Se imputó a la pesquera Conarpesa y a dos de sus gerentes por contaminación ambiental del Golfo Nuevo en la ciudad de Puerto Madryn. Los análisis realizados por el Centro Nacional Patagónico (CENPAT) confirmaron que los líquidos arrojados al mar por la pesquera estaban sin tratar y eran residuos del procesado de langostinos, algunos de ellos superaban 2.700 veces los valores permitidos.
La jueza Marcela Pérez Bogado tomó la solicitud del fiscal jefe Alex Williams y procesó a Nadine Parry, gerente y responsable ambiental de Conarpesa, Brahim Yoosef, encargado del sector de la planta de tratamiento de efluentes, ya la empresa «Conarpesa Continental Armadores de Pesca SA «como persona jurídica.
La investigación comenzó tras la publicación de un video en redes sociales que mostraba un efluente de color naranja que fluía desde el parque industrial pesquero hacia el mar. La Fiscalía inició una investigación de oficio y descubrió que había un caño ilegal, que no estaba declarado, y que se conectó a las instalaciones autorizadas para verter residuos. Desde allí, se vertieron líquidos sin tratar al mar.
El proceso es el primero en el que se imputa a una persona jurídica por un delito ambiental. Según la ley actual, las empresas pueden ser sancionadas por cometer delitos, pero es la primera vez que se utiliza la norma para imputar a una empresa por un delito penal. La víctima en el caso es “el ambiente de la población de la ciudad de Puerto Madryn en su conjunto”.
La empresa imputada, Conarpesa, decidió no declarar en la audiencia y fue representada por el abogado Luis Novoa. El presidente de la firma, Fernando Álvarez Castellano, estuvo presente en la audiencia. Las otras empresas pesqueras del parque fueron investigadas y no se encontraron sistemas similares al de Conarpesa.
