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La Cámara Federal de Casación recomendó a los tribunales federales y nacionales que de ella dependen que otorguen prisión domiciliaria con monitoreo electrónico a los presos en prisión preventiva por delitos no violentos, condenados a penas de menos de 3 años, que estén en condiciones de tener salidas transitorias, mujeres embarazadas o en los grupos de riesgo a raíz del COVID-19.

La decisión es una acordada firmada por la presidenta de la Cámara de Casación Angela Ledesma, los jueces Gustavo Hornos, Alejandro Slokar, Ana María Figueroa (según su voto), Guillermo J. Yacobucci, Eduardo Riggi (en disidencia), Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani, Liliana Catucci (en disidencia) y Javier Carbajo.

El tribunal recomendó que se adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo en beneficio de las personas en prisión preventiva por delitos no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo. O cuando la prisión preventiva superó los plazos legales.

También recomendó dar prisión domiciliaria a las personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena, a las personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión, a los que estén por ingresar en el régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, a mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas y a personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores o personas con discapacidades que puedan exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del Covid-19.

La recomendación abarca a personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH, informó La Nación. Las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados antes de disponer que los envíen a su casa.

Los jueces encomendaron analizar «con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves». También recomendaron a las autoridades penitenciarias el estricto cumplimiento de los protocolos y normas vigentes en materia sanitaria ante la detección de síntomas compatibles con Covid-19 de modo de aislar a los presos dentro del penal y atenderlos.

La medida no es una obligación para los jueces inferiores, pero es una invitación a los abogados defensores a que articulen sus pedidos de libertad domiciliaria. En los considerandos de la acordada se señala que se pretende «aliviar la situación de hacinamiento carcelario con el fin de disminuir los factores de riesgo y facilitar la atención sanitaria ante casos de Covid-19» y, por otro, responder al entorno de aquellos internos que están dentro de alguno de los grupos de vulnerabilidad frente a la pandemia.

«Corresponde aclarar que las medidas recomendadas se motivan exclusivamente en la pandemia Covid-19, motivo por el cual, una vez superada la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, los casos deberán ser sometidos a un nuevo examen», aclararon los jueces. Casación dijo que, sin perjuicio de estas recomendaciones, «los jueces deberán asegurar, en cada caso concreto, el debido proceso legal».

Más organismos del Estado comienzan con medidas de fuerza. Esta mañana, la referente del gremio APOC, Graciela Gomez, manifestó la «inequidad» que existe entre los empleados de la administración pública ante el deposito de los sueldos del Poder Legislativo.

El paro fue convocado por 72 horas, hasta el día viernes 4 de marzo. El reclamo se centra en la exigencia del pago de los haberes del mes de enero.

Ahora son más las áreas del Estado que se pliegan con medidas de fuerza: Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Contaduría General y Oficina Anticorrupción.

Graciela Gómez, secretaria general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC Seccional Chubut) manifestó su enojo ante lo sucedido ayer, cuando el Gobierno depositó sueldos al Poder Legislativo para que se pueda dar inicio a la Apertura de Sesiones Legislativas.

Ante esta situación, «se muestra la inequidad al resto de los empleados de la Administración Pública Provincial, ejerciendo una clara vulneración de sus derechos», expresa el comunicado solicitado emitido por el gremio, informó El Chubut.

Este lunes el Tribunal de Faltas de Trelew reanudó la atención al público en su horario habitual, luego del periodo de feria administrativa.

Concluido el período de feria administrativa, el personal del organismo judicial reanudó este lunes la atención al público para consultas o trámites. Las mantendrá de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13, en sus instalaciones de la calle Paraguay 884.

Es importante mencionar que durante el receso se efectuaron tareas a puertas cerradas y se continuó recepcionando normalmente las actas labradas por los funcionarios actuantes y atendiendo casos de pronta resolución.

El Banco del Chubut y el Superior Tribunal de Justicia firmaron este mediodía un convenio de comodato para la construcción de una nueva sucursal bancaria en el predio de la Ciudad Judicial que se construye en Comodoro Rivadavia.

