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«Con mi sueldo siempre compraba los dólares que podía; era una costumbre que adquirí de mi padre”.  Respecto de la casa de Playa Unión dijo: “ayudaba a Diego en lo que me pedía, pero ésa no era mi casa y no pensaba vivir allí”. La imputada también negó haber realizado viajes a Estados Unidos, Colombia y Ecuador, tal como figura en los informes de los fiscales.

Tras escucharse las declaraciones de la mitad de los imputados en la causa “Embrujo”, Diego Correa, considerado «cerebro» de la asociación ilícita investigadadesligó de responsabilidades a varios imputados, expresó que en el intermedio entre la segunda y tercera gobernación del Chubut de Mario Das Neves, el extinto gobernador “me pagaba un muy buen sueldo” y que él estaba al frente de las empresas Dual Core y Sepat. Su expareja, Natalia Mc Leod, manifestó que «Con Diego no éramos una pareja normal. Teníamos poca comunicación porque trabajaba todo el día como secretario del Gobernador. Ni siquiera supe cuánto ganaba él». 

En una extensa mañana de declaraciones, ante los magistrados Alejandro Soñis, Marcela Pérez y Ricardo Rolón, declararon los imputados Darío Correa, las hermanas Natalia y Giuliana Mc Leod, Sandro Figueroa, Diego Correa y Federico Gatica. Resta que por la tarde declaren al menos cuatro imputados más.

Por su parte, el contador Federico Gaticadijo que la obra de las clínicas a levantar en Rawson era una inversión propia que se hacía posible merced a su capacidad económica y financiera, y quede ninguna manera había existido lavado de dinero.

Antes de la declaración de algunos de los imputados, los defensores Fabián Gabalachis, Damián D’Antonio y Omar López incorporaron documentación que a sus respectivos criterios son de interés para la posición de sus asistidos.

“Firma de papeles”

Darío Correa dijo que “vine a Trelew, solo firmé unos papeles y me volvía a Buenos Aires”. Ante preguntas de su defensor Fabián Gabalachis, agregó que vino “sÓlo dos veces a la zona y que “fue mi hermano (Diego Correa) el que me hizo firmar esos papeles”.

Giuliana Mc Leod afirmó conocer a Diego Correa a través de su hermana, Natalia Mc Leod. Destacó que “todo lo que hico fue firmar papeles sin conocer mucho de esos temas”, en alusión a las acciones que poseía en las empresas investigadas, Sepat y Dual Core”. “No sabía nada de lo que estaba haciendo y lo hice ientras estudiaba nutrición en la ciudad de La Plata”.

“No sabía cuánto ganaba Diego”

Natalia Mc Leod, quien fue pareja de Diego Correa, además de ser empleada de la justicia provincial, expresó: «Le dije a Diego que no tenía problemas en poner mi firma para esas empresas. Le cedí mi nombre a principios del año 2013, pero le dije que no necesitaba porque yo tenía mi trabajo en el Poder Judicial. Nunca tomé decisiones sobre la empresa Dual Core, y me enteré de que se habían comprado algunos terrenos, recién cuando fui detenida».

«Con Diego no éramos una pareja normal. Teníamos poca comunicación porque trabajaba todo el día como secretario del Gobernador. Ni siquiera supe cuánto ganaba él.Con mi sueldo siempre compraba los dólares que podía; era una costumbre que adquirí de mi padre”.  Respecto de la casa de Playa Unión dijo: “ayudaba a Diego en lo que me pedía, pero ésa no era mi casa y no pensaba vivir allí”. Negó haber realizado viajes a Estados Unidos, Colombia y Ecuador, tal como figura en los informes de los fiscales.

