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El intendente de Río Pico, Diego Pérez, se refirió a los hechos de fraude en obra pública de la gestión anterior. Señaló que son entre 7 y 8 las causas por mal manejo de fondos.

“Hay obras que se han hecho, pero nosotros de igual forma estamos en la tapa de ir viendo obra por obra porque tenemos que ver los avances, cuanto se ha abonado por cada obra ya que muchas obras quedaron inconclusas por la gestión anterior, están sin terminar” indicó el intendente.

En diálogo con “El Pulso de la Mañana”, Pérez informó que fiscalía ha arrancado con la investigación, ya que existen obras a las cuales se le destinaron fondos que hasta ahora no se sabe a dónde fueron a parar.

“Confiamos que la justicia llegará al final de la investigación” expresó.

De igual forma indicó que se están evaluando el estado en el que se encuentra cada una de las obras para así darle continuidad y saber si se contará con el apoyo de las empresas que estaban realizando las tareas.

En otro orden de ideas el intendente también hizo referencia al turismo, pesca, trabajos viales y actividades deportivas a realizarse en la zona.

“Con vialidad estamos trabajando muy bien, hemos realizado buenos trabajos en cuanto a las rutas rurales” señaló.

Haciendo referencia al turismo expresó que la Municipalidad de Río Pico ha contado con bastantes visitas turísticas, sobretodo de pescadores.

“La idea es ir superando cada día más la situación para poder contar con más visitas y puedan disfrutar junto a sus familias de todo lo que ofrecemos en la localidad”.

El titular de la cartera educativa de la Provincia recibió los representantes sindicales de ATECh, Sitraed, SADOP, CTA y AMET. En el encuentro se dio inicio al diálogo de cara al comienzo del ciclo lectivo 2020. También participó el ministro de Infraestructura. Se volverán a reunir el próximo viernes a las 16.30.

El ministro de Educación del Chubut, Andrés Meiszner, se reunió este lunes por la tarde con representantes de los principales gremios docentes para dialogar sobre las prioridades salariales y de infraestructura, de cara al inicio del ciclo lectivo pautado para el próximo 26 de febrero.

En la reunión, que tuvo lugar en las instalaciones del Ministerio de Educación, en Rawson, estuvieron presentes el ministro de Infraestructura de Chubut, Gustavo Aguilera; y los subsecretarios de Coordinación y de Recursos, Apoyo y Servicios Auxiliares del área educativa, Sergio De Cicco y Pablo Abraham respectivamente.

Además, asistieron los secretarios generales de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh), Santiago Goodman, del Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sitraed), Gerardo Carranza; del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Carolina Rubio; de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Tomás Montenegro; y de la Asociación Del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Rodrigo Blanco.

Al respecto, Meiszner sostuvo que “durante el encuentro se analizó la situación de la provincia, se realizó un adelanto de lo que será el cronograma de las obras de infraestructura escolar y se repasó cual es la deuda de la paritaria homologada en febrero del 2019”, destacando que “en la reunión participó el Ministro Aguilera, para quien realmente tengo palabras de agradecimiento por su gestión en todo este tiempo. Hoy se hizo un adelanto pero se comprometió a tener el cronograma de las distintas obras que se van a iniciar en las distintas regionales, aclarando que no se trata de una campaña de verano, sino que va a ser permanente durante todo el año”.

Asimismo, el titular de la cartera educativa indicó que “se establecieron las prioridades para el inicio del ciclo lectivo desde el punto de vista salarial, razón por la que quedamos en reunirnos el próximo viernes, para abordar y consensuar las dos situaciones planteadas por los gremios, correspondientes los aumentos homologados que hoy están incorporados en el básico, es decir, el IPC de julio y el IPC de octubre, y la forma de incorporación del último IPC de diciembre”.