El presidente de la entidad crediticia, Julio Ramírez, recibió en la casa matriz al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Mario Vivas y al administrador General del STJ, Héctor Capraro con el fin de plasmar el mutuo acuerdo para la realización de esta obra.

El contrato establece un comodato para que el Banco del Chubut pueda construir una nueva sucursal en el mismo predio de la Ciudad Judicial donde se lleva adelante la obra del edificio de Tribunales, cuya primera etapa sería inaugurada antes de fin de año.

“Es una satisfacción firmar este acuerdo, hemos estado trabajando bastante el año pasado sobre este tema con la Municipalidad en su momento, que otorgó terreno al Poder Judicial y ahora hemos acordado un espacio físico dentro del predio para hacer una sucursal” detalló el presidente del Banco, destacando que contar con esa herramienta “es muy importante para la Ciudad Judicial que siempre están utilizando los servicios bancarios y también para nosotros, para sumar un sector más para la atención al público en general” subrayó.

De esta forma el Banco del Chubut estaría sumando una cuarta sucursal a las 3 existentes en Comodoro Rivadavia (una en zona centro, otra en Barrio Pueyrredón y otra en Barrio Industrial) lo que respondería a la creciente demanda que se registra en la ciudad petrolera.

Ramírez adelantó que se trata de “una sucursal completa con cajeros automáticos, cajas y servicio de atención al público” que atenderá tanto la demanda de trámites judiciales como la atención al público en general, por lo que “será una inversión importante por parte del Banco” remarcó.

Por su parte el presidente del STJ se refirió a la construcción de las dependencias del Poder Judicial señalando que que “la obra está avanzada” por lo que “tenemos la idea de que la primera etapa la podamos inaugurar antes de fin de año”.

Esa etapa, que abarca planta baja y primer piso, incluye a todas las dependencias no penales que hacen a la judicatura, tales como juzgados Laborales, Civiles, de Familia, el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), despachos de jueces y demás oficinas. Una etapa posterior – que aún no está iniciada- contemplará por su parte a los servicios del ámbito Penal y también habrá un espacio reservado para el Ministerio Público Fiscal, según detalló Vivas.
En ese contexto el funcionario señaló que la nueva sucursal bancaria estaría dentro de esa primera etapa, pero aclaró que dependerá de diversos factores organizativos entre ambas instituciones.

En este aspecto Ramírez explicó que el primer paso será “ponernos de acuerdo con el departamento de arquitectura de la Ciudad Judicial para el diseño de la Sucursal, a fin de evitar desentonar con el desarrollo arquitectónico que tiene la zona”. Una vez definido ese punto, “haremos los planos y la Municipalidad ya manifestó que va a diligenciar todo lo antes posible, porque es una necesidad para la comunidad”.

Finalmente Vivas remarcó que “la idea es brindar el servicio apenas se abra el edificio” y valoró que “para nosotros es esencial e importantísimo tener ese servicio tanto para los abogados como para el público en general, lo mismo para los empleados y magistrados. Es sumamente práctico y más seguro”.

Tiene que juzgar a Cristina en la causa de los cuadernos de las coimas, a Milani, a De Vido y Andrea del Boca, entre otros. Reclamó más personal para poder afrontar esos procesos orales.

Los últimos dos tribunales orales federales que se crearon tienen pocos años en casos de corrupción y narcotráfico. Su juventud es planteada como uno de los motivos, para muchos funcionarios judiciales, por los que aún permanecen «sin contaminarse» con la política.

Uno de ellos es el 7, quien tiene ahora la responsabilidad de realizar los juicios sobre casos de corrupción que tiene entre los principales acusados a la vicepresidenta electa, y otros ex funcionarios como Julio De Vido, César Milani, Roberto Baratta, entre otros, también a la actriz Andrea del Boca. El TOF 7 tiene a su cargo entre otras causas, la conocida como los cuadernos de las coimas. Reclama a la Corte personal y que le reduzcan la cantidad de casos.

Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero -integrantes del TOF 7- condenaron hace poco, al ex presidente de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain a la pena de 4 años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de peculado, en una causa en la que se investigó la sustracción de 50 millones de pesos destinados a la construcción de una ruta que nunca se hizo vinculada a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Haber tenido este expediente derivó que la causa por la que se encuentra preso Julio de Vido por el desvío de fondos vinculados a la mina de carbón, también termina radicada allí.

No es cualquier causa. En la misma el juez Luis Rodríguez procesó al ex ministro junto a otros ex funcionarios, entre ellos Roberto Baratta, por haber malversado 176 millones de pesos que debían dirigirse a la modernización y puesta en valor de YCRT. En este expediente que se dictó la prisión preventiva del ex titular de Planificación Federal.

Es tan sólo uno de los expedientes en los que se investigó a la anterior gestión kirchnerista por maniobras de corrupción. Entre las causas de mayor repercusión mediática y política que este tribunal deberá sustanciar en etapa de juicio oral, se encuentra la causa de los cuadernos de las coimasen la que inició con los ocho cuadernos que escribió el de chofer de Baratta, Oscar Centeno. En este expediente están procesados 52 personas entre ellas Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. La mayor cantidad de imputados son empresarios, la lista incluye a Gerardo Ferreyra, Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Juan Chediack, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Luis Betnaza, entre otros.

A raíz de la magnitud del expediente que además cuenta con otras derivaciones que se irán elevando a juicio oral por parte del juez Claudio Bonadio, con la explicación de que la causa madre ya está radicada en el TOF 7, los jueces solicitaron a través de dos notas –en las que expusieron la sobrecarga de trabajo- reclamaron más personal. Es que además, de los expedientes mencionados este TOF tiene asignado el juicio contra 47 intendentes y ex intendentes K como también los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich, por el fraude en contra de la administración pública por medio del programa de gestión de residuos urbanos (Pmgirsu) que representó un perjuicio de 600 millones de pesos.

Para sustentar su pedido de más personal y que a su vez se redujera la cantidad de juicios a su cargo, los jueces del Tribunal sostuvieron que fueron radicados allí dos investigaciones conexas a los cuadernos: el tramo que se enfocó en la trama de lavado de dinero de 70 millones de dólares, encabezada por el fallecido Daniel Muñoz que cuenta con 16 procesados, y la parte de los subsidios a los colectivos, con seis acusados.

Este TOF que dejó de tratar casos de la justicia ordinaria para pasar a realizar los juicios por corrupción y narcotráfico, es decir, delitos del orden federal, tiene además la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex jefe del Ejército durante el Gobierno de Cristina Kirchner, César Milani absuelto recientemente en un caso de lesa humanidad.

Hay más. El TOF 7 deberá llevar adelante el juicio contra Julio De Vido y la actriz Andrea del Boca donde se los acusa por defraudación contra la administración pública en la realización de la novela Mamá Corazón, tira financiada por el ex ministro de Planificación, a través de la Universidad de San Martín (UNSAM), durante la gestión kirchnerista. Pese a que nunca llegó a emitirse. Los embargos fueron de 60 millones de pesos en relación al fraude cometido.

Ante este escenario, el TOF 7 con mayor cantidad de causas contra la gestión kirchnerista, reclamó más personal. Es uno de los Tribunales más nuevo y que no cuenta con jueces subrogantes y es la fiscal Fabiana León quien interviene en el mismo. Sus integrantes Signori y Canero trabajaron juntos en la Corte Suprema de Justicia. El tercer integrante, Castelli, se desempeñó en la justicia federal de San Martín, informó Clarín.

La querella de los familiares de la víctima había pedido apartar del caso a dos de los tres jueces por impedir que declaren tres testigos nuevos, entre otros pedidos de pruebas.

El Tribunal Oral Federal de Tucumán rechazóuna recusación  de «parcialidad manifiesta» contra dos de sus miembros interpuesta por la familia de Agapito Ledo en el juicio en que se investiga al ex jefe del Ejército general (RE) César Milani por la desaparición de ese soldado.

Se trata de los jueces Gabriel Casas y Carlos Enrique Jiménez Montilla, quienes habían sido objetados por los representantes de la querella antes del inicio de este juicio, en disconformidad por el rechazo de testigos propuestos.

