El exdiputado provincial Eduardo Conde presentó una acción de amparo en la justicia para suspender la licitación pública para privatizar la Dirección de Rentas, impulsada por el gobierno de Mariano Arcioni.
En la presentación, Conde explicó que busca “promover la presente acción de amparo, a fin de que el tribunal declare la inaplicabilidad e invalidez de la resolución emanada por el Ministerio de Economía y Crédito Público del Gobierno de la Provincia del Chubut, por cuanto lesiona en forma inminente, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos expresamente reconocidos por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los Tratados Internacionales”.
Y solicitó que “se disponga preventivamente la suspensión de la vigencia de la norma impugnada, y de todos los actos administrativos en proceso de ejecución”.
Según el exdiputado “el Ministerio de Economía, por vía de una resolución hace la convocatoria a licitación pública, arrogándose atribuciones que le exceden claramente, tanto en orden a la indelegabilidad de la materia tributaria como respecto de su capacidad funcional para tamaño emprendimiento que compromete cuantiosos recursos del erario provincial”
“Pero, además, no existe previsión presupuestaria, que emerja elocuente del acto administrativo cuestionado. Así las cosas, deviene elocuente la sucesión de lesiones al orden legal y constitucional que nos rige, imponiéndose en el caso dejar sin efecto la resolución impugnada y los actos que se dictaron y a dictarse, en su consecuencia”, solicita Conde a la Cámara de Apelaciones.
El 12 de abril pasado, el gobernador Mariano Arcioni y el Ministro de Economía, Oscar Antonena, publicaron el llamado a licitación pública para privatizar Rentas, acto que se realizará el próximo 28 de abril y por el que el gobierno abonará $ 15.840.000.000.
“Entre las groseras transgresiones que acontecen en el caso de autos, el Ministerio de Economía no ha difundido el pliego de condiciones de la licitación pública, disponiendo su reserva en sobre cerrado. No hemos tenido acceso a tamaña información que desde luego refuerza la irregularidad del suceso que nos ocupa”, denunció Conde.
“También corresponde tener presente la brevedad de los plazos estipulados por las autoridades del Ministerio de que se trata, que ha formulado el llamado a licitación pública en la publicación del Boletín Oficial, el pasado 18 de abril previendo la apertura de sobres el próximo 28 de abril. Tan solo diez días para tamaño proceso licitatorio”, adviertió.
“No sé si ha reparado el tribunal la envergadura económica de la contratación que se pretende llevar a cabo. Estamos hablando de una suma de dinero, que, convertida a la moneda extranjera, representa la cantidad de DOLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS MIL (U$S 73.700.000) a la fecha de presentación de la demanda”, destacó.
Conde resaltó que “este año la Provincia debe desembolsar la cantidad de CIENTO VEINTE MILLONES DE DOLARES (U$S 120.000.000) por la deuda externa generada a través del BOCADE, y está pensando en malgastar una suma que representa casi un veinte por ciento (20%) del ingreso por regalías petroleras. Imagínense la cantidad de obra pública que el Estado puede realizar con esos recursos: Escuelas, viviendas, hospitales, caminos, seguridad, entre tantas cosas”.
El exdiputado afirmó que realizó la presentación porque “me agravia la violación al orden constitucional, debiendo el Estado asumir el costo político de sus yerros y buscar soluciones coyunturales, pero jamás contrariar nuestros principios superiores, acudiendo a remedios peores que la enfermedad”.