La oficina de Figueroa

Sandro Figueroa contó que conoció a Correa por ser el tío de Natalia Mc Leod y que en el año 2013 se incorporó a Dual Core como tenedor de acciones para reemplazar a Natalia Mc Leod porque la participación de ella era incompatible con su cargo en la Justicia. “Nunca tomé decisiones en esta empresa, hasta que Diego (Correa) me ofreció tareas administrativas en la construcción de los consultorios de la calle Mitre de Rawson. Me convenía y empecé a trabajar. “No me parecía nada raro ni anormal, pero después me di cuenta de que fue un error ocupar la oficina de la calle Belgran porque yo no era empleado público”, agregó. 

Sobre la obra del consultorio a cargo de Mezeta Consultin, dijo que “los inversores eran Gatica y el traumatólogo Blasco. Se hicieron reuniones donde yo participaba pero no tomaba decisiones. Mis tareas eran administrativas, por ejemplo pagar al contratista y al arquitecto. Pero no tenía poder de decisión. Hasta que hubo que parar la obra. No entendí por qué se paraba la obra porque Gatica era solvente. Yo respondía a Diego Correa pero el nexo era Diego Luters. Nunca tuve relación con la empresa Sepat”, destacó.

Diego Correa y su relación con Das Neves

Diego Correa dijo que “yo era una persona de suma confianza de Mario Das Neves y el me pagó un sueldo en el periodo 2011 al 2015. Era un buen sueldo. Yo manejaba las cosas personales de él. Los 25.000 euros que me secuestraron cuando me detuvieron eran de Das Neves, los tenía para los gastos y nadie me los quería cambiar.

Agregó que “la casa de Playa Unión y los terrenos comprados para los dúplex, se hicieron con plata que me dio Das Neves. En VS Materiales nos hacían precio porque pagábamos la obra del quincho de Das Neves de la calle Condarco y de la casa de Playa Unión, con plata que me él me daba. También los lotes de Lago Puelo y las camionetas que se compraron a través de Dual Core”. Destacó que en ese tiempo “yo no era funcionario público, estaba al frente de todo eso y no había problema”.

Destacó que al finalizar el segundo de los tres mandatos de Das Neves al frente de la provincia, en el año 2011, “quise volver a mi trabajo original en la Aduana y se me complicó por la gran cantidad de papeles que tenía que presentar. No pensé que Das Neves volvería a ser gobernador y que yo sería nuevamente funcionario. Pero me insistieron.

Responsabilidades

Agregó que “a mi hermano le pedí una mano, porque quería que viniera a vivir conmigo. También le pedí una mano a Giuliana (Mc Leod) o a Daniela (Souza). Luters era mi secretario y yo le pedía cosas. Por mis contactos (políticos a través de la Unidad Gobernador) le derivaba obras a Dual Core o a la empresa de “Tato” Ramón. Como dijo ella, Natalia (Mc Leod) nunca tuvo participación del Dual Core”, destacó.

Agregó respecto de Mezeta Consultin, que el proyecto de los consultorios “a la plata me la dio Gatica y Blasco” y que “había médicos interesados en las inversiones”.  Respecto de otros imputados manifestó que “al terreno lo consiguió Luters y a Sandro (Figueroa) le pedí la administración; fue un error prestarle la oficina pero no tomé dimensión de lo que estaba haciendo».

También se refirió a las semanas previas a las detenciones. Dijo que “en febrero mi situación en la provincia no era buena. Das Neves había fallecido y me quería ir. Allí hablé con Gatica para que vea qué quería hacer con la obra porque el proyecto era de ellos”. Fue un mes antes de ser detenido, cuando se aprestaba a viajar a Buenos Aires con una importante cantidad de pesos, dólares y euros, informó ADN SUR.

La abrirá el defensor Fabián Gabalachis presentando variada prueba. La primera en declarar será Giuliana Mac Leod y le seguirán Domingo Correa (hermano de Diego), Natalia Mac Leod y Sandro Figueroa.

El último del grupo defendido por el penalista será el extitular de la Unidad Gobernador. Se espera un testimonio de cerca de 40 minutos, dando su esperada versión de la trama de presunta corrupción que lo tiene como protagonista, ya que nunca hizo declaración alguna desde su detención en marzo de 2018.

