Tras lograr una contundente media sanción de 237 votos en Diputados, La Libertad Avanza apura el debate para convertir en ley permanente la protección a prestadores y beneficiarios.
Luego de cosechar una aplastante mayoría de más de dos tercios en la Cámara de Diputados —con 237 votos a favor,apenas nueve rechazos y cuatro abstenciones—, el proyecto denominado «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad» ingresó formalmente al Senado de la Nación.
El triunfo del ala política y la estrategia de Bullrich en la Cámara Alta
La presidenta de la bancada oficialista de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, busca acelerar el tratamiento para votarlo y convertirlo en ley de manera definitiva durante el próximo mes de noviembre. La iniciativa representa una victoria del ala política del Gobierno, impulsada por las diputadas Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Gisele Castelnuovo, quienes junto al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, negociaron los consensos frente a las resistencias iniciales del sector económico conducido por Luis «Toto» Caputo.
El impulso parlamentario cobró fuerza tras la profunda indignación surgida cuando el Poder Ejecutivo incluyó en el borrador del Presupuesto 2027 cláusulas que buscaban desmantelar el sistema actual, derogando el nomenclador único,suprimiendo la actualización de aranceles por inflación y eliminando la compatibilidad del beneficio con el empleo formal.
Tras la intervención de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y del diputado con discapacidad auditiva Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), el texto se reencaminó. Para la discusión que se avecina en la Cámara Alta, Bullrich contará con el acompañamiento clave del senador cordobés Luis Juez, figura fuertemente comprometida con la causa.
Beneficios permanentes, financiamiento garantizado y auditorías
La norma proyectada replica casi en su totalidad las conquistas de la Ley de Emergencia 27.793, pero le retira la condición de transitoriedad para transformarla en una legislación de orden público permanente. El texto ratifica que los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán conservar su pensión no contributiva (equivalente al 70% de la jubilación mínima) aun cuando accedan a un empleo formal o monotributo, con un tope de ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles. Además, se blinda la cobertura médica del Plan Federal Incluir Salud, se garantiza el nomenclador único y se establece la indexación automática periódica de aranceles atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En el aspecto económico, la ley fija de forma estricta que la asignación presupuestaria destinada al Ministerio de Salud para esta área no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. Asimismo, se dispone un esquema de auditorías periódicas cruzando datos con ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo. Finalmente, el articulado incluye una cláusula transitoria que exige un cronograma para saldar las compensaciones atrasadas a los prestadores dentro de un plazo de 30 días tras su reglamentación. Se especula con que la norma pueda alcanzar incluso la unanimidad en el recinto.