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Las audiencias para definir la suerte de la exministra Cecilia Torres Otárola debían comenzar este lunes 22. Pero hubo planteos de las defensas y ahora se debe aguardar la decisión de la Cámara Penal de Trelew.

Este lunes 22 de abril a las 9 debía comenzar en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Rawson el juicio oral y público contra la exministra y exdiputada Cecilia Torres Otarola y otros imputados en el marco de la causa Ñoquis Calientes.

Pero el inicio del proceso se postergó hasta que la Cámara Penal de Trelew resuelva un pedido de probation de las defensas del resto de los involucrados, no de “Chechu”. Una vez que la Cámara resuelva el planteo, agosto es una fecha probable para el juicio.

El tribunal está compuesto por Carlos Richeri, Raquel Susana Tassello y Marcela Alejandra Pérez Bogado. El acusador público será el jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez.

La investigación versa sobre la designación de personal “a dedo” en el ámbito del Ministerio de Familia cuando Torres Otarola era su titular, como así también la presunta transferencia de parte de los ingresos de los elegidos a cuentas de la responsable de la cartera provincial, a modo de retorno, según la versión de la Fiscalía.

Los cargos incluyen fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes del funcionario público

El juicio oral y público comienza el 22 de abril en Rawson. El contador Martín Sandoval, denunciante y testigo clave, ratificó su acusación. Dijo que su testimonio durará dos días.

El lunes 22 de abril comenzará el juicio a la exministra de Desarrollo Social y exdiputada provincial Cecilia Torres Otárola, imputada por fraude a la administración pública. El tribunal de la Causa Ñoquis Calientes será Carlos Richeri de Esquel; Raquel Tassello de Comodoro Rivadavia, y Marcela Pérez Bogado de Puerto Madryn. El fiscal es el jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez.

La denuncia contra Torres Otárola fue formulada en 2020 por el contador Martín Sandoval, su excolaborador en Legislatura y director de Desarrollo Social en Esquel, cuando la imputada era ministra.

Sandoval, el principal testigo, recordó que una parte de la imputación corresponde al tiempo de Torres Otárola como legisladora, y pedía a sus asesores le acreditaran un porcentaje de sus sueldos en cuentas bancarias. Ya como ministra -indicó Sandoval-, designaba personal que ni siquiera residía en la provincia y les exigía un retorno de sus haberes, que eran depositados en su cuenta particular.

Recalcó el contador que “fui el denunciante en julio del 2020”. Hubo 11 meses de demora para la elevación a juicio del caso, porque los abogados de Torres Otárola (Fabián Gabalachis primero, y Romano Cominetti posteriormente) planteaban el levantamiento del secreto de sus cuentas bancarias, con lo que lidió hasta llegar con su abogado Daniel Sandoval, al Superior Tribunal de Justicia, que revocó la medida que había sido avalada.

Para Sandoval, el pedido de acceder a sus cuentas fue una maniobra de la otra parte, en un intento de “apretarlo” y “amedrentarlo”, y hacerle perder credibilidad ante los jueces, de su testimonio

Cuentas

Hubo quienes le sugirieron que si no tenía nada que ocultar, hubiese dejado que accedan a sus cuentas. “No tengo nada que ocultar, y la apertura de cuentas durante mi función cuando Torres Otárola fue diputada y luego ministra, lo informé en la denuncia”. Su análisis es que si quedara un antecedente de levantamiento del secreto bancario, se replicaría con cada denunciante de casos de corrupción.

En cuanto al monto de la defraudación que se le imputa a “Chechu”, señaló que en 2020 era de aproximadamente $ 5 millones. Su declaración llevará dos días al menos, por lo que permanecerá en Rawson varios días a partir del 22 de abril, ya que las audiencias durarán una semana.

Sandoval se refirió a la pena en expectativa que le podría caber aTorres Otárola, de ser encontrada culpable, estimando que la mínima es de 3 años, pero si le suman varios hechos, se podría extender a 15 años de cumplimiento efectivo.

