Los policías Luis Solis y Luis Azocar fueron condenados a dos años y seis meses de prisión, cinco años de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y cuatro años de pautas de conducta. La sentencia fue dictada por el juez penal de refuerzo Gustavo Castro tras el juicio oral y público desarrollado en Tribunales.
Los hechos que ocurrieron el 7 de mayo de 2017 a las 7.40 horas, cuando personal policial comienzan a golpear a un joven que había estacionado sobre el boulevar Brown. Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo.
“Me bajan del auto y me preguntan qué estaba haciendo. Me piden el documento, se lo doy y me piden revisar el auto. Les digo que sí pero con una orden judicial. Ahí se empiezan a molestar, me preguntan si soy vivo. “Este es canchero, se cree abogado”, dicen. Y ahí uno de ellos me pega una trompada en las costillas. Ahí me empiezan a pegar. Mi novia se bajó y les decía por qué me pegaban y le dicen que se suba al auto. Me hacen poner delante del auto, con las manos en el capó y me siguen pegando. Terminan de pegarme, se suben al auto y se van como si nada hubiese pasado” relató la víctima durante el debate.
El fiscal jefe Daniel Báez estuvo a cargo de la acusación por el delito de “vejaciones”, previsto en el artículo 144 del Código Penal. “Son ellos depositarios de la fuerza del Estado y por otro lado actuando en conjunto crearon una desigualdad más marcada entre las partes en juego (ellos y la víctima), por otro parte no se ha advertido motivo alguna para actuar de la manera en que lo han hecho: no se advierte que las víctimas hayan estado cometiendo algún tipo de desorden o contravención para justificar su intervención, y mucho menos la reacción que han tenido ante simple expresiones de la víctima acerca de la necesidad de una orden judicial para la requisa vehicular” sostuvo la sentencia, que se conoció ayer.
Los policías fueron condenados a dos años y seis meses de prisión, cinco de inhabilitación especial y costas. Además, deberán cumplir pautas de conducta durante cuatro años y realizar trabajos comunitarios. “No puedo terminar mi voto sin expresar la consternación que causa afirmar la existencia de un hecho como este y que aquellos en quienes se confía los bienes y la vida de los ciudadanos, frustren las expectativas en ellos depositadas valiéndose del uniforme -motivo de orgullo de otros-, para cometer hechos delictivos contra ciudadanos que les otorgaron esa confianza”, indicó el juez Castro en su resolución.