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Superior Tribunal de Justicia

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El Superior Tribunal de Justicia convocó a la intendenta suspendida, Rossana Artero y a los presidentes de los bloques del Concejo Deliberante a una audiencia el viernes 11 a las 9.30 con el objetivo de conciliar a las partes antes de que dictamine sobre el procedimiento que instrumentaron los ediles para apartarla del cargo.

«Previo a resolver, fíjese audiencia para el día 11 de octubre a las 9.30 en la sede del Superior Tribunal de Justicia a fin de que coparezcan la denunciante Rossana Artero y los jefes de bloque del Concejo Deliberante de la ciudad de Rawson», describe la notificación que la Corte Provincial envió a cada una de las partes.

La denuncia radicada por Artero focaliza en las irregularidades del procedimiento que llevaron adelante los concejales para materializar la suspensión de Artero como intendenta de Rawson, así lo resaltó el chubut.

La presentación es por el jury al juez de Familia, Martín Alesi. Alegan que todos los procedimientos realizados por los miembros del Superior Tribunal de Justicia fueron forzados por tratarse de un presunto hecho violento con el actual presidente de la Corte provincial, Mario Vivas.

Tal como destaca El Chubut, el pedido de juicio político será girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Manuel Pagliaroni y de ahí podría derivar en la sala de Acusar y Juzgar siempre y cuando haya dictamen previo de la comisión.

La solicitud fue ingresada por Adriana Elisabeth Rogers, Angela Yanina Arrieta, María Alejandra Antilef, Sabrina Joana Ovelar, Cecilia Izarriaga, Yanina Vanesa Riberos, Miriam Dolores Miranda, Carolina Yevenes, Natalia Elizabeth Délia, Romina Inés Silvestre, Patricia Elisabet Rizzo y Mariana Valpreda Burgos, además de Oscar Jerónimo Díaz.

ESCÁNDALO INSTITUCIONAL

El documento deja de manifiesto que el accionar de Panizzi, Donet y Porras Hernández «es de un escándalo institucional» sin precedentes. «Es público y notorio que el ministro Mario Vivas, del Superior Tribunal de Justicia, denunció en mayo de 2018 que en horas del almuerzo en un restaurant de la ciudad de Trelew, el juez Alesi le habría impedido el paso, ejerciendo luego presión sobre uno de sus brazos y lo llamó ‘censor’ a los gritos, reprochándole la actitud asumida por el STJ, que días antes le impidió asistir a una invitación de la Legislatura para exponer sobre materias de su conocimiento», detalla el pedido de juicio político.

Las denunciantes advierten que «Vivas dice que Alesi le gritó, aspecto sumamente grave, dado que ha sido desmentido por la totalidad de los testigos que declararon en el sumario, inclusive los propios testigos de cargo propuestos por el denunciante». Calificaron que el proceso al que está siendo sometido Alesi «es totalmente falso».

En la presentación puntualizan que el entonces presidente del STJ, Alejandro Panizzi, «dispuso la formación de un sumario designando como instructor a su par Donnet», convirtiéndose «por primera vez en la historia del Superior Tribunal de Justicia, y de cualquier otra Corte de este país, en designar a los propios pares del denunciante para la substanciación y resolución del sumario».

«Aparece claramente que la destitución de Alesi ya estaba decidida de inicio. ¿Quién puede pensar que la instrucción sumarial de Donnet, y la Superintendencia a cargo de Panizzi, se atreverían a dejar en evidencia que su propio colega, Mario Vivas, incurrió en una falsa denuncia?», se preguntan las denunciantes.

No obstante, dejan otro interrogante: «¿Qué margen podrían tener para acoger favorablemente algún argumento o hecho defensista de Alesi, que dejara mal parado a un colega de la Corte Provincial?».

LOS MOTIVOS CONTRA  PORRAS HERNÁNDEZ 

En cuanto a Porras Hernández, las denunciantes alegan un presunto mal desempeño que deriva por no cumplir con lo que dispone el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Aseguran que «convalidó el procedimiento inconstitucional de usurpación de funciones del Consejo de la Magistratura; ratificó que Alesi debía ser expulsado del Poder Judicial por haber incurrido en una inexistente falta grave en el ejercicio de sus funciones; avaló que el promotor del proceso de remoción de Alesi -Panizzi-, ejerza sin reproche alguno el cargo de presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, en abierta violación al derecho a un tribunal imparcial».