“Siempre hay expectativa de acuerdo, obviamente las entidades gremiales tienen la consideración, no solamente de la Provincia sino también del país, y de que el Gobernador Arcioni está haciendo un esfuerzo importante y lo viene haciendo en el caso del sector educativo, porque por ejemplo, hoy nos encontramos con los Auxiliares de la Educación, habiendo abonado hace 10 días los aumentos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, y hoy estamos al día con las paritarias”, remarcó Meiszner, afirmado que “la indicación del Gobernador es trabajar para consensuar con las entidades gremiales de qué forma y de qué modo podemos cumplimentar con las obligaciones asumidas por el Gobierno Provincial en paritarias”.

La Asociación de Magistrados de Chubut decidió rechazar el juicio político al gobernador, y además comenzará con medidas de fuerza que no afecten el servicio de justicia. En asamblea definieron impulsar la aprobación de la Ley que habilite al STJ a utilizar los fondos propios para el pago de salarios del Poder Judicial, siempre que no ponga en riesgo la obra de la Ciudad Judicial de Comodoro.

La Asociación de Magistrados de Chubut, llevó a cabo el viernes una Asamblea Extraordinaria, tras las reuniones en el Superior Tribunal de Justicia con el gobernador Mariano Arcioni. ADNSUR pudo saber que allí se decidió rechazar la denuncia penal a Arcioni e impedir el juicio político; pero iniciarán acciones judiciales y medidas de fuerza que no afecten el servicio de justicia.

Según se detalló, se aprobó por amplia mayoría iniciar una acción judicial para obtener la información pública sobre los ingresos y egresos del Estado Provincial con la designación judicial de un veedor. Asimismo, se rechazaron iniciar acciones judiciales para obtener el cobro de los salarios en tiempo y forma, denunciar penalmente al gobernador con constitución en parte querellante, como así también impulsar el juicio político al gobernador.

La Asociación de Magistrados decidió comenzar con medidas de fuerza que no afecten el servicio de justicia. Es decir, adoptar medidas que visibilicen la merma que se produce en la actividad judicial como consecuencia del no pago de salarios en tiempo y forma.

También, se aprobó por amplia mayoría solicitar al STJ la suspensión de los días en los que el gremio dispone paro de actividades; determine las guardias mínimas para cada organismo; defina el servicio mínimo de justicia y la urgencia en los distintos fueros.

Además, se pronunciaron a favor de la posibilidad de que Magistradas/os y Funcionarias/os del Poder Judicial de Chubut, lleven adelante medidas que no impliquen la privación del servicio de justicia, ante el incumplimiento del pago de los salarios en tiempo y forma.

Se aprobó impulsar la aprobación de la Ley que habilite al STJ a utilizar los fondos propios para el pago de salarios de los integrantes del Poder Judicial, en la medida que no ponga en riesgo la obra de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia; y que contenga un mecanismo que garantice la devolución antes del último día hábil del mes en que se utilizan los fondos.

Por último, se definió que en casos de denuncias por faltas administrativas o delitos en ejercicio de la función a magistradas/os y funcionarios/as, la Asociación designará un “acompañante asociativo” que estará presente en las Audiencias Públicas de dichos procesos.

Martín Buzzi y Gabriela Dufour fueron demandados por Puerto Pirámides en un reclamo por participación. Los defendió un abogado pero no le pagaron ellos sino la Provincia. Fiscalía reclamó para que se hicieran cargo y los jueces decidieron que abonen más de $ 187 mil por la parte que les tocaba.

El exgobernador Martín Buzzi y la exministro de Economía, Gabriela Dufour, deberán devolverle al Estado provincial $ 187.128,35. Dufour debe contribuir con $ 101.527, 06 y Buzzi con $ 85.601,29. Lo decidió la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, con los votos de María Inés de Villafañe y Julián Jalil.

El caso se origina en un antiguo reclamo por coparticipación de Puerto Pirámides. Su exintendente Alejandro Albaini, intentó un mandamiento de ejecución para que su localidad cobrara lo que le correspondía por ese concepto. Como lo establece la ley, era una demanda directa contra las personas de Buzzi y Dufour y no a la Provincia. Se defendieron con un abogado particular. Pero sus honorarios los costeó el Estado provincial.