La Oficina Judicial de Rawson nombró a los jueces que presidirán el juicio contra la ex diputada provincial Cecilia Torres Otarola por cargos de fraude a la administración pública.

Este miércoles, la Oficina Judicial de Rawson llevó a cabo una audiencia en el marco del proceso legal que involucra a la ex diputada provincial Cecilia Torres Otarola. La audiencia se centró en el sorteo y designación de los jueces que supervisarán el juicio por el delito de fraude a la administración pública que se le imputa.

El tribunal encargado de dictar el veredicto quedó conformado por tres jueces principales: Carlos Richeri de Esquel, Raquel Tassello de Comodoro Rivadavia y Marcela Pérez Bogado de Puerto Madryn. Además, se designaron jueces suplentes, entre los que se encuentran Fabio Monti, Patricia Azaro y José Luis Ennis.

El inicio del juicio contra Cecilia Torres Otarola está programado para el 11 de marzo de 2024, según lo establecido por la Oficina Judicial de Rawson. El proceso legal se centra en cargos de fraude a la administración pública, y la Fiscalía está encabezada por el Fiscal Omar Rodríguez, titular de la Unidad Fiscal Esquel (UFE), y su equipo de trabajo.

 

Para el abogado de Martín Sandoval, la jueza Ivana González incurrió en un error q la coloca en una de las causales de ser denunciada ante el Consejo de la Magistratura. «Permitirá incorporar prueba a la defensa cuando esa etapa concluyó».

Esta mañana habló el denunciante de la causa conocida como «Ñoquis Calientes», el contador Martín Sandoval, con FM EL CHUBUT sobre el pedido del abogado defensor del levantamiento del secreto bancario del acusador, como así también de Erica Paludi y Pamela Matamala.

«La verdad que el pedido nos sorprendió porque no se nos informó de esto», detalló Sandoval, ante la solicitud del abogado de Cecilia Torres Otarola a investigar sus movimientos bancarios.

Luego de q la jueza Ivana González ordenara levantar el secreto bancario de sus cuentas bancarias a partir de un pedido del abogado de la imputada y ex ministra. «Es un apriete para que no se denuncie corrupción», recalcó.

En el diálogo, se sumó el abogado del denunciante, quien indicó que «lo que plantea el colega de la defensa es incorporar pruebas en una etapa que ha precluido. Expone al Ministerio Público Fiscal en una situación distinta de un informe que no tiene la posibilidad de incorporar pruebas».

Según explicó Sandoval, «en su momento recibí ‘aprietes’ al momento de la denuncia. Hoy nos encontramos en esta situación, donde vemos el avance de la presentación de la defensa como un nuevo apriete».

Sobre el motivo del por qué el pedido del abogado defensor, el denunciante opinó que es «para tratar, quizás de que no declaremos o bajemos el tono al momento de llevar la declaración adelante».

La acusación 

Presuntamente, la ex ministra de Familia y ex diputada provincial Cecilia Torres Otarola se quedaba con el dinero de sus asesores. Recordando que nombró en cargos a todo su entorno, hasta el jardinero y la niñera.

También nombró como asesor en Legislatura a una persona que estudiaba medicina en una facultad privada y nunca prestó servicios en el Poder Legislativo. Lo llamativo fue que la propia Torres Otarola había presentado un proyecto de ley para limitar a parientes en los ingresos a distintos cargos en la Provincia.

Lo confirmó el fiscal Omar Rodríguez, reconoció que aún resta realizar una audiencia para analizar una documental de un banco. A la ex diputada y ex ministra se la acusa de haber nombrado asesores que nunca cumplieron funciones en Legislatura y a los cuales les cobraba un «retorno». El juicio comenzaría el año que viene.

El fiscal Omar Rodríguez confirmó este viernes que la jueza Ivana González decidió que la causa conocida como «Ñoquis Calientes» vaya a juicio con siete personas imputadas, entre ellas la ex diputada provincial y ex Ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Cecilia Torres Otarola.