La idea es completar el día también con los dichos del resto de los acusados. También se espera con expectativa lo que pueda decir el contador Federico Gatica, sobre quien pesa la imputación de lavado de activos. Se cree que Diego Lüters no intervendrá ya que declaró en la etapa instructoria.

Algo similar ocurre con Christian Gisande que, según su defensor Matías Cimadevilla, se limitará a hacer aclaraciones sobre expedientes que lo comprometen, así lo informó ADN Sur.

Si en la jornada de este jueves se completan los testimonios de todos los acusados, el martes serán los alegatos del Ministerio Público Fiscal y de las querella, ya en el último tramo del proceso. Luego habrá réplicas y contraréplicas y el tribunal se retirará a deliberar.

También lo harían, si se agota la incorporación de la prueba, las hermanas Natalia y Giuliana Mc Leod, Sandro Figueroa y Domingo Correa

Con la declaración de un testigoy la incorporación de más pruebas documentales, este martes por la tarde prosiguió el juicio oral y publicó por la causa “Embrujo” y ahora las expectativas se centran en el contenido de las declaraciones que a partir de las 8.30 del miércoles realizarán cinco de los 12 imputados. 

El testigo que declaró en la tarde de este martes es  Alejandro Sandilo, propuesto por el defensor Omar López que asiste al imputado Juan Carlos Ramón. De profesión radiólogo, en la actualidad el testigo es secretario privado del gobernador Mariano Arcioni.

Dijo que en el mes de octubre del año 2015 contrató a “Tato” Ramón para que le construya una pileta en el patio de su casa. “La terminamos en diciembre. Quedé perfectamente conforme con la obra”, dijo Sandilo. Ante preguntas de los fiscales, agregó que la recomendación por los servicios de Ramón la hicieron “mis amigos Natalia (Mc Leod) y Diego (Correa). La ejecutó a nombre de la empresa Dual Core, pero no hicimos facturas”, destacó.

También se conoció la nota del procurador Jorge Miquelarena que en carácter de testigo envió un escrito donde indica sobre tareas de ampliación de la casa a nombre de su esposa en Playa Unión. Indicó que restaba un 20% de las tareas de ampliación en seco que otro constructor había dejado inconclusas. Consistía en una habitación y un vestidor. Agregó que Ramón fue quien se ofreció para ejecutarla por recomendación de Diego Correa. Fue en el año 2016 y que las tareas fueron abonadas tal lo pactado y que no pudo dar con la factura respectiva.

La jornada se extendió luego por la tarde de este jueves con la incorporación de más pruebas documentales. Sobre un total de 11 cuerpos de expedientes con documentación reunida durante la investigación, durante la mañana se habían incorporado solo cinco, verificadas puntualmente por fiscales, defensores y querellantes.  

Por otra parte, el principal imputado de la causa, Diego Correa, declararía este miércoles.También lo harán las hermanas Natalia y Giuliana Mc Leod, Sandro Figueroa y Domingo Correa y el mismo camino tomará Federico Gatica. Será el momento más determinante del juicio oral y público. El abogado Fabián Gabalachis afirmó que el exsubsecretario de Unidad Gobernador no deslindará responsabilidades de todos los imputados, informó ADN SUR.

Las propiedades del Grupo Correa se tasaron en 28,5 millones de pesos. Pero actualizado por inflación, el patrimonio presuntamente malhabido asciende a los 45 millones. El dato lo aportó Walter Kobak, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chubut.

Al discriminar los bienes, precisó que dos de los dúplex en Playa Unión, de 80 m2, se tasaron en $ 2.100.000, y el tercero, de 126 m2, en $ 3.100.000.

