas de relevancia jurídica. Nada de esto ha sucedido hasta el momento y los pretendientes fueron elegidos a dedo por la mayoría parlamentaria.

Vizcarra –quien lanzó en julio de 2018 una cruzada anticorrupción que ha provocado el aumento del descrédito del Parlamento– dijo que si el Congreso elige a los magistrados sin tomar en cuenta su proyecto considerará que le rechazaron el voto de confianza y cerrará el Legislativo.

Según la Constitución, un presidente puede cerrar el Congreso y convocar a elecciones para elegir nuevos congresistas si el Legislativo rechaza en dos oportunidades un voto de confianza, el cual implica el respaldo al Ejecutivo en un determinado proyecto de ley. El Parlamento ya negó un voto de confianza al gobierno durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, a quien Vizcarra reemplazó luego de su renuncia por acusaciones de nexos con Odebrecht.

El Tribunal Constitucional es la máxima instancia en asuntos constitucionales y es el órgano que ha decidido en los últimos tiempos la libertad o la prisión de políticos investigados por la fiscalía.El caso más importante que el Tribunal debe resolver es la salida de prisión de Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y bajo arresto mientras es investigada por presunto lavado de dinero de Odebrecht.

El Tribunal también debe decidir si un acuerdo de colaboración eficaz entre la fiscalía y Odebrecht –que ha llevado a prisión a dos expresidentes y decenas de políticos– puede también incluir a varios parlamentarios cuyas identidades aún no se conocen y que podrían ser descubiertas en las próximas semanas en los interrogatorios que los fiscales anticorrupción someterán a exgerente de la constructora brasileña.

Vizcarra asumió el poder en marzo de 2018 en reemplazo de Kuczynski y su mandato debería culminar en 2021, informó El Clarín.