El Gobierno había tomado dos caminos paralelos para intentar hacerse de dinero del Bocade y poder así completar los sueldos de julio a estatales: buscar la autorización de los diputados y tramitar ante la Justicia una declaración de certeza atento a que la Constitución impide la maniobra.

Atento a que el Superior Tribunal de Justicia no fallaría de acuerdo a la conveniencia del Ejecutivo, el gobernador Mariano Arcioni retiró la presentación y dejó todo bajo determinación de los diputados provinciales en una sesión especial. La carga fue toda para la Legislatura.

«El Gobernador ha tomado la decisión de desistir de esta presentación con el fin de que este jueves los legisladores nos acompañen para que, no sólo llevemos adelante el pago de este último tramo, sino para que encaremos de modo más ordenado el modo de pago de haberes», dijo ayer el ministro coordinador, Federico Massoni, al portal ADN Sur.

Como había publicado EL CHUBUT en su edición de ayer, desde el Superior Tribunal de Justicia se inclinaban a no definir en favor del Gobierno el pedido formulado para que se permita utilizar el Bocade, un bono destinado a deudas y obra pública, para pagar sueldos, habida cuenta de lo establecido por la Constitución Provincial en su artículo 135 inciso 15. De hecho, el procurador general, Jorge Miquelerana, ya había respondido que la Justicia debe actuar sobre hechos consumados y no sobre supuestos.

Por lo tanto, con la decisión de retirar del STJ la declaración de certeza que hizo Arcioni con el abogado particular Guillermo Corneo, el Gobierno evitó que una decisión en contra de la Justicia condicione a los diputados que por la tarde tenían la sesión especial.

El Superior Tribunal de Justicia se reunirá hoy para definir si el Gobierno puede utilizar el Bocade (Bono de Cancelación de Deuda) para completar los sueldos de julio. Existe una prohibición por la Constitución Provincial que inhabilita a los Gobiernos a utilizar fondos de un endeudamiento para gastos ordinarios.

El gobernador Mariano Arcioni ya había enviado un pedido al Superior Tribunal de Justicia la semana pasada para una declaración de certeza que autorice a usar el Bocade. El pedido apunta a la declaración de la «inconstitucionalidad del inciso 15 del artículo 135 de la Constitución del Chubut, en cuanto veda la posibilidad de utilizar el resultado de empréstitos públicos para equilibrar gastos ordinarios de la administración», según detalló la agencia ADN Sur.

El inciso 15 del artículo 135 menciona: «Facultar al Poder Ejecutivo, con la mitad más uno de sus miembros, para contraer empréstitos o captar fondos públicos con bases y objetos determinados mediante la emisión de títulos, no pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración.

Los papeles de crédito público llevan transcriptas las disposiciones de la ley autorizante. La aplicación del crédito a un objeto distinto del solicitado hace incurrir en falta grave a quienes lo autoricen o consientan, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda corresponder».

Ocurre que el Bocade, tal como lo informara EL CHUBUT en su edición de ayer, está atado como garantía del Fuco (Fondo Unificado de Cuentas Provinciales) y estaba previsto para obra pública y pago de deuda.

Según publicó el portal de noticias, la presentación que hizo el Gobierno ya tiene un dictamen de parte del procurador general, Jorge Miquelarena, quien consideró que no es necesaria tal declaración de certeza de la Corte ante un caso de este tipo. Explicó que el Gobierno está pidiendo que resuelva sobre un hecho a futuro y el Superior sólo puede resolver estas cuestiones sobre hechos que ya han ocurrido.

Según trascendió, la Corte se reunirá hoy a resolver la cuestión de fondo, con una conformación integrada en su mayoría por conjueces, ya que el presidente, Mario Vivas, no está en la zona. El tribunal estará integrado por Alejandro Panizzi, Miguel Donnet, y tres camaristas de Trelew.

Por lo tanto, habrá que esperar que hoy la Corte Provincial tome una definición ante un tema polémico como es tomar un empréstito que se devolverá de aquí a varios años para el pago del último tramo de los salarios más altos del Estado, entre los cuales, paradójicamente, se encuentran los de los magistrados que deberán resolver al respecto.

EN LEGISLATURA

De forma paralela, el Gobierno ya envió a Legislatura el proyecto pidiendo autorización para la utilización del Bocade, y ayer estuvo el ministro Coordinador, Federico Massoni, tratando de acordar el tratamiento esta misma semana.

Tras reunirse con diputados, el ministro coordinador confirmó al portal de noticias que «presentamos la nota pidiendo que convoque a una sesión especial para darle tratamiento a uno de los proyectos de ley, en el cual dentro de lo que es esta vorágine cambiaria, nos ha quedado una sobre garantía de mil millones de pesos que nos permitiría generar los pagos del último tramo».

