La Fiscalía de Estado respaldó la denuncia que hizo el secretario de Seguridad, Federico Massoni, ante la Procuración General por supuestos «sobreprecios» en la compra de cámaras de seguridad para los Centros de Monitoreo de Trelew, Rawson, Esquel, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.
El procurador general, Jorge Miquelarena, había desestimado la denuncia al entender que primero debían acudir a la Fiscalía de Estado y luego ir por la vías civil y administrativa.
El dictámen avalado ayer por el fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, ratifica las irregularidades denunciadas por Massoni en la adquisición de las cámaras a una empresa contratista.
También instruye a que se labren sumarios administrativos contra los funcionarios intervinientes y exige que se reclame a la empresa contratista los montos por los incumplimientos detectados.
Los ex funcionarios denunciados por Massoni son el ex subsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa, quien está procesado con prisión preventiva por otra causa; el ex ministro de Gobierno, Rafael Williams, y su sucesor Pablo Durán; y el ex subsecretario de Seguridad Ciudadana, Pablo García.
Los vinculan con suspuestos «desmanejos» en la contratación directa de una empresa para la adquisición de 462 cámaras de seguridad por 35,5 millones de pesos durante la «Emergencia de Seguridad» en junio del 2016.
DOCUMENTACION RESPALDATORIA
Según denuncia Massoni, no solo se instaló la mitad de las cámaras, sino que también estas son «inferiores en calidad y no reúnen los estándares mínimos de seguridad requeridos».
También sostiene que faltan cables de fibra óptica y otros materiales que nunca aparecieron.
Para Massoni hay una contradicción elocuente entre la «urgencia» que justifica la contratación directa de esta empresa justificada con la «Emergencia de Seguridad» y los resultados obtenidos con la adquisición de estas cámaras, que nunca llegaron a verse.
La denuncia de Massoni está respaldada por una auditoría de la adquisición de estas cámaras realizada por el Gobierno provincial y un informe del área de Monitoreo Urbano de Trelew en el que se dejan sentadas las deficiencias del sistema y «pone en evidencia los sobreprecios» de la empresa contratista.
También aportó material fotográfico en el que constan los desperfectos en la instalaciones de estas cámaras en Trelew en las calles 25 de Mayo y Pecoraro y en Pellegrini y Soberanía Nacional.
Sostiene que la tecnología es obsoleta y precaria.
Paralelamente, Massoni pide que la Justicia investigue qué pasó con los materiales que se compraron junto con las cámaras, que nunca aparecieron.
Al respecto, llama la atención sobre la recepción de material en un organismo del Estado cuando el personal que trabaja allí no habría reconocido su existencia.
«Las mismas fueron colocadas sin presentar estándares de certificación, lo que demuestra una negligencia por parte de los funcionarios públicos firmantes en el acto y encargados de supervisar la compra por ellos realizada, violando la normativa estatutaria», sostiene Massoni en el dictamen.
LOS DENUNCIADOS
En el relato de los hechos a investigar, Massoni explicita las responsabilidades de cada uno de los funcionarios que intervinieron en la contratación directa de esta empresa que proveyó las cámaras.
«El ministro de Gobierno, Rafael Willimas, ha tenido el manejo discrecional de los fondos respecto de la partida presupuestaria de su ministerio y en ese tenor ha llevado la compra directa de servicios por un precio que excede ampliamente los costos de mercado», dice el dictamen de Massoni.
El secretario de Seguridad expone que estos supuestos desmanejos continuaron cuando Rafael Williams dejó la cartera de Gobierno.
«Tras la renuncia de Williams asume Pablo Durán, quien autoriza pagos a la empresa contratista», sostiene el funcionario.
En tanto, Massoni repara sobre la intervención de Pablo García, quien «solicita la autorización para la adquisición sin motivar la urgencia y la emergencia de dicho pedido, como lo exige la legislación vigente en la Ley de Contrataciones Directas, una rigurosa motivación basada en la urgencia y emergencia del gasto a erogar, se lleva a cabo un proyecto que muy lejos está de satisfacer esta urgencia ante la precaridad de su funcionamiento, mala calidad de insumos utilizados y corta vida útil ante cualquier contingencia externa», sostiene.