Tras el fin del mandato de Buzzi, Fiscalía de Estado inició lo que se conoce como “acción de repetición”: que ambos devolvieran el monto que Provincia había gastado por el letrado.

En su momento, la Cámara de Madryn dispuso un embargo preventivo de bienes y cuentas corrientes de Buzzi y Dufour por $ 800 mil entre ambos. La idea era asegurarse el reembolso.

El reclamo de Provincia siguió su curso. Hubo una sentencia definitiva a favor de la devolución pero ambos apelaron ante la Cámara. Al insistir en su reclamo del dinero, Fiscalía argumentó que el Estado provincial “respondió indirectamente por una deuda que le es ajena, por lo que tiene el pleno derecho de exigir todo lo adeudado a quienes fueron condenados”. Recordó que el abogado en nombre de ambos concilió por el tema coparticipación con Pirámides. Pero Provincia no firmó. Por eso la conducta de los exfuncionarios “no puede atribuírsele”.

“La Provincia respondió indirectamente por la responsabilidad solidaria y objetiva que establece la ley de amparo; tiene la plena potestad de exigir todo lo que pagó en honorarios por la representación de una parte que es ajena”. Pirámides no había demandado a Provincia sino a dos personas.

Como el Estado canceló toda la deuda con el abogado, “está plenamente facultado para obtener el reintegro”. El pago se hizo “por considerar que existe una obligación solidaria e indirecta y en el entendimiento de que el importe total iba a ser devuelto a las arcas del Estado por aquellos que sí eran obligados directos a hacerlo”.

En su defensa, el exgobernador y la exministro advirtieron que en su momento el letrado le reclamó a la Provincia y no a ellos. Y que no supieron del pago ni del reclamo de Fiscalía. La primera intimación de devolución fue el 17 de febrero de 2017, un año y 3 meses después del pago. No recibieron esas cartas documento.

Según el Código Civil, los responsables del pago son Buzzi, Dufour y la Provincia, en partes iguales. Es que si un juicio lo pierde la “autoridad pública”, serán igualmente responsables el agente y el Estado, o el órgano al que pertenezca. “La norma instituye un supuesto de solidaridad legal de la cual se deriva la obligación de la Provincia con los honorarios”.

No importa si fue una condena contra los agentes o un acuerdo homologado donde Fiscalía no intervino: todas las partes deben contribuir proporcionalmente.

Los honorarios abonados fueron de $ 280.692,46. Buzzi y Dufour deben contribuir con las dos terceras partes de ese importe: $ 187.128,35. El tercio restante ya lo pagó la Provincia.

Los exfuncionarios deberán pagar además intereses compensatorios, para evitar un enriquecimiento sin causa en perjuicio de las arcas provinciales derivado de la inflación. Este tipo de intereses se abona cuando se usa un capital que pertenece a otra persona. En este caso la Provincia no pudo usar para otra cosa la plata que le pagó al letrado y que correspondía a los demandados, indicó Diario Jornada.

El ministro de Educación, Andrés Meiszner, será el anfitrión. Participarán los sindicatos de Atech, Sitraed, Sadop y UDA. La clave orbitará en el pago de la cláusula gatillo. Si no hay precisiones, los gremios docentes comenzarán a endurecer medidas y no se presentarán en las escuelas el lunes 17 de febrero y no iniciarán las clases el 26.

La reunión está prevista a las 16:30 y por el sector gremial participarán los secretarios generales Santiago Goodman (Atech); Gerardo Carranza (Sitraed); Carolina Rubio (Sadop); y Tomás Montenegro (CTA).

El resultado del encuentro empezará a definir la suerte sobre el comienzo del ciclo lectivo fijado para el 26 de febrero.