De este modo, la jueza Gonzáles no hizo lugar al pedido de sobreseimiento a favor de la principal imputada, solicitado por su defensor Fabián Gabalachis.

«Solamente resta esperar una documental, la cual tiene que venir de un banco para analizarla. Es una cuestión técnica. Posteriormente se va a generar una audiencia a los fines de determinar si esa documental es pertinente o no para que vaya a juicio», precisó el fiscal en diálogo con Radio 3.

«Los tiempo procesables -aún- no se conocen, ya que ahora de manera urgente se mandan los oficios y los bancos van a contestar. Una vez que ocurra ello se hace la audiencia y después ya definitivamente ya va a estar elevado el caso a juicio. Calculo yo que el juicio se va a hacer el año que viene», estimó.

Con respecto a la extensa declaración que brindó Torres Otarola en la audiencia del pasado miércoles, el fiscal reconoció que «desde el punto de vista de la Fiscalía no sirvió. Sin embargo, la jueza lo valoró como positivo y le dio entidad, pero dijo que no alcanza a los fines de lograr una certeza en este sentido para sobreseerla».

Pata finalizar, Rodríguez destacó que la magistrada González «entendió que este caso tiene que ser debatido en un juicio, en el cual van a haber siete personas imputada».

La jueza de garantías Ivana González será quien deberá resolver si la investigación cumple con todos los requisitos legales para que los imputados sean sometidos a juicio oral y público.

Para el próximo día 27 de este mes está previsto que se realice la audiencia preliminar al juicio oral y público en la causa denominada como “Ñoquis calientes” que tiene a la ex ministro y diputada provincial Cecilia Torres Otarola como principal imputada.

Se trata de una de las etapas fundamentales del proceso penal donde quedará develado si los imputados fueron culpables o no de los delitos que se les endilga. “Es la forma más transparente que tiene nuestro sistema, independientemente de los resultados”, indicó el fiscal general Omar Rodriguez.

La audiencia preliminar se realizará en la Oficina Judicial de Rawson. La investigación se encuentra a cargo del fiscal general Omar Rodriguez quien estará acompañado por la funcionaria de Fiscalía, Analía Acuña. Ambos integran la Unidad Fiscal Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal del Chubut.

EL PRESUNTO ILÍCITO INVESTIGADO

Presuntamente, Cecilia Torres Otárola se quedaba con el dinero de sus asesores. Además, habría nombrado a todo su entorno proveniente de los Roderas, hasta el jardinero y la niñera. También nombro como asesor en Legislatura a un pariente de los Roderas, que estudiaba medicina en una facultad privada y nunca presto servicios en Legislatura.

Lo llamativo fue que la propia Cecilia Torres Otarola había presentado un proyecto de ley para limitar a parientes en los ingresos a distintos cargos en la Provincia.

Delincuente Paulino Gómez – Imputada Cecilia Otárola – Delincuente Néstor Gómez Ocampo

El Ministro de Seguridad Federico Massoni se mira a un espejo cada vez que habla por los medios porque nada de lo que dice lo puede confirmar con sus acciones, más bien habla de sí mismo.

Massoni critico el asistencialismo en época electorales declarando “estoy en contra de quienes juegan con la necesidad de la gente”. Hace pocos días se lo vio con “El Loco” Varela emblema de los que juegan con la necesidad de la gente en el Barrio Máximo Abasolo en Comodoro Rivadavia.

Massoni con VarelaMassoni con Varela

También manifestó: “muchas veces hay un cabecilla que decide a quién le dan el beneficio y a quién no, que después le tienen que dar un porcentaje”. Declaró esto cuando Cecilia Torres Otárola a quién puso de Ministra de Familia fue denunciada e imputada por pedirle reintegros millonarios a sus asesores en la denominada causa “Ñoquis Calientes” bajo la calificación fiscal de fraude a la administración pública.

Massoni justamente fue asesor de “La Chechu” cuando esta fue Diputada Provincial y fue denunciado por pedir de coima un terreno en Playa Unión a cambio de votar un proyecto de Ley.