Massoni explicó que «es una sesión que pedimos para que podamos terminar de pagarle a los mismos empleados de la Legislatura. Entiendo que se ha asumido una conciencia colectiva de la crisis provincial y hay responsabilidad de todos los que ocupamos cargos públicos».

El proyecto en ejecución tiene por objeto la terminación de la Torre I y la ejecución completa de la Torre II, ambas ubicadas en la calle Belgrano 521, entre Gregorio Mayo y Roberto Jones, de la ciudad de Rawson.

Estas construcciones están enmarcadas dentro de un proyecto integral de ampliación de la superficie edilicia del Poder Judicial.

El área de arquitectura del Superior Tribunal de Justicia proyectó dos torres y de esta manera, poder realizarlas en etapas, pudiendo funcionar una sin que esté terminada la obra de la segunda.

La Torre I (actualmente en obra) se proyectó en 5 niveles con una superficie de 1080m2. La planta baja y primer piso fueron pensados como cochera y depósito, la planta correspondiente al segundo piso se destinará por completo a un «Centro de Datos», con sus respectivas instalaciones especiales.

Para las dos plantas restantes se prevé un total de 50 puestos de trabajo, como área de apoyo del STJ.

En esta etapa se está terminando la obra gruesa, ya se adquirieron las aberturas, pisos y ascensores, para ser instalados en el próximo trimestre.
Esta obra se está llevando a cabo con fondos propios del Poder Judicial.

El desarrollo de la Secretaría de Informática Jurídica del STJ fue presentado en un foro sobre el uso de la plataforma de nube internet.

Por invitación de Telefónica de Argentina se presentó en el foroTour Open Cloud II Edición la experiencia de Chubut sobre el uso de la plataforma de nube Internet como infraestructura de alto rendimiento en las Elecciones Paso y Generales Chubut 2019.

El desarrollo de la Secretaría de Informática Jurídica dependiente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut resultó un caso de éxito de referencia a nivel nacional ya que permitió dar cobertura a las elecciones y la transparencia de información con alto nivel de procesamiento, adaptación inteligente y costos reducidos.

El sitioDatos Oficialesutilizó la plataforma de nube en Internet permitiendo dar cobertura a una alta demanda de usuarios con costos reducidos. La plataforma es dinámica adaptándose en forma inteligente a la demanda de acceso y con un esquema de pago por servicios usados.

El secretario de informática jurídica del STJ, Mg. Alejandro Biaggio expuso los aspectos salientes que tuvo el acto eleccionario,»…necesitábamos una plataforma ágil, versátil y accesible. Podíamos crecer en servidores con el auto scaling y soportar picos de demanda cuando aparecían los primeros resultados de las elecciones…». «Empezar a integrar servicios de nube se ha convertido en una obligación para todos»

Jornada

El Ministerio Público Fiscal irá al Superior Tribunal de Justicia para pedir la impugnación del fallo del juez Fabio Monti, quien consideró que no es aplicable la figura de encubrimiento al empresario Fabricio Parra.

La fiscalía había imputado al propietario de la concesionaria JR Automotores por considerar que había filtrado información al ex funcionario Diego Correa y que había «engañado» a los fiscales».

La causa fue un desprendimiento de «El Embrujo» y estuvo al frente la fiscal Silvia Pereyra. Por su parte, uno de los fiscales de la investigación inicial, Omar Rodríguez, dijo ayer a FM EL CHUBUT que estuvo leyendo los argumentos del juez y «no me convencen» y ratificó la postura de que fueron engañados por Parra durante la investigación y que dio aviso a Correa que los fiscales estaban recabando información.

Por lo tanto, adelantó que «la doctora Pereyra va a impugnar la resolución; están trabajando en eso para que llegue al Superior Tribunal y que revisen la resolución de Monti».

Para eso hay un plazo legal y no más allá de la semana próxima se estaría haciendo la presentación por parte de la Fiscalía.
«La intención de la Fiscalía es revertir el fallo porque estamos convencidos de que Parra conocía y realizó conductas concretas para entorpecer las investigaciones y para ocultar bienes de Diego Correa que tenía cosas que no podía justificar», insistió Rodríguez

El intendente de Lago Puelo, Raúl Ibarra, recurrirá al Superior Tribunal de Justicia para que decida sobre la constitucionalidad de su mandato, frente a los intentos de destituirlo de los convencionales que redactaron la Carta Orgánica y algunos opositores que lo consideran un «usurpador».