En tanto que el juez Enrique Lilljedahl, quien se desempeña en este debate como subrogante, había quedado al margen de esta presentación.

«Recusamos a estos jueces por entender que tienen un comportamiento que favorece a Milani. Estos jueces se han negado a incorporar prueba a pedido de las querellas y sumar nuevos testimonios contra los argumentos que presenta en las audiencias», señaló en diálogo con Télam la abogada Viviana Reinoso, integrante del equipo legal que patrocina a los Ledo.

En concreto, la letrada se refiere a las declaraciones que ofrecieron distintos testigos a lo largo de este juicio y al testimonio dela cuñada de Milani, Clara Waite, quien declaró ante el Tribunal que en su familia «se sabía» que el militar habría «matado al soldado Alberto Ledo». En realidad, Milani está acusado de haber cometido el supuesto delito de falsedad ideológica del acta de deserción de Ledo que encubrió su desaparición. El soldado fue secuestrado y asesinado durante el Operativo Tucumán cuando se desempeñaba en un batallón de ingenieros de La Rioja en el que Milani era subteniente. El acta lleva la firma de Milani pero éste lo niega.

En el juicio, Waite contó que su padre, Manuel Alberto Waite Figueroa, quien falleció hace casi 34 años, le contó en su lecho de muerte la supuesta implicación de Milani con este hecho y que el represor Luciano Benjamín Menéndez «intervino para que el entonces joven oficial no compareciera ante la Justicia por este caso» en al arranque de la democracia».

Waite dio el nombre de una persona, teniente coronel retirado Carlos Gaudelia, que de acuerdo a sus dichos tendría conocimiento de la supuesta participación del imputado Milani en la desaparición de Ledo.

Pero esos dos jueces rechazaron llamar a Gaudelia como testigo porque «milita en contra de los juicios por delitos de lesa humanidad y que, en relación a Milani se vio afectado» cuando este en el 2010, como director de Inteligencia del Ejército, dio a conocer la lista de los agentes secretos del arma durante la dictadura.

En cambio, señalaron las querellas que la posición de Casas y Jiménez «contrastacon la clara fundamentación del voto del Dr. Enrique Lilljedahl quien hizo lugar a la citación del testigo en cuestión».

Esos dos jueces, además, «rechazaron al testigo Jorge Yomacon análoga fundamentación; cuando se rechazó la prueba pericial ofrecida por los acusadores, como así también el audio de la entrevista realizada a Milani por parte de los periodistas Raúl Kollmann y Daniel Tognetti en el programa “Siempre en Hoy” de Radio del Plata del 24 de junio de 2016″.

Durante la declaración de Waite, el juez Casas vetó -además- varias preguntas de las querellas por entender que «alteraban la plataforma fáctica del proceso».

Al analizar la recusación, los jueces del tribunal oral de Tucumán afirmaron que «resultan manifiestamente inciertos los hechos que se alegan, conforme una razonable interpretación del artículo 62 del Código Procesal Penal de la Nación, en su texto y semántica, resulta procedente el rechazo in liminede la pretensión de apartamiento de dos magistrados».

La denegatoria de la pretensión en cuestión «también se sustenta en impedir que el planteo recusatorio se convierta más, que en un intento de salvaguardar la imparcialidad del tribunal, en una velada búsqueda de condicionarla«. El rechazo tiene la firma de los tres jueces del tribunal. Ahora la querella de los Ledo debe decidir si la acepta o apela a la Cámara Nacional de Casación Penal.

Ledo, nacido en La Rioja y estudiante de la Carrera de Historia, desapareció en junio de 1976 en la localidad de Monteros, donde se encontraba de comisión con una compañía del Batallón 141, la unidad en la cual cumplía el Servicio Militar Obligatoria.

El conscripto desapareció cuando realizaba un patrullaje a las órdenes del capitán Esteban Sanguinetti, que en este juicio está acusado de ser el presunto responsable del secuestro y el asesinato de Ledo.