La lujosa casa en la villa balnearia se tasó en $ 8.600.000; los dos lotes en Trelew se tasaron en $ 1.400.000 y $ 1.680.000 respectivamente. La chacra de 5.921 m2 en Trelew se tasó en $ 2.800.000. Y los 6 lotes en Lago Puelo, en $ 6.720.000

El ingeniero Kobak explicó que el cálculo se realizó en agosto de 2018 mediante planos, datos y fotos. Lo ayudaron sus colegas de cada ciudad. Por las dos devaluaciones y la inflación desde entonces, hoy los valores de los inmuebles crecieron “significativamente” hasta un 59%. Por su experiencia, “conozco los valores de venta y alquiler de toda la provincia”.

La única propiedad que describió fue la simbólica casa de Playa: 310 m2, quincho, pileta, piscina, tres dormitorios, baño compartimentado y un dormitorio suite.

Ante Fabián Gabalachis, defensor de Diego Correa, el testigo admitió que hubo tasaciones que calculó sin visitar el lugar y que “mis colegas me ayudaron”. Graficó que los de Puelo fueron “lotes baratos”.

Hoy escuchas

Hoy desde las 8.30 se reproducirán las 55 escuchas telefónicas que los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams seleccionaron para reflejar el modus operandi de la presunta banda y su conducta al saber que eran investigados. Los audios durarán unas dos horas. Luego se proyectará la declaración espontánea de Diego Lüters, quien el año pasado habló ante el juez Sergio Piñeda durante la instrucción, cargando buena parte de la responsabilidad a Correa. La mañana terminará con la primera declaración de un testigo de la defensa. Lo propuso Matías Cimadevilla, abogado de Christian Gisande.

Ayer a última hora, fiscales y defensores se pusieron de acuerdo para filtrar 109 testigos. Algunos fueron desistidos pero la mayoría iban a validar actas de allanamiento e informes oficiales que ya se aceptaron como prueba. En cuanto a las pericias informáticas, sólo servirán como evidencia las 800 filminas que proyectó el perito Guillermo Figueredo.

Sobre el fin de la audiencia, Omar López, defensor de Juan Carlos “Tato” Ramón, anunció que el procurador Jorge Miquelarena declarará por escrito. Por estas horas le acercará el pliego de preguntas. En febrero de 2016, Dual Core hizo obras menores de construcción en seco en la casa de Playa Unión del procurador.#

Antonio Zorrilla es propietario de una inmobiliaria de Rawson y confirmó que el sueldo de Correa al frente de la Unidad Gobernador en el año 2017 era de solo 30.000 pesos y que resultó insuficiente para ser garantía de un departamento en Playa Unión por un costo mensual de 15.000 pesos. Lo narrado por Zorrilla también comprometió a otra de las imputadas, Daniela Souza.

Contó que Souza en abril del año 2016 se acercó a su inmobiliaria con intenciones de alquilar un departamento en una de las mejores zonas de Playa Unión, a muy pocos metros del mar en el complejo El Alamo. El valor del alquiler era de 15.000 pesos y que, por presentar un recibo de sueldo de la empresa Dual Core de 20.000 pesos, se le pidió una garantía. Fue allí que Souza llevó el recibo de sueldo de Correa que al frente de la Unidad Gobernador; cobraba 30.000 pesos mensuales. También resultó insuficiente hasta que apareció Cristian Eguillor, con un sueldo acorde a los requisitos de la inmobiliaria. «Ella venía personalmente a la oficina a pagar el alquiler. Siempre Souza pagó en tiempo y forma. Finalmente desocupó el departamento en febrero de 2018», dijo Zorrilla en coincidencia con el avance de la investigación para esta última fecha.

EVENTOS Y FIESTAS

También declaró Carolina Sartaja, una empleada de la Municipalidad de Puerto Madryn dedicada también al protocolo y el ceremonial. Dijo haber sido convocada personalmente por Diego Correa para trabajar en eventos, como por ejemplo fiestas populares o fiestas privadas. La empresa tenía sede en la calle Ameghino de Trelew. Estuve en el lugar pero nunca se hizo ningún evento.