“El mandato para ejercer el cargo de intendente me lo dio la ciudadanía. Es desacertada la interpretación del artículo 34 (de la Carta Orgánica), que pretende alejarme del cargo constitucional. En las próximas semanas vamos a hacer la presentación”, le dijo Raúl Ibarra a El Chubut.

Hace una semana los convencionales de Lago Puelo notificaron a Ibarra de que no iban a tomarle juramento a la Carta Orgánica recientemente sancionada, porque lo consideran un “usurpador”.

Fundaron la decisión en una interpretación del artículo 34 por la cual aquellas personas que fueron funcionarios durante la última dictadura militar tendrían prohibido ejercer la intendencia.

Frente a esto, Ibarra consiguió un amparo favorable del Juzgado Civil y Laboral, que suspendió la jura de los concejales ante la Carta Orgánica pautada para este lunes, que amenazaba con destituirlo. En paralelo, se promovió una movilización a su favor, de la que participaron un grupo de vecinos.

El concejo en el medio

Las cosas no terminaron ahí. Ibarra señaló que el presidente del Concejo Deliberante, Raúl Cayún, de Cambiemos, declaró públicamente el martes que “a partir del viernes pasado el intendente dejó de serlo y todos sus actos son nulos”, al considerar que la Carta Orgánica está vigente pese a que no tomaron el juramento.

Sin embargo, el presidente del cuerpo deliberativo no había formalizado hasta entonces ningún escrito pidiéndole a Ibarra que dejara el cargo. Tampoco quedó claro si Cayún habló por cuenta propia o en representación de todos los ediles.

Va por la reeleccion

“Es una gravedad mayúscula porque dicen desconocer al intendente a partir del viernes. Está en juego la institucionalidad”, alertó Ibarra.

Por otro lado, Ibarra ratificó que tiene intenciones de competir por un nuevo mandato en las próximas elecciones, que serán en agosto y diciembre, en simultáneo con las presidenciales. Y que aspira a ser candidato del espacio Chubut Al Frente, que lidera el gobernador Mariano Arcioni.

“El gobernador está al tanto y siguiendo con atención todos los hechos; comparte que tiene que tener una respuesta o una claridad de los ámbitos de la Justicia competente y está a la espera de los pasos jurídicos que vamos a dar”, comentó Ibarra.

La decisión del Superior Tribunal de Justicia sobre la constitucionalidad del artículo 34 de la Carta Orgánica también va a influir en la posibilidad de que Ibarra se presente o no a las elecciones. Según él, las normas electorales señalan que quedan excluidos aquellos que están “condenados por causas de Lesa Humanidad”; es decir no los colaboracionistas con una dictadura.

Ibarra comentó que llegó a Lago Puelo en enero de 1971, cuando trabajaba en la Dirección de Recursos Hídricos y debía hacer un relevamiento de la costa del río Azul. Dos años más tarde, el intendente constitucional Luis Alberto Roberts le propuso trabajar en la Municipalidad.

Ibarra comentó que cuando se produjo el golpe de estado el 24 de marzo de 1976 la dictadura militar de Jorge Rafael Videla mantuvo como intendente a Roberts, quien se retiró dos meses más tarde por razones de salud.

Entonces lo reemplazó Ricardo Costa, quien gobernó hasta comienzos del año 1979, cuando también por razones de salud deja la intendencia. Es ahí cuando Ibarra asume el cargo. Eso fue en febrero de 1979. Estuvo hasta diciembre del ’83, cuando asumieron las autoridades democráticas electas el 30 de octubre de ese año.

Ibarra comentó que cuando se desató esta controversia, el hijo del fallecido intendente Roberts, Víctor, un oficial aeronáutico que estuvo en Malvinas, volvió a contactarlo después de años y le ratificó “lo acertada que fue la decisión de su padre de haberme hecho entrar a trabajar al municipio de Lago Puelo”.

 

elpatagonico

El Acuerdo plenario fue dictado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Se les solicita que, en el término de 72 horas, dejen sin efecto el mismo.

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn cuestionó por inconstitucional al Acuerdo plenario Nº 4723/19 de fecha 12 de marzo del año 2019, dictado por el Superior Tribunal de Justicia del Chubut que aprueba la aplicación del “Protocolo de desarrollo de la etapa probatoria en procesos civiles y comerciales”, en vigencia a partir del día siguiente a la firma del mismo, norma de alcance general que obliga a todos los magistrados civiles, comerciales y multifuero de la provincia, abogados y ciudadanos del Chubut.