Por su parte, Milani, quien al momento de los hechos se desempeñaba como subteniente, está acusado en este juicio de haber falsificado el acta de deserción de Ledo, y por eso se le imputan los delitos de falsedad ideológica y encubrimiento agravado, informó Clarín.

La vicepresidenta de Perú designada como encargada del Gobierno por un Congreso disuelto, Mercedes Aráoz, afirmó este martes que respetará la opinión del Tribunal Constitucional si falla sobre la legalidad del cierre del parlamento ordenado por el mandatario Martín Vizcarra.

Aráoz, también legisladora, afirmó que buscará dialogar con Vizcarra para encontrar una salida a la crisis constitucional que llevó a tener dos líderes de Gobierno.

Más temprano, la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que el Tribunal Constitucional de Perú debe pronunciarse sobre la decisión de Vizcarra y consideró constructivo el llamado a elecciones legislativas que hizo el presidente para zanjar una pugna entre el Gobierno y el Congreso.

“Lo justo es que quien dirima sea el Tribunal Constitucional y cualquiera sea el resultado tendremos que respetarlo por supuesto”, afirmó Aráoz a Reuters, de forma serena en su apartamento ubicado en el distrito residencial de Miraflores.

Unos 86 legisladores, de los 130 del Congreso, se negaron el lunes por la noche a dejar el hemiciclo y en una inesperada sesión aprobaron suspender de sus funciones a Vizcarra durante 12 meses por “incapacidad temporal”.

Poco después, los legisladores opositores proclamaron a Aráoz como encargada del despacho presidencial.

La política dijo que ha tenido “conversaciones informales” con algunos organismos internacionales como la OEA, para ver el camino más adecuado para salir de la incertidumbre, pero no dio mayores detalles.

“No he hablado con él (presidente Vizcarra). Me encantaría hablar con él pero el señor Vizcarra ha dado una instrucción, así me han informado, de que no puedo entrar a Palacio de Gobierno”, agregó la política que fue ministra de Economía durante el Gobierno del fallecido presidente Alan García.

Aráoz reconoció que la actuación del Congreso unicameral, de mayoría opositora, no tuvo un buen comportamiento, pero que se podía dialogar para aprobar proyectos clave del Gobierno.

“Tuvimos un pésimo Congreso, pero creo que eso no es la razón para cerrarlo”, afirmó. “Creo que el Congreso y el Ejecutivo estaban obligados a encontrar un consenso”, dijo.

La funcionaria refirió que un escenario “que altera las reglas de juego” puede afectar las perspectivas de la economía del país, una de las de mayor crecimiento de Latinoamérica, con inversionistas esperando qué va a pasar.

Aráoz manifestó que aceptó el encargo del Congreso unicameral disuelto por sus “principios y respeto de las instituciones”. Y descartó conformar un gabinete paralelo.

“Tenemos que ser prudentes, y lo correcto es cumplir dentro del marco constitucional mis funciones, esto es más un acto político que asumir funciones”, sostuvo.

“Hoy día me están detestando buena parte del país, entiendo esto porque están molestos con el Congreso”, afirmó.

Al menos dos legisladores de izquierda, que apoyan en cierre del Congreso, han solicitado a la fiscalía de Perú investigar a Aráoz por el delito de “ursurpación de funciones”.

La Organización de Estados Americanos (OEA) dijo el martes que el Tribunal Constitucional de Perú debe pronunciarse sobre la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, que contraatacó suspendiéndolo en sus funciones, lo que hundió al país en una incertidumbre que golpeaba los mercados locales.

Vizcarra cuenta con el respaldo de los militares y la policía, pero los legisladores opositores, que controlan el Congreso, designaron en su lugar a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz.

El presidente, que ha lanzado una campaña anticorrupción, acusa al Congreso de entorpecer su labor con frecuentes interpelaciones a ministros gracias al voto mayoritario del partido de derecha liderado por Keiko Fujimori, quien está detenida mientras la investigan por supuesto lavado de dinero.

“La Secretaría General de la OEA considera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas”, sostuvo el organismo continental en un comunicado difundido en su página web.