También declaró el comisario inspector Carlos Cerdá, a cargo a fines del año 2017 de las cámaras de monitoreo que refuerzan la seguridad en Rawson. Confirmó que el imputado Rubén «Bedo» Reinoso le preguntó si había cámaras de seguridad detrás de casa de Gobierno. Agregó que el pedido fue entre noviembre y diciembre del año 2017 y que el encargo lo hizo Diego Correa, por entonces al frente de la Unidad Gobernador. El oficial de Policía afirmó que es amigo de la infancia de Reinoso y destacó también haber visto la camioneta Hyundai H1 cerca de casa de Gobierno.

Tres testigos coincidieron que las ventas de terrenos que realizaron tenía un común denominador: Diego Luthers era el encargado de hacer las operaciones, llevaba la plata en una mochila o en un morral y en algunos casos trasladaba una máquina contadora de billetes por las grandes sumas.

En la jornada de ayer declararon 16 testigos que respondieron interrogantes vinculados a las contrataciones en el área de Obras Públicas provincial, el recorrido de los expedientes hasta llegar a su etapa final de pago y representantes de inmobiliarias y escribanías que transparentaron operaciones de venta de terrenos, entre otros.

La testigo María Miñán, dueña de una chacra en la ciudad de Trelew, relató en forma breve pero concisa sobre la venta de ese terreno.
«Yo tenía un lote, lo queríamos vender y un día se presentó un comprador», señaló Miñán, quien remarcó que al único imputado que conocía de la audiencia era a Luthers.

Sobre la forma de pago, Miñán fue categórica: «Luthers traía la plata en una mochila con 1 millón de pesos».

Daniel Sosa, otro de los testigos, describió una situación similar: «En 2017 le vendí un lote al señor Diego Luthers. Me contactó telefónicamente por la venta, hicimos las tratativas y concretamos la operación». Sosa confirmó que en las negociaciones por el terreno «Luthers me pidió un descuento», que finalmente fue acordado.

Una de las frases más contundentes de la audiencia de ayer la aportó Sosa: «El precio fue de $ 400.000, me lo pagó en efectivo y lo contó con una máquina que había llevado y que cuenta billetes». Y dijo: «Era mucha plata para ese momento».

El testigo César Pedernera, dueño del terreno en el que se comenzó a construir los consultorios médicos con sala de internación y rayos de Mezeta Consulting, distinguió una maniobra similar a las de Miñán y Sosa.

«Vendimos el lote a $ 250.000 y lo pagaron en efectivo. El dinero lo llevaron en un morral», afirmó Pedernera.

CAMBIABAN CHEQUES Y LLEVABAN EL DINERO EN BOLSAS

El chofer del Gobierno, Daniel Arrative, reseñó en su declaración que por orden de Diego Luthers cambiaba cheques en el Banco del Chubut por una suma que iba de $ 20.000 y hasta $ 50.000 y el dinero lo transportaba en bolsas para entregárselos a los exfuncionarios de Unidad Gobernador.

«Iba al Banco del Chubut a llevar cheques y cambiarlos por plata», aseguró Arrative, quien agregó que los fondos «se entregaba en mano a Luthers». Confesó que estas operaciones «las habré hecho 10 veces» y recalcó que «hasta me tocó firmar cheques».

«Los cheques eran entre 20.000 y 50.000 pesos. El dinero lo transportaba en una bolsa», ilustró el chofer, que además reconoció que le entregó cheques a Daniela Souza por orden de Luthers. También trasladó un sobre al estudio contable de Federico Gatica, aunque dijo que no sabía lo que contenía en su interior.

UNA NOTA REPLICADA EN CINCO EXPEDIENTES

El exfuncionario de la cartera de Infraestructura, Adrián Márcico, aseveró que solo firmó un solo expediente de cinco, fundamentando que la obra debía hacerse por contratación directa y no por Administración.