Los gremios enfocarán el reclamo en un eje bien definido: el pago de la cláusula gatillo que adeuda el Gobierno provincial correspondiente al mes de octubre. También pedirán detalles sobre el estado de situación de la infraesturctura en los establecimientos educativos.

Los docentes tienen que volver a las aulas el lunes 17, pero los sindicatos ya avisaron que no van a retomar las actividades si el Gobierno no termina de pagar las cláusulas gatillo adeudadas del año pasado. Esta situación se extenderá para el inicio de las clases.

En los gremios quieren saber cuándo y cómo va a cancelar la gestión de Mariano Arcioni la cláusula gatillo que adeuda y que representa un total de 480 millones de pesos.

Carranza, del Sitraed, había anticipado a este diario que «estamos esperando una respuesta concreta sobre el pago de lo adeudado de cláusulas gatillo una y dos, y también la información concreta de cómo se va a pagar la cláusula tres en atención a que a la fecha por lo que pudimos saber no está incorporado a la actualización con la tercera cláusula gatillo de diciembre».

Otra de las alternativas que manejan desde el Sitraed es que si el Gobierno provincial no está en condiciones de pagar los aumentos adeudados, «debería hacerlo el Gobierno de Alberto Fernández como responsable de que todos los alumnos del país tengan clases con normalidad», indicó El Chubut.

El Ministerio de Salud del Chubut, que conduce Fabián Puratich, recordó la importancia de que la comunidad conozca las especificidades del Certificado Único de Discapacidad (CUD), que le servirán tanto para gestionarlo y tramitarlo como para darle uso en lo cotidiano.

Consultado al respecto, el director provincial de Atención Integral a la Discapacidad, Marcelo Ortega, indicó que “el CUD es un documento de validez nacional que certifica la discapacidad específica de su titular, con el objetivo de promover la protección integral de sus derechos, garantizándole así el acceso a todas las prestaciones previstas en las leyes estatales, de acuerdo a su discapacidad específica.” y en ese sentido, repasó que “Chubut entregó 15.231 de CUD en todo el territorio provincial”.

Además, “es un documento público, personal e intransferible, similar al DNI”, destacó también Marcelo Ortega, quien además explicó que “el Certificado sólo puede ser expedido por una Junta Evaluadora de Discapacidad, la cual certifica la existencia de la discapacidad específica, su naturaleza, grado y las posibilidades de rehabilitación de la persona”.

Beneficiarios

Además, se aclara que el CUD puede ser entregado a todas aquellas personas que tengan una discapacidad específica que resulte limitante, ya sea proveniente de una deficiencia intelectual o mental, de una deficiencia física de origen motor, de una deficiencia sensorial de origen visual, de una deficiencia sensorial de origen auditivo o, por último, de una deficiencia física de origen visceral.

Juntas Evaluadoras

Por su parte, la coordinadora provincial de las Juntas Evaluadoras de Discapacidad, María Cecilia Cañadas explicó que “en Chubut existen diez Juntas Evaluadoras, distribuidas entre los distintos hospitales de la provincia, las cuales se constituyen como Comisiones Interdisciplinarias que se reúnen con el fin de certificar la discapacidad, o no, de una persona”.

Trámite para solicitarlo

“Para realizar el trámite del CUD, los interesados deberán solicitar un turno en la Junta Evaluadora más cercana a su domicilio, presentando una planilla de solicitud con toda la documentación correspondiente, se completa un protocolo, de forma tal que la Junta pueda expedirse determinando si corresponde la emisión del CUD, o si por el contrario corresponde una denegatoria, en el caso de que la solicitud no se encuadre con las normativas emitidas por la Agencia Nacional de Discapacidad”, señaló también María Cecilia Cañadas, agregando que “el trámite es gratuito, voluntario, y una vez emitido el CUD tiene una vigencia de seis meses a diez años. Esto es así, ya que la Junta evalúa el impacto que tiene la condición de discapacidad específica sobre la funcionalidad de la persona, y como la misma puede variar con el correr de los años es importante realizar una reevaluación que acompañe al desarrollo del individuo”.