Ahora como si fuera poco es la misma jefatura de policía la que juega con la necesidad de la gente con un ex funcionaria que esta investigada por utilizar a la gente, que trata de sobrevivir en política con la fundación “Celedonio Rodera” a la cual habría que investigar cuantas “cosas” recibe del gobierno de Arcioni y del Ministerio de Seguridad.

Es así como los delincuentes del Sub Jefe de Policía Néstor “El Tero” Gómez Ocampo y el delincuente del Director de Seguridad Paulino Gómez parecen encubrir a la “La Chechu” una mujer investigada por la justicia que lleva donaciones que le juntan. De està manera quienes deberìan investigarla son los que se sacan fotos con ella a plena luz del dìa mientras el Ministerio Pùblico Fiscal brilla por su ausencia. Massoni no solamente le toma el pelo a los Chubutenses sino tambièn al MPF.

Esta foto corresponde a la misma Jefatura de Policía desde donde sale el asistencialismo para que la “Chechu” haga política barata promocionando la candidatura a Senador de Federico Massoni.

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El dirigente justicialista de la ciudad de Esquel, Francisco “Paco” Massardi, realizó una presentación en la comisaría, donde aseguró que la ex ministra de Familia y ex diputada de Chubut, Cecilia Torres Otarola, llegó a la cordillera desde Playa Unión y no realizó el aislamiento de los 14 días, tal como está previsto por las medidas de coronavirus.

Massardi -quien fue pareja de Otarola – realizó la presentación en la comisaría, pidió asesoramiento a Fiscalía, y pidió explicaciones sobre las circunstancias en que la ex funcionaria había ingresado a la ciudad días atrás. Según relató, estaba circulando por las calles de Esquel cuando cruzó la camioneta de Torres Otarola, la reconoció y como sabía que era de Playa Unión hizo la denuncia en la comisaría.

«Los esquelenses tenemos que entender que estos personajes que le robaron a la provincia hoy vienen como santos a entregar cosas a nuestra sociedad, cuando lo que se necesita son funcionarios que estén a la altura de sus cargos», manifestó.

Si bien hay ingresos habilitados con el criterio de aislamiento intermitente, se aplica a personas que tienen tareas esenciales. Y para Massardi, ex esposo de quien fue funcionaria provincial, no está claro cuál sería el encuadre en este caso. “La Justicia tendrá que investigar por qué tiene el permiso de circulación por 48hs, no sabemos si es funcionaria. Uno pelea por la verdad y decir que lo que se hace mal hay que denunciarlo”, dijo.

Según indicó EQS, Torres Otárola habría visitado la zona realizando entregas de elementos con una Fundación en la que está trabajando desde hace un tiempo. «Me han informado que tenía alojamiento en ruta 71 y yo la vi alojada en la ciudad de Esquel en un famoso complejo, también los complejos van a tener que dar explicaciones por qué un pasajero que no tenía su destino estaba alojado ahí», expresó.

Torres Otárola atraviesa un proceso judicial donde se intenta determinar si fue autora del delito de fraude contra el estado provincial. Massardi recordó estos procesos y señaló que estos personajes “bancarizaron la coima y dejaron muy mal a la cordillera”.

«Espero que el juez revise claramente lo que hará con este tipo de acuerdos», dijo el exdiputado Blas Meza Evans al criticar el acuerdo alcanzado por Gonzalo Carpintero con el fiscal Marcos Nápoli.

“Carpintero estaba acusado de haber sido el organizador de una asociación ilícita y de enriquecimiento ilícito; por eso le habían pedido una pena de ocho años. Si reconociera los dos delitos de los que estaba acusado, nunca hubiera tenido una pena, más allá de un acuerdo, de tres años, y en consecuencia debería ir preso. Se le quita la figura de asociación ilícita y se le deja la de enriquecimiento ilícito para justiciar los tres años”, señaló el exdiputado provincial Blas Meza Evans al cuestionar duramente el acuerdo alcanzado por Gonzalo Carpintero con el fiscal Marcos Nápoli en el marco de la causa Revelación que debería haber ido a juicio este año.