Sin embargo, fotocopiaron el acta y lo replicaron en otros cuatro para que Dual Core se quede con la reparación de viviendas oficiales.
Los fiscales exhibieron cinco expedientes idénticos con las mismas notas y la misma firma y Márcico advirtió que «había firmado uno solo, el resto son fotocopias».

«Yo firmé un solo expediente de los cinco, los otros cuatro fueron copias idénticas con mi firma fotocopiada», insistió Márcico, quien dejó al desnudo el modus operandi de la banda.

En la misma sintonía, otro de los testigos que se desempeñó en Obras Públicas, Raúl Martínez, precisó que «a la empresa la representaba Juan Carlos Ramón. Lo conocía porque estaba en la dirección en la que yo me desempeño». Asimismo, agregó que la persona que firmaba por Dual Core «era Daniela Souza y Ramón».

Explicó que las obras que supervisó y que realizó Dual Core «estaban hechas correctamente». El defensor Omar López, que patrocina a Ramón, dio cuenta que en ninguna de las obras existieron sobreprecios.
Por su parte, Mario Owen a cargo de la Contaduría General de la Provincia, explicó en forma técnica los procesos para concretar pagos.

«LOS EXPEDIENTES YA VENÍAN ARMADOS»

El funcionario de la Dirección General de Administración, Fernando Matanzo, testificó en la audiencia de ayer y explicó en forma precisa y detallada el camino que atraviesa un expediente hasta llegar a la etapa final de pago. «Los expedientes que me llegaban ya venían armados. La empresa ya estaba contratada», declaró Matanzo.

En el caso particular de Sepat, «Alarcón enviaba un memo por la contratación de sonido por tal monto en tal localidad», esbozó el testigo y añadió con respecto a Dual Core que durante su desempeño como Tesorero «llegaron órdenes de pago para Dual Core por reparar viviendas».

Durante su testimonio, Matanzo revisó varios expedientes que entregó fiscalía con contrataciones a las empresas Dual Core y Sepat que contenían autorizaciones de Correa y Oscar «Chito» Alarcón.

Matanzo describió que Luthers «me pidió asesoramiento para ver cómo tenía que hacer el trámite para un trabajo que ya se había hecho». No obstante, dijo que «hubo varios casos en donde no había acto administrativo, pero los trabajos ya se habían realizado».

En la presentación de la acusación de las imputaciones contra 20 ex funcionarios y empresarios de la construcción, los fiscales destacan que Víctor Cisterna y Diego Correa fueron presuntamente los mentores del plan.

“A mediados de diciembre del año 2015, un grupo de funcionarios de alto rango, constituido por los ministros Víctor Cisterna (jefe de Gabinete), Pablo Oca (Economía), Alejandro Pagani (Infraestructura) y los secretarios de la Gobernación Gonzalo Carpintero y Diego Correa, actuando con el aval expreso del por entonces gobernador Mario Das Neves, de común acuerdo y con la firme intención de enriquecerse a expensas del Estado y de los particulares expoliados, decidieron conformar una asociación ilícita destinada a la comisión de múltiples delitos mediante”, expresa la acusación.

Sostiene que estos delitos apuntaban a “recaudar dinero proveniente de retornos aportados por empresas constructoras contratantes del Estado provincial, las que realizaban obras públicas por montos millonarios y a las que periódicamente se les debía pagar sumas de dinero correspondientes a certificados de obra”.

Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz argumentan que con ese fin “gestaron un documento nacido del concierto de voluntades de todos y cada uno de los integrantes de la asociación ilícita, el que si bien pudo haber germinado en cabeza de aquéllos que se situaban en la cima de la organización, fue en definitiva por todos conocida, la que dentro de la administración pública provincial fue conocida como la ‘Circular’”.

La circular determinaba que ninguna contratación de cualquier índole podía hacerse desde la administración pública “sin la venia previa de Correa o Carpintero”.

De este modo, los fiscales denuncian que Cisterna, Carpintero, Oca, Correa y Pagani “decidieron repartirse las tareas que demandara la concreción del plan corrupto, las que luego cumplirían con celo”.