En tal sentido, María Cecilia Cañadas recordó que “las Juntas no evalúan a la persona en sí, sino a la documentación que ésta aporta, y las evaluaciones se realizan siguiendo un protocolo idéntico para todo el territorio argentino, de acuerdo a la legislación nacional, ya que en última instancia el trabajo de las Juntas es supervisado por la Agencia Nacional de Discapacidad”.

“En la actualidad hay aproximadamente 15.000 Certificados Únicos de Discapacidad con vigencia en todo el territorio provincial”, destacó por último la coordinadora provincial.

Beneficios

Es importante aclarar que la posesión de un CUD brinda a su titular determinados beneficios ligados a la protección integral de la salud, entre los cuales se destacan, por ejemplo, la cobertura integral de las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación; es decir, la cobertura al 100% de todas las prestaciones, medicamentos, prótesis y tratamientos relacionados con el tipo de discapacidad específica certificada.

Del mismo modo, el titular de un CUD tiene acceso gratuito al transporte público nacional en todo el territorio argentino, derecho de libre tránsito y estacionamiento, y la posibilidad de acceder a un régimen especial de asignaciones familiares por discapacidad.

Finalmente, el CUD contempla también la eximición del pago de ciertos impuestos municipales, la inclusión de su titular en el cupo laboral de 4% empleo para personas con discapacidad que debe garantizar el estado en la administración pública, el acceso a determinadas tarifas sociales, y otros tantos beneficios como ser: turismo accesible, asesoramiento legal, acompañamiento educativo, etc.

Contacto

Para mayor información los interesados podrán contactarse a los correos electrónicos discapacidadsalud@hotmail.com o juntaevaluadoracentral@hotmail.com o ingresando a la página web www.ministeriodesalud.chubut.gov.ar/discapacidad/ donde se encuentra detallada la información de contacto correspondiente a cada una de las Juntas Evaluadores de los distintos hospitales públicos de la provincia de Chubut.

La Administración de Vialidad Provincial (AVP), bajo la conducción de Nicolás Cittadini, continúa trabajando en el tramo de 28 kilómetros de la ruta provincial Nº 63, que une la localidad de José de San Martín con El Molle.

Se trata de una obra que se realiza con presupuesto propio y la ejecuta la empresa L.A.L SRL.

Actualmente, desde que se retomó la obra se trasportó, se mezcló y se distribuyó el material granular para la base anticongelante necesaria por las características del terreno.

Estos trabajos, se encuentran en la parte final y se prevé que en los próximos días, cuando las condiciones climáticas lo permitan, se comience con el riego de imprimación en un primer tramo de 10 kilómetros desde San Martín hacia El Molle.

Posteriormente se ejecutará un tratamiento doble con sellado, que es la pavimentación prevista en el plan de obras.

El número de muertes por el nuevo coronavirus se ha incrementado a más 800 personas alrededor del mundo y ya ha superado el de víctimas fatales que dejó el brote de SARS hace casi dos décadas, cuando murieron 774 pacientes y enfermaron más de 8.000 en una veintena de países.

En las últimas 24 horas, Hubei, la provincia donde se originó el brote, reportó 2.147 casos nuevos y 81 decesos. Con esta cifra, el número de infectados en la China continental alcanza 37,198 y 811 fallecidos, a los que se suma una víctima en Hong Kong y otra en Filipinas, informan medios locales.

Mientras tanto, la cantidad de personas infectadas en otros países continúa aumentando y de momento, 2.150 personas se han recuperado.

Este sábado, a cinco ciudadanos británicos, cuatro adultos y un niño, se les diagnosticó infección por coronavirus 2019-nCoV, cuando visitaban un resort de esquí en Contamines-Montjoie, al este de Francia.

Por otra parte, el Ministerio de Salud de Japón confirmó tres nuevos casos de coronavirus entre las personas que están a bordo del crucero Dimond Princess, puesto en cuarentena en el puerto de Yokohama. De este modo, el número total de casos en la embarcación aumenta a 64.

