El Ministerio de Economía confirmó la venta del 90% del paquete accionario estatal de la empresa de agua y saneamiento a través de la Resolución 1818/2026. El contrato prevé una concesión a 30 años y desembolsos multimillonarios para infraestructura.
El Gobierno nacional concretó un nuevo paso en su programa de reformas y transferencia de activos públicos al adjudicar la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La venta del 90% de las acciones en manos del Estado nacional se oficializó por un monto total de u$s340,2 millones, según lo establecido en la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial.
La adjudicación recayó en el consorcio empresarial conformado por las firmas Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA. Dicho grupo se impuso en el proceso licitatorio frente a la propuesta competidora encabezada por el grupo Roggio, que había presentado una oferta de u$s285 millones por el mismo paquete accionario.
La resolución fijó el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para la firma formal del contrato de compraventa, instancia a partir de la cual se procederá a la transferencia de los 135.000 títulos ordinarios Clase A. El 10% restante del capital accionario de la compañía continuará bajo el esquema del Programa de Propiedad Participada en manos de los trabajadores.
La determinación de la comisión evaluadora de volcarse por la oferta ganadora se concretó tras expirar el periodo normativo de impugnaciones. Asimismo, los dictámenes oficiales confirmaron que los valores ofertados resultaron razonables en comparación con la tasación técnica efectuada previamente por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Plazos de concesión y el plan de inversiones obligatorias
La privatización de la distribuidora de agua potable y saneamiento del Área Metropolitana de Buenos Aires quedó encuadrada bajo un marco legal habilitado a partir de la aprobación de la Ley Bases y los decretos reglamentarios emitidos por el Poder Ejecutivo.
El contrato stipula las siguientes condiciones operativas y financieras:
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Periodo de concesión: Otorgamiento del servicio por un plazo de 30 años.
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Inversiones en infraestructura: Para el quinquenio comprendido entre 2027 y 2031, el pliego contempla desembolsos obligatorios por un total de $2,89 billones (calculados a valores de diciembre de 2025 y sin incluir IVA).
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Metas de calidad y expansión: El nuevo operador privado estará obligado a cumplir metas prefijadas de cobertura de red de agua potable y cloacas bajo el control periódico de las autoridades reguladoras. El marco contractual contempla sanciones ante eventuales incumplimientos graves o reiterados.
Con este paso, el Poder Ejecutivo nacional suma un hito clave en su agenda de privatizaciones de empresas del Estado.