El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de corredores viales tras aprobar la precalificación de 22 empresas que competirán por la concesión de la denominada Red Federal de Concesiones – Etapa III.
El proyecto abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidas en distintos puntos del territorio argentino.
La medida quedó oficializada mediante la Resolución 1024/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se fijó que este miércoles 22 de julio se llevará a cabo la apertura formal de los sobres con las propuestas económicas correspondientes a las firmas habilitadas.
Ofertas presentadas e impugnación rechazada
Según datos informados por el Ministerio de Economía, las 22 compañías precalificadas formalizaron un total de 50 ofertas repartidas en los ocho tramos licitados: Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico. Entre los grupos participantes destacan firmas como CPC, Panedile Argentina y la UTE compuesta por las empresas José Chediack y Benito Roggio e Hijos.
Por otro lado, el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, resolvió rechazar las ofertas presentadas por el consorcio integrado por Compacto S.A., Edmacar Constructora Vial S.A. y Tolcon S.A. para los corredores Centro y Cuyo, al determinar que la UTE no cumplió con las exigencias económico-financieras estipuladas en los pliegos licitatorios.
Ante la descalificación, el grupo empresario presentó un recurso de impugnación solicitando la incorporación extemporánea de documentación respaldatoria. Sin embargo, la cartera económica desestimó el reclamo bajo el argumento de que aceptar documentación fuera de término vulneraría el principio de igualdad de condiciones entre todos los oferentes del proceso.
Alcance del plan de concesiones
Con la concreción de esta tercera etapa del esquema licitatorio, el Poder Ejecutivo nacional busca continuar la transferencia de Corredores Viales al sector privado, proyectando superar los 9.000 kilómetros de rutas bajo régimen de concesión en todo el país.
Las firmas que resulten adjudicatarias asumirán la responsabilidad de ejecutar las obras de construcción, así como la explotación, administración y mantenimiento continuo de las trazas viales, quedando además facultadas para desarrollar servicios y actividades complementarias que contribuyan a la sostenibilidad financiera de los corredores.