La OEA consideró constructivo el llamado a elecciones legislativas que realizó Vizcarra para definir una pugna entre el Gobierno y el Congreso unicameral.

“Es conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas”, agregó la organización.

La decisión de Vizcarra produjo un sobresalto institucional y fue detonada por la aprobación por parte de la cámara del nombramiento de un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, que dirime los conflictos entre poderes.

El mandatario había advertido que iba a suspender al parlamento si designaba al magistrado porque significaba un rechazo de confianza a su gabinete.

Vizcarra convocó a elecciones para el 26 de enero, en las que se elegirá un Congreso que sesionaría hasta julio de 2021, el periodo constitucional del parlamento disuelto, según un decreto supremo publicado en el diario El Peruano.

Legisladores en rebeldía

Unos 86 legisladores, de los 130 del Congreso, se negaron el lunes por la noche a dejar la sede legislativa y en una inesperada sesión aprobaron suspender de sus funciones a Vizcarra durante 12 meses por “incapacidad temporal”.

Poco después, los opositores proclamaron a Aráoz como presidenta interina.

Algunos legisladores regresaron el martes a la sede del Congreso. En las afueras del hemiciclo la policía con cascos y escudos acordonó la sede y restringía el ingreso.

“Es un golpe de Estado. Es un atentando a los todos los congresistas”, dijo a periodistas la legisladora Luz Salgado, del partido de Fujimori, que logró ingresar al parlamento.

Disuelto el Congreso, sólo la Comisión Permanente conformada por 27 legisladores continuará en funciones y podría revisar decretos de urgencia, según la Constitución.

Los mercados reaccionaron con caídas a la incertidumbre política. La moneda peruana retrocedía un 0,50% y la bolsa local un 1,90%.

Tras el rechazo del Congreso a su gabinete, Vizcarra designó a su ministro de Justicia Vicente Zeballos como nuevo jefe del equipo de gobierno, que espera renovar a la terna ministerial.

La última vez que un mandatario cerró el Congreso en Perú fue en 1992, cuando Alberto Fujimori, padre de Keiko, alegó obstrucción en temas de seguridad y economía. Sus detractores afirman que fue para tapar investigaciones de corrupción.

El ministro Dietrich le pidió «racionalidad» al tribunal que definirá si cancelan los vuelos por la denuncia de vecinos que se quejan por ruidos molestos.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, subrayó hoy que si avanza la decisión judicial que restringe las operación en el aeropuerto de El Palomar estarán en riesgo alrededor de 900 puestos de trabajo.

Así, se volvió a manifestar en contra del fallo que limitó el horario nocturno de vuelos en el aeropuerto tras una demanda iniciada por organizaciones sociales, que denunciaron los inconvenientes generados por el ruido de los aviones, consignó la agencia NA.

El funcionario aseguró que espera que «haya racionalidad» al argumentar que «hay un fallo en primera instancia de una jueza con una denuncia que no acredita ningún daño de nadie y tiene una relación con la oposición».

Dietrich se refirió así a Martina Forns, la magistrada que canceló las operaciones del aeropuerto entre las 23 y las 6 para «no afectar el descanso de los vecinos». El ministro sostuvo que «se opuso desde el primer día al aeropuerto por cuestiones políticas con planteos para que no operara».

«Detrás de todo eso, hay gente que trabaja», puntualizó y señaló que hay «casi 700 personas más otras 200 de la obra de una nueva terminal«. De ese modo, Dietrich insistió: «Si el fallo continuase, todo eso está en riesgo».

En tanto, apuntó contra el gremialismo y consideró: «Lo que se está viendo es que hay un modelo de gestión sindical de algunos líderes que son prepotentes, autoritarios y en algunos casos violentos».

En diálogo con radio Milenium, Dietrich criticó que «no hay posibilidad de diálogo con el que piensa distinto».

Sin vuelos nocturnos

La jueza Martina Forns prohibió a las low cost continuar con sus vuelos en el Aeropuerto de El Palomar entre las 23:00 y 6:00 de la mañana para no afectar las horas de descanso de los vecinos de la zona. Tras el fallo, el Gobierno anunció que apelará la medida.

