El conflicto institucional en la provincia de Buenos Aires escaló a niveles explosivos tras la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil.
La decisión de la magistrada Marta Elba Pascual de frenar por 60 días la aplicación de la norma aprobada por el Congreso Nacional desató una ola de indignación y acciones legales inmediatas. La ONG Usina de la Justicia, representada por el abogado Fernando Soto, formalizó una denuncia penal acusando a la funcionaria judicial de cometer graves delitos y de avasallar la división de poderes del Estado.
usina de la justicia va a la carga: abusos, usurpación y reclamo por las víctimas
La organización civil arremetió con dureza a través de sus canales oficiales y ratificó que no dejará pasar lo que consideran un «atropello». Según la presentación penal realizada, a la jueza se la imputa por los presuntos delitos de abuso de autoridad y usurpación funcional. Para la entidad, el fallo de la magistrada es «absolutamente arbitrario y contrario a Derecho», acusándola de arrogarse facultades legislativas al dejar sin efecto una ley de la Nación.
En paralelo, la ONG solicitó ser tenida en cuenta como querellante y pidió intervenir como amicus curiae en el habeas corpus que originó la traba. Desde la agrupación cuestionaron fuertemente que la jueza basara su resolución en «una hipótesis de futuro» referida al eventual hacinamiento de adolescentes en centros de detención. Al respecto, recordaron que la nueva normativa fija un tope máximo de 15 años para penas privativas de la libertad, prohíbe la prisión perpetua e incorpora de forma explícita un abanico de medidas alternativas a la cárcel que fueron ignoradas en el fallo.
audiencia clave y un pedido masivo de juicio político
El polémico fallo de Pascual fija una audiencia para el próximo 16 de septiembre a las 10 horas. En dicha cita, funcionarios de las áreas bonaerenses de Seguridad, Justicia y Niñez deberán presentar un informe exhaustivo sobre las acciones tomadas y previstas para adaptar la infraestructura al nuevo marco legal, instancia en la que Usina de la Justicia exigió estar presente para garantizar que se escuche la voz de las víctimas.
La embestida contra la jueza no se limita al plano penal: el mismo día en que se radicó la denuncia, la bancada de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires anunció oficialmente que impulsará un pedido de juicio político para remover a la magistrada de su cargo. De este modo, la controversia por la responsabilidad penal de los menores suma un capítulo decisivo en los tribunales.