El juez de Familia de Rawson, Martín Alesi, redactó un proyecto para modificar la Ley XV N° 12 de Protección contra la Violencia Familiar.
Según explicó en su cuenta de Facebook, la iniciativa será impulsada en Legislatura por la intendente capitalina, Rossana Artero, que lo invitó a redactar los cambios.
La iniciativa brinda a los jueces el poder de adoptar duras sanciones para los violentos.
Por ejemplo, prohibir su ingreso a un radio no menor a 10 kilómetros de la localidad en que resida la víctima, cuando ponga en peligro su vida o integridad personal.
Ante hechos de violencia verificados, o si el imputado incumple medidas dispuestas, el juez podrá, de oficio o a pedido de la víctima, aplicar una multa de hasta 50 salarios mínimos, vitales y móviles, en beneficio del Servicio de Protección de Derechos.
También podrá obligar al agresor a prestar servicios a favor de la comunidad o del Estado por un plazo de hasta 2 años; arrestarlo durante 90 días en recinto policial y hasta deportarlo de Chubut por un 1 año, en casos de violencia grave.
El proyecto de Alesi incluye echar al agresor de la planta permanente o transitoria de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de los municipios que adhieran a la ley, y de los entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado.
También podrían disponerse inhabilitaciones automáticas para toda concesión, habilitación, licencia o permisos, de cualquier clase, que deban tramitarse ante el Estado provincial y municipal o a los entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado.
Los agresores tampoco podrán tener contratos con los Estados provincial, municipal, ni entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado.
Si el proyecto prospera, tampoco podrán tener vínculo comercial o financiera con el Banco del Chubut ni ser adjudicatario, transferir o ceder viviendas que hayan sido construidas o financiadas por la Provincia.
Otras sanciones propuestas son la prohibición de ser magistrado, funcionario o empleado en el Poder Judicial; ni de obtener planes de pago, quitas o financiaciones de deudas por impuestos, tasas u otra deuda por cualquier otro concepto con el erario público.
El incumplimiento de las sanciones de multa o prestación de servicios dará lugar al arresto.
Se agrega un artículo según el cual hasta que el fuero penal intervenga en el caso, y si hay una urgencia comprobada, el juez de Familia podrá proceder al arresto inmediato por hasta 10 días en sede policial.
Además, los agresores no podrán ser beneficiados con la suspensión del juicio a prueba, se trate de violencia de género o maltrato familiar, incluyendo la desobediencia.
Desde Facebook, Alesi pidió: “No esperemos un femicidio. Es una