En ese sentido, manifiestan que “acordaron que sería Cisterna quien se encargaría de definir la modalidad de recaudación (porcentuales, base imponible, ubicación temporal de la demanda, los retornos y finalmente el modo en que debían saldarse estas acreencias anómalas)”.

Cumplida esta labor inicial, “comenzaba la gestión de Pagani, quien instruía a sus dependientes para que les confeccionen, mediante la utilización del SIAFYC (sistema), planillas donde debían figurar los certificados de obra ya emitidos, y confeccionada la respectiva Orden de Pago Presupuestaria”.

Las planillas eran remitidas sin firmas a Correa por diversos medios, entre ellos, por el propio Pagani, remitidas a través de empleados o a través de mensajes de mail –según publica Diario El Chubut-.

“Correa, previo a verificar si los empresarios mencionados en las planillas habían pagado dádivas, indicaba cuáles empresas debían quedar, agregadas en las listas definitivas”, describe la acusación.

Según los fiscales, este resultado final era reenviado a Pagani, que luego se las giraba a Oca, “quien sin más trámite efectivizaba las demandas espurias a los empresarios”.

El Comodorense

La acusación formal contiene 438 páginas, de las cuales 106 son las pruebas ofrecidas por los fiscales. En total son 20 imputados: siete exfuncionarios y 14 empresarios. Los fiscales ofrecieron 292 testigos. Es la causa más grande de corrupción en la historia del Chubut que llegará a juicio.

EL CHUBUT accedió a la presentación de la acusación de los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz en la causa que investiga el presunto pago de retornos de empresas constructoras al Gobierno provincial para conformar una caja negra de la política destinada a pagar sobresueldos a gran parte de los funcionarios del Estado.

Después de un trabajo exhaustivo, meticuloso y que demandó 13 meses de investigación y análisis de pruebas, los fiscales presentaron la documentación que cuenta con 438 páginas, donde detallan el rol de cada uno de los acusados, cómo se pergeñó el plan, las reuniones entre los empresarios y los funcionarios y los recaudadores de esta presunta maniobra.

LAS CONDENAS PEDIDAS
PARA EX FUNCIONARIOS
Gonzalo Carpintero Patterson: 8 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de dos hechos. Multa del 50% de los bienes incrementados ilegítimamente y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Pedirán el decomiso de los bienes producto del delito.

Diego Correa: 8 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Solicitarán el decomiso de los bienes producto del delito.

Víctor Cisterna: 8 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita, en concurso real con cohecho pasivo, bajo la modalidad de delito continuado. Inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y exigirán el decomiso de los bienes producto del delito.

Pablo Oca: 7 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y pedirán el decomiso de los bienes producto del delito.

Alejandro Pagani 7 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito.

Martín Bortagaray: 6 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito.

Diego Luthers: 6 años de prisión por ser miembro de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito.

LAS CONDENAS PEDIDAS
PARA LOS EMPRESARIOS
Federico Piccione: 6 años de prisión por ser miembro de la asociación ilícita y el decomiso de los bienes producto del delito.
Pablo Bastida: 5 años de prisión por ser miembro de la asociación ilícita, con más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito.

Andrés Ninín: 4 años de prisión por ser miembro de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito.

Mauricio Capandeguy: 2 años de prisión, el decomiso de bienes producto del delito y la expresa condenación por costas del proceso.

Patricino Manzanel: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Jorge Rossi: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Juan Riquelme: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Massoud Ighani: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Miguel Freile: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Pablo Menedin: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Martín Castillo: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Gonzalo Cordón Ferrando: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Oscar Sandín: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Si los empresarios hacen la serie de obras que comprometieron evitarán ir a juicio en esta mega causa que investiga por asociación ilícita a varios funcionarios, tales como Diego Correa, Gonzalo Carpintero, Víctor Cisterna, Diego Correa y Pablo Oca, entre otros.