Respuesta de la comunidad científica
La Organización Mundial de la Salud (OMS) está convocando un foro mundial de investigación e innovación para movilizar la acción internacional en respuesta al nuevo coronavirus. «Aprovechar el poder de la ciencia es fundamental para controlar este brote», expresó el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El encuentro se celebrará el 11 y 12 de febrero en Ginebra (Suiza). Los expertos se basarán en las investigaciones previas sobre el SARS y el coronavirus MERS con el fin de acelerar la información científica e identificar los productos médicos más necesarios para reducir el impacto del brote.

El gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, solicitó permiso para emitir letras por $2500 millones y Nación le autorizó menos de un tercio, $800 millones.

Aunque a regañadientes y retrasándolo el mayor tiempo posible, el Gobierno nacional volvió a tenderle una mano a la golpeada provincia de Chubut. Menos de un mes después de que se le otorgara un adelanto financiero de $1000 millones, la Nación autorizó al gobernador Mariano Arcioni a emitir letras por $800 millones para hacerle frente a los salarios adeudados y otros gastos corrientes.

Así, el gobierno provincial sumára deuda a un stock de pasivos que, según los propios registros de la provincia, ya alcanza los US$855 millones y que la ubica entre las provincias más comprometidas financieramente. Más si se considera que la gran mayoría de la deuda está denominada en dólares y emitida bajo legislación extranjera.

El pedido original de la provincia fue permiso para emitir Letras del Tesoro por $2500 millones, sin embargo, el Gobierno le autorizó menos de un tercio. Es una señal más de Alberto Fernández, que eligió no recibir personalmente el mes pasado al gobernador Arcioni y derivó las gestiones a sus ministros.

Tal como ocurre en los pedidos de emisión de deuda, la aprobación fue definida en los ministerios de Interior y Economía y, como último paso, el Banco Central emitió el lunes pasado la comunicación “A” 6888, que autoriza a los bancos a comprar esos títulos.

La ayuda recibida por la provincia patagónica coincidió con el anuncio hecho por el ministro de Economía chubutense, Oscar Antonena, que dijo que hoy se terminarán de pagar los salarios de diciembre. “Completaremos el cuarto rango, que son los salarios de los agentes estatales activos y pasivos de más de $150.000. El resto de los salarios ya se habían cancelado”, confirmaron a LA NACION fuentes del gobierno provincial.

Desde agosto pasado la provincia paga salarios y jubilaciones de manera “escalonada”: cobran primero quienes perciben los ingresos más bajos y, a lo largo de las semanas siguientes, se cubren los rangos superiores.

Plan de ajuste

El 15 de enero pasado Arcioni presentó el Programa de Reforma Estructural del Estado que pretende “sanear las cuentas de la provincia” con medidas tales como jubilaciones compulsivas, congelamiento de vacantes en el Estado y continuidad del pago escalonado. “Durante demasiado tiempo se tomaron endeudamientos mal planeados para obras que no se concretaron o para cubrir una mala administración. El resultado es un Estado profundamente endeudado”, sostuvo el gobernador en un video en el que anunció el plan.

Además, el propio Arcioni reconoció que Chubut es una provincia “privilegiada” en cuanto a recursos. “Somos la primera provincia productora de hidrocarburos, tenemos turismo, tenemos industria ganadera, pesquera, agricultura producción de aluminio y aún así nos vemos en una situación que dista mucho de ser la ideal”, dijo. De hecho, el déficit estimado para el ejercicio 2020 ronda los $37.000 millones, lo que representa un 40% de los ingresos totales estimados de la provincia.

Este programa todavía no fue tratado en la Legislatura provincial, cuyo funcionamiento se ve afectado no solo por medidas de fuerza tomadas por los empleados legislativos sino por el retiro del apoyo a la iniciativa del gobernador de algunos de sus socios políticos más cercanos, como el vicegobernador Ricardo Sastre.

