Un durísimo cruce institucional sacude a la provincia tras un millonario golpe al crimen organizado.
Luego de un histórico procedimiento que desarticuló una red delictiva, el gobernador Ignacio Torres apuntó sin piedad contra sectores del Poder Judicial, denunciando que las decisiones laxas de ciertos magistrados terminan favoreciendo la impunidad, alimentando la reincidencia y frustrando el trabajo de las fuerzas de seguridad.
«Actúan como sindicato de presos»: duras críticas tras incautar 2.000 millones en droga
Las contundentes declaraciones del mandatario provincial tuvieron lugar durante la inauguración del Centro de Monitoreo Inteligente de Trelew. Allí, Torres vinculó sus críticas directamente con un megaprocedimiento antidrogas concretado en Comodoro Rivadavia, donde la Policía incautó sustancias ilícitas valuadas en más de 2.000 millones de pesos a familias con décadas de historial en el narcotráfico. El gobernador remarcó que las investigaciones ya identificaron conexiones logísticas en Buenos Aires y La Plata, exigiendo una respuesta judicial ejemplificadora junto a la Justicia Federal y Prefectura.
El mandatario apuntó contra la «doctrina garantista» impulsada en su momento por Eugenio Zaffaroni por victimizar al delincuente y dejar de lado a la ciudadanía. «Si veo que un juez actúa mal o ejerce su rol más como un sindicato de presos que como alguien que tiene que velar por la justicia, lo voy a decir», aseveró con crudeza, añadiendo que los jueces deberían dejar el anonimato y responder ante la sociedad cuando liberan a criminales peligrosos.
Transparencia y nombres propios: «El problema no es la Justicia, son algunos jueces»
Lejos de retroceder frente a las repercusiones, Torres ratificó su postura y aclaró que no ataca a la institución judicial en su conjunto, sino a decisiones puntuales que ponen en riesgo la seguridad pública. Aclaró que si bien cree en la reinserción social, la prioridad absoluta debe ser meter presos de inmediato a quienes delinquen para proteger a los vecinos de bien.
«Tenemos derecho a saber quién es responsable de haber dejado suelto a un violador, a un asesino o a un narcotraficante que después vuelve a delinquir«, concluyó de forma categórica, prometiendo seguir exponiendo públicamente cada resolución que atente contra el bienestar de las familias chubutenses.