La restricción horaria dictada por el jueza regiría a partir del 26 de este mes y en su fallo la magistrada, ante una denuncia de vecinos, aseguró que la actividad en El Palomar genera una «presión sonora por encima de determinados umbrales lo que causa efectos muy negativos sobre el organismo humano».

Indicó que este provoca «alteraciones del sistema auditivo, pero también del sistema nervioso, generando situaciones de fatiga y estrés que pueden llegar a niveles de alto riesgo para la salud», informó TN.

Respaldado por el dictamen del Tribunal de Cuentas, que terminó por descartar las denuncias mediáticas de un funcionario-operador de Cambiemos en Chubut, Juan Pablo Luque cerró una semana altamente positiva para su objetivo de convertirse en el próximo intendente de Comodoro Rivadavia.

Antes de conocerse el esperado dictamen, Luque había logrado cerrar el acuerdo con su rival en las PASO para conformar la lista de candidatos que finalmente el peronismo llevará al Concejo Deliberante el 27 de octubre.

Gaspar contra Romero

Hasta José Gaspar cuestionó la estrategia mediática de la candidata a intendente de Juntos por el Cambio, Ana Romero. El concejal de la UCR disparó sobre Romero por haber utilizado las endebles denuncias del secretario nacional de Interior, Fernando Alvarez de Celis, para poner en duda la legalidad de algunos procedimientos seguidos luego del temporal que castigó a Comodoro entre el 29 de marzo y el 8 de abril de 2017.

La reacción de Gaspar ocurrió el jueves, en la última sesión del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. Gaspar fue candidato a intendente de Cambiemos en 2015 y resaltó que el Tribunal de Cuentas Municipal (TCM) no cuestionó absolutamente nada de lo actuado a la hora de aprobar el ejercicio de ese fatídico año para los habitantes de Comodoro. Todos recuerdan que cuando el agua caía sin parar en el gobierno nacional buscaban en el mapa dónde quedaba la ciudad afectada y en Provincia algunos pícaros delincuentes aprovechaban la ocasión para hacer negocios particulares. Se llevaron hasta la comida para los perros.

El TCM está conformado por un peronista, Miguel Hernández; un dasnevista ex radical, Carlos Relly; y un radical-macrista, Gastón Acevedo, justamente candidato a viceintendente de Romero en Juntos por el Cambio.

Casi el 50 por ciento

La semana empezó bien para el actual viceintendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, quien fue el precandidato más votado en las PASO del 11 de agosto. Segundo quedó su rival directo en la interna, el concejal Guillermo Almirón. Juntos alcanzaron casi 50 mil votos (48%).

Les quedaba pendiente un trámite nada fácil pero decisivo para consolidar el frente y evitar fuga de votos: definir la lista de candidatos a concejales.

Para ello tenían que compatibilizar lo que expresa la Carta Orgánica partidaria, las regulaciones del sistema D’Hont y el cupo femenino -que ya no es de una mujer cada tres varones sino de uno y una-.

Las negociaciones comenzaron apenas concluyeron las PASO y recién se fumó la pipa de la paz el pasado fin de semana.

Encabezarán la lista el actual concejal y ex delegado de Anses, Maximiliano Sampaoli, y la periodista Natalia Cecilia Guerreiro -sobrina del intendente Carlos Linares- quien en la interna fue en la lista adversaria del candidato preferido del tío pero seguramente será concejal y un aporte joven a la bancada del PJ.

Renunciamientos y posibles mudanzas

Mientras el actual secretario municipal de Economía Germán Issa Pfister se bajó de la lista, debieron resignar espacio dos mujeres del peronismo «oficial»: la titular del comité de asociados del banco Credicoop, Liliana Carnevale, y la diputada provincial Viviana Elizabeth Navarro, quien al ir en el octavo lugar podría quedarse afuera del nuevo Concejo.

De todos modos, tendría asegurado un lugar como secretaria de Desarrollo Humano si gana Luque en reemplazo de Carlos Marcelo Rey, quien es primer candidato al TCM.