En diálogo con LA NACION, el economista chubutense y director del departamento de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Facundo Ball, consideró al plan de el gobierno provincial para sanear las cuentas es “una contradicción permanente”.

“El programa es un conjunto de improvisaciones. Fue como una respuesta a un pedido de la Nación, pero con inconsistencias técnicas en los números”, apuntó Ball. “Se contradice con el presupuesto 2020, que presentaron hace apenas un mes. Por ejemplo, el presupuesto preveía un déficit para 2020 de $11.000 millones y ahora dicen que va a ser de $37.000 millones”, agregó.

Pero si bien es central, la deuda no es el único problema de la provincia. El volumen de la masa salarial -duplicada a conciencia por el gobernador Arcioni antes de las elecciones de 2019 y contra la recomendación de su equipo económico- es otro de los grandes temas a resolver.

Según Antonena, el gasto en salarios y jubilaciones representa el 120% de los ingresos netos de las regalías -comprometidas por el pago de bonos- y que aún si la provincia lograra diferir todas las obligaciones por servicios de deuda (bonos, letras y anticipos financieros), tendría un déficit de $13.000 millones en 2020 y el gasto en salarios y jubilaciones seguiría en “niveles insostenibles”.

Oscar Antonena, titular de la cartera económica, dijo que los legisladores provinciales cobran sueldos de $ 300.000 y dinamitó aún más las relaciones entre el arcionismo y sus «aliados» sastristas y madernistas. Además, aseveró que algunos diputados no están comprometidos y no comprenden la gravedad por la que atraviesa Chubut.

Las diferencias entre el Gobierno provincial con el vicegobernador Ricardo Sastre y el intendente de Trelew, Adrián Maderna, se ensanchan cada día más.

El primero en sembrar discordia fue el gobernador Mariano Arcioni, cuando trató de «miserables» a sus dos principales aliados políticos y electorales. El segundo capítulo ocurrió días después, cuando el incendio en El Doradillo desnudó la falta de colaboración y presencia de funcionarios del gabinete provincial en la zona que ardió durante dos días.

Ayer, Antonena volvió a apuntar en forma generalizada, pero con dos claros destinatarios: El sastrismo y el madernismo.

Consultado por la necesidad de aprobar el paquete de leyes que envió Arcioni a la Legislatura y que quedaron frenadas por la falta de acompañamiento, Antonena fue crítico y deslizó que «hay ciertos actores políticos que no están realmente comprometidos y que no están comprendiendo la gravedad de lo que el gobernador les ha planteado».

«El no haber aprobado la moratoria y otras medidas lo único que hace es retrasar el potencial de ingresos del flujo de fondos a la Provincia. Necesitamos que todos los actores, porque todos los actores de los diferentes estamentos del poder vienen de alguna forma a recurrir al Poder Ejecutivo para cobrar sus sueldos», recordó irónicamente el ministro de Economía.

Aumentando la efervescencia, dijo que «de hecho, el Poder Legislativo en el día de hoy está cobrando sus salarios a partir de las gestiones que realiza el gobernador Arcioni».

Los diputados terminaron de irritarse cuando Antonena detalló que «los sueldos que se pagan hoy son superiores a 150 mil pesos, y hoy un diputado está cobrando aproximadamente 300 mil pesos. Y esto habla a las claras del compromiso que algunos no están tomando como tienen que tomarlo. Necesitamos que de la crisis estemos todos involucrados porque en Chubut salimos entre todos».

El malestar no se hizo esperar y los grupos de WhatsApp de los diputados se colmaron de críticas contra Antonena. «Mirá que macanudo el ministro. Después nos piden colaboración y trabajar en conjunto», dijo un legislador de Trelew.

En Juntos por el Cambio también cruzaron al titular de Economía: «No se cansan de confrontar con la Legislatura y después cuestionan que no acompañamos los proyectos», indicó El Chubut.