El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) salió al cruce del fallo judicial que suspendió 82 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
A través de un comunicado, la entidad expresó su preocupación ante el “avance judicial” sobre una norma que fue sancionada con amplia mayoría en el Congreso y que consideran clave para el desarrollo productivo del país. “Más allá del pleno respeto por la división de poderes, es importante resaltar que el dictado de una medida judicial de estas características atenta contra la estabilidad jurídica y el funcionamiento económico del país”, indicó la entidad.
Un fallo que genera interrogantes sobre la credibilidad institucional
El CAA subrayó que “la suspensión de un número significativo de artículos de la Ley de Modernización Laboral no debe ser observada como un hecho particular, ni estrictamente en relación a su alcance, sino como una medida que genera interrogantes sobre la credibilidad e institucionalidad de la Argentina”.
“Nuestro país ha iniciado un proceso de cambio y como resultado de ello, el Poder Legislativo ha sancionado la referida norma con amplia mayoría de los votos respetando los procedimientos formales y en pleno cumplimiento de las garantías constitucionales”.
La falta de previsibilidad afecta el desarrollo productivo
El Consejo Agroindustrial consideró que “la falta de claridad y previsibilidad del marco normativo y la afectación a la estabilidad institucional incide negativamente de manera directa en el desarrollo de la Argentina y de los sectores productivos”. La entidad advirtió que la incertidumbre judicial no solo afecta a los empresarios, sino también a los trabajadores y a la economía en general.
“Es por ello que el CAA considera de suma relevancia la vigencia de la Ley de Modernización Laboral en su plenitud para el desarrollo productivo federal y exportador, el respeto por las instituciones y la división de poderes para impulsar el crecimiento nacional”, indicó.
El agro promete seguir impulsando reformas
El CAA sostuvo que “desde el Consejo seguiremos promoviendo la adopción de leyes que fomenten la inversión, innovación y desarrollo federal con visión exportadora”. La entidad dejó en claro que no bajará los brazos y que continuará impulsando reformas que consideran necesarias para el crecimiento del sector.
El fallo del juez Raúl Horacio Ojeda, que suspendió cautelarmente 82 artículos de la ley tras una presentación de la CGT, generó un fuerte rechazo no solo del agro, sino también de la Unión Industrial Argentina (UIA) y del propio gobierno. La administración de Javier Milei ya anunció que apelará la medida.
Un debate que recién empieza: ¿hasta dónde puede llegar la Justicia?
El conflicto entre los poderes del Estado sumó un nuevo capítulo. El Poder Judicial frenó una ley sancionada por el Congreso, y el sector productivo salió a defender la norma argumentando que la incertidumbre judicial ahuyenta las inversiones. El gobierno, por su parte, se prepara para litigar en los tribunales superiores.
La ley de modernización laboral, que incluía cambios en indemnizaciones, período de prueba, trabajo en plataformas y negociación colectiva, fue una de las banderas de la gestión de Milei. Ahora, su suerte está en manos de la Justicia. El agro ya dio su veredicto: la ley debe aplicarse en su totalidad.