“Oca reconoce haber sido organizador de una asociación ilícita con la misma pena, pero con ninguna sanción pecuniaria. Oca no tiene multa, no tiene nada, se va a la casa y seguirá viviendo como hasta hoy”, añadió sorprendido el también exfiscal de Estado en declaraciones a Radio 3.

Meza Evans entiende que “no están poniendo la plata de ellos; están poniendo la nuestra para salir libre; esa es la indignación”.

“Supongamos que sea el 100 por ciento de lo que se ‘choreó’. No lo creo, pero igual es ridículo. ¿Qué sentido tiene el sistema penal entonces? La prisión es una amenaza que actúa como una cuestión ejemplificadora”, agregó.

“Ahora cualquier funcionario va a decir que esto no es grave; ‘hagamos lo que se pueda hacer que no pasa nada’. La transacción no cumple con el precepto del sistema penal, que no sólo es la reparación, sino operar como ejemplo para que este tipo de conductas no vuelvan a repetir”, insistió.

Justamente, con la posibilidad de iniciar otra causa de corrupción como “Ñoquis Calientes”, Meza Evans especuló con que “ahora Torres Otarola ofrecerá 500 mil pesos y se irá a la casa porque pedirá un tratamiento similar”.

Concluyó que “acá hay un acuerdo entre imputados y fiscal, pero en definitiva es el juez quien debe resolverlo”, informó El Patagónico.

Al momento de describir los hechos en la causa “ñoquis calientes”, el fiscal general Omar Rodríguez dijo en la audiencia de apertura de investigación que la ex diputada provincial y ministro de familia Cecilia Torres Otarola, “obligaba al resto de los imputados a dejar sus sueldos en provecho propio”. La audiencia se inició en la mañana de este martes y los abogados defensores cuestionaron algunos de sus términos por lo que la jueza de garantías Ivana González se tomó algunas horas para analizar su resolución.

En la audiencia y ante los presentes en el edificio de la Oficina Judicial de Rawson solo ocupada por periodistas y los presuntos querellantes en representación de la Fiscalía de Estado, acompañado por el funcionario de fiscalía Lucas Koltsch, el fiscal general Omar Rodríguez realizó consideraciones sobre la investigación realizada hasta el momento.

Dijo que Torres Otarola “contrataba asesores sabiendo que no existiría contraprestación, porque la mayoría ni siquiera residía en la provincia del Chubut. Algunos de ellos ni siquiera se comunicaban telefónicamente con ella, trabajaban de manera informal de los que comúnmente se lo conoce como en negro”. Agregó que “aún no está cuantificado el monto total de los ilícitos y que ello estará a cargo de los contadores que trabajan con los fiscales en la medida que avance la investigación”.

Manifestó además que “estamos trabajando también en la presunción de estar frente al delito de enriquecimiento ilícito por parte de Torres Otarola. Oportunamente pediremos la apertura de investigación”, anticipó Rodríguez.

En la causa existe un total de 13 personas imputadas y está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. Además de la ex funcionaria, se encuentran imputados Silvana Cañumil, Patricia Claudina Antonio, Alberto Gilardino, Jaquelina Rodera, Marcelo Neira,Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, el ingeniero Carlos Cundari, Miguel Reto Trelles, Pamela Matamala y Facundo Jofré.

La mayoría de los abogados defensores no se opusieron a la apertura de la investigación aunque en general coincidieron en rechazar el pedido de los fiscales en cuanto a se considere al caso como “complejo” que permitiría extender el tiempo de la investigación. Los fiscales dijeron que la gran cantidad de hechos a probar, la gran cantidad de imputados y las dificultades para la investigación que genera la cuarentena por el COVID 19 justifican la extensión de los plazos.

La jueza Ivana González se cree que convocará nuevamente a las partes en horas de esta tarde para dar a conocer su resolución.