El juez Sergio Piñeda resolvió este lunes por la tarde darles la probation a todos los empredarios imputados en la causa Revelación, que investiga el pago de retornos en la obra pública en Chubut.

Si los empresarios hacen la serie de obras que comprometieron evitarán ir a juicio en esta mega causa que investiga por asociación ilícita a varios funcionarios, tales como Diego Correa, Gonzalo Carpintero, Víctor Cisterna, Diego Correa y Pablo Oca, entre otros.

 

adnsur

Un grupo de ex presidentes, diputados, legisladores y funcionarios de América Latina armaron una solicitada para respaldar a Florencia Kirchner de lo que denominan «una persecución política, mediática y judicial». El texto, que salió publicado en el diario Página 12, lleva las firmas del ex presidente de Brasil y detenido en una causa por corrupción, Inacio Lula Da Silva; la ex presidenta Dilma Roussef, el ex mandatario de Ecuador Rafael Correa, el senador y ex presidente de Paraguay Fernando Lugo y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entre otros dirigentes de la región.

La solicitada no hace ninguna mención a las dos causas que afronta la hija de la ex presidenta y que ya fueron elevadas a juicio oral -el caso Los Sauces y Hotesur- y tampoco hace mención a que sigue en Cuba a pesar de que la Justicia le había pedido que regrese el pasado jueves 4 de abril.

El texto está titulado «con los hijos y las hijas no» y arranca denunciando una «persecución política, mediática y judicial que se ha transformado en una constante en América Latina».

Según los firmantes, estas prácticas «debilitan las democracias y pretenden imponer un disciplinamiento político para todos aquellos que promovieron el inicio de transformaciones».

Entre las firmas, también se destaca la del actor norteamericano Danny Glover, el dirigente del partido español Podemos Pablo Iglesias, el juez español Baltazar Garzón, el ex canciller de BrasilCelso Amorín, el ex presidente de Colombia Ernesto Samper, el ex mandatario de Honduras José Manuel Zelaya Rosales, la presidenta del Senado boliviano Adriana Salvatierra Arriaza entre otros.

«Quienes tomamos la decisión de transitar el compromiso político sabemos que conlleva enormes costos personales», admiten en la solicitada. «Pero nuestros hijos e hijas, los de todos los que nos dedicamos de una u otra forma a estar expuestos de una manera pública, no eligieron eso y deben estar exentos de cualquier maniobra persecutoria», dicen.

Y cierran: «El asedio a Florencia Kirchner es un ejemplo de estas prácticas que denunciamos y no pueden pasar desapercibidas. Por eso afirmamos: con los hijos y las hijas no».

Lo cierto es que más allá del apoyo, Florencia Kirchner está procesada en dos causas por lavado de dinero por los negocios de sus dos compañías con los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. Son los expedientes Hotesur y Los Sauces. Ya fueron elevados a juicio oral y también serán juzgados su madre y su hermano Máximo.

Tras la muerte de Néstor Kirchner, Florencia fue heredera de las acciones de las firmas de sus padres. Además, pasó a figurar como gerenta de Los Sauces SA. Su patrimonio fue investigado en la causa Hotesur SA y le secuestraron cerca de cinco millones de dólares que tenía en cajas de seguridad en el Banco Galicia.

También se comprobó que cobraba sueldos de esas sociedades aunque no iba a trabajar.

Hoy Florencia Kirchner permanece en Cuba según asegura su madre y su defensa realizando un tratamiento médico por diversos problemas. El parte que presentaron en la Justicia dice que sufre estrés post traumático, bajo peso y linfedema, entre otras patologías. Pero para la Justicia esas explicaciones que brindó el centro médico CIMEQ de Cuba son incompletas.

El Tribunal Oral 5, donde debía presentarse el jueves pasado, le dio un nuevo plazo hasta este martes para que se presente o entregue datos médicos completos.

 

 

Clarín