En una resolución dictada el día 25 de Marzo, el Colegio de Abogados de Puerto Madryn dispuso solicitar al Superior Tribunal de Justicia del Chubut que, en el término de 72 horas, deje sin efecto el Acuerdo Plenario N° 4723/19, por ser el mismo manifiestamente inconstitucional, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes.

Entre los fundamentos de la resolución, que fue remitida al Gobernador del Chubut, al Presidente de la Legislatura y a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), se afirmó que el Acuerdo Plenario 4723/19 en su ANEXO “A” denominado “PROTOCOLO DE DESARROLLO DE LA ETAPA PROBATORIA EN PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES PROVINCIA DEL CHUBUT”, en cuanto modifica de manera ostensible y grosera el Código Procesal Civil y Comercial, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut desvirtúa el principio de la división de las funciones gubernativas y la correlativa asignación de cada una de ellas a órganos distintos e independientes.

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut ha invocado para emitir este Acuerdo Plenario las potestades de la Ley Orgánica de la Justicia de la provincia del Chubut; sin embargo, esta norma exclusivamente le otorga facultades de organización, funcionamiento y orden de los Juzgados, pero no puede ser fuente para arrogarse las facultades que naturalmente corresponden al Poder Legislativo.

Por el principio de división de poderes, como derivación directa del sistema republicano de gobierno, núcleo esencial de nuestra constitución política, el Poder Legislativo sanciona, modifica o deroga las leyes, el Poder Ejecutivo las ejecuta y el Poder Judicial las interpreta y aplica sólo en pleitos concretos y con un alcance estrictamente limitado a éstos. Este ha sido el criterio de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando dejó sentado que no corresponde a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la concibió, estándole vedado a los tribunales el juicio sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades.

Nos encontramos ante una situación irregular, de gravedad institucional que, además del trámite legislativo que establece la Constitución provincial, omitió todo tipo de consulta a los Colegios de Abogados, representantes genuinos de la abogacía.

Los ministerios de Salud y Educación de la Provincia contestarán entre hoy y mañana los oficios que se les envío desde el Tribunal Electoral de la Provincia que, en función de los casos de hantavirus que se registraron en Epuyén, quiere que se garantice que la realización de campaña política y votación podrá hacerse de manera adecuada y sin peligro en la cordillera.

Según publica diario El Patagónico, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, confirmó ayer que desde el Tribunal Electoral ya se enviaron a los ministerios de Salud y Educación de la provincia los pedidos de informe de situación por los que se busca precisar si, pese al virulento brote de hantavirus que ya se cobró 11 víctimas fatales, se podría votar en la cordillera el 7 de abril, de acuerdo al cronograma diseñado a partir del adelantamiento electoral.

Los requerimientos, que deberían ser contestados entre hoy y mañana, se efectuaron a partir de la presentación efectuada por el apoderado legal del PJ, el diputado provincial Blas Meza Evans, en la que precisamente, se pidió la suspensión de todo el proceso electoral por la situación de emergencia sanitaria en la que se encuentra ese sector de la provincia.

“Los ministerios seguramente van a contestar, calculo, en 48 horas a más tardar. Nosotros somos técnicos jurídicos-electorales en este caso, pero no podemos decir si las condiciones en cuanto a lo sanitario son las adecuadas. Por eso pedimos el informe a los ministerios de Salud y Educación”, explicó el ministro Panizzi.

Sin casamientos

El presidente del Superior señaló que, en la jornada del martes, el organismo mantuvo una reunión con el titular de Salud, Adrián Pizzi, pero que la misma no fue por una cuestión electoral sino para ajustar algunos procedimientos a lo que se recomiende desde la cartera sanitaria.

“Teníamos que tener esta reunión para unificar criterios, por ejemplo en lo que respecta al juzgado de Paz. Vamos a seguir todo lo dictado por la resolución municipal del intendente Reato, y en lo que nos respecta vamos a suspender los casamientos en Epuyén”, señaló.

Finalmente, Panizzi dijo que desde el Tribunal Electoral también se dispuso la elaboración del padrón de ciudadanos extranjeros, que estarán habilitados para votar en las categorías municipales y también el relativo a los privados de la libertad.

Respecto del proyecto de boleta única presentado por el bloque de diputados provinciales de la UCR, el funcionario judicial aseguró que todavía no podemos decir nada al respecto porque es un proyecto. Habrá que ver, si es que se aprueba, si los diputados deciden que se utilice o no en esta elección, completó.

El Comodorense