Finalmente, el sector de Almirón incluyó cinco candidatos a concejales en la boleta del PJ, y tres de ellos tienen todas las posibilidades de ser parte del nuevo cuerpo. Además de la citada Natalia Guerreiro, están en lugares destacados la vecinalista Aurelia Alejandra Robledo y el corredor de autos Marcos Abel Panquilto.

En tanto, el ex diputado provincial Gustavo Adolfo Reyes quedó en un puesto expectante (9°), con posibilidades de asumir si Navarro y alguien más se muda a algún cargo en el Poder Ejecutivo -ya se habla del propio Sampaoli como secretario de Gobierno-.

En el último lugar de la lista aparece Valeria Vanesa Jaramillo, ya con más dificultades de ingresar al Concejo si no se producen imponderables.

Romero tiene que ceder

En el cuartel central del macrismo comodorense confían en que más allá de que Romero no pueda ser la primera mujer intendenta de la ciudad petrolera, sí logren mantener la actual representación parlamentaria local, hasta con la posibilidad de sumar un concejal más a los tres que hoy tiene.

Para ello se basan en el porcentaje de votos que obtuvo Cambiemos en las generales de 2015, que fue casi idéntico al que cosechó en las recientes PASO, aún con el peso muerto que significa llevar en el principal lugar de la boleta a Mauricio Macri y Miguel Pichetto.

Si bien por lo bajo la mayoría opina que lo ideal sería que en los cuartos oscuros no estén los nombres de los presidenciables, lo cierto es que si bien desde Nación no hay aportes concretos para la campaña que vayan más allá de las vacuas denuncias de Alvarez de Celis que ya ni cuentan con el respaldo del vocal Acevedo, hay aportantes de peso detrás de Romero que «descubrieron» la política con Macri y se niegan a lo evidente, creyendo en las chances del balotaje milagroso.

Se trata de los mismos que se congregaron en la Plaza San Martín el sábado 24 de agosto, cuando el Presidente se emocionaba hasta las lágrimas en la Casa Rosada mientras codeaba a su esposa para que no le quitara el primer plano.

En Comodoro los que movilizaron esa tarde fueron poco más de un centenar. No son muchos, pero parecen tener una importante influencia en la abogada macrista que en las PASO consiguió 18 mil votos (17,5%).

La propia Romero iría al Concejo porque así lo establece la Carta Orgánica Municipal, junto con el actual delegado del Enacom, Tomás Buffa; Graciela Betiana Saffirio y el otrora buzzista ex comisario Néstor Blas Buttazzi.

Se quedaría en la puerta la dirigente rural Digna Hernando de Blanco, quien fuera concejal entre 1999-2003, cuando integró la boleta que llevaba como candidato a intendente a Néstor Di Pierro.

¿Buzzi sin Cocha?

En este contexto, no hay que perder de vista que, aunque no lo parezca, actualmente hay tres bloques en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. El tercero en cuestión hoy es Chubut Somos Todos que al terminar tercero en 2015 posibilitó que tuvieran bancas Ricardo Gaitán y Norma del Valle Contreras.

Hoy el primero es secretario de Gobierno de Linares y la abogada figura en el cuarto lugar de la lista de Martín Buzzi, quien a pesar de que seguramente no conseguirá su aspiración de pegarse en la boleta a Alberto Fernández, insistirá con su candidatura solo con la meta de convertirse en concejal.

El ex intendente y ex gobernador no hizo un buen papel en las PASO, ya que solo alcanzó 8899 votos (8,5%), con lo cual si no pierde votos podría ser la tercera fuerza con bancas en el órgano legislativo.

Hace cuatro años, el dasnevismo fue tercero con el 10% de los votos y Buzzi ahora podría sumar algo de los puñados de Marcial Paz y Martín Galíndez, más algún desencantado de Almirón.

Eso sí, la campaña propiamente dicha esta vez el candidato local de Mariano Arcioni debería hacerla sin su compañero de fórmula. Cuentan que se quedaron sin fondos para solventar al ex capitán campeón de Gimnasia, Gabriel Cocha, para quien tenían una partida de 380 mil pesos mensuales, informó El Extremo Sur De La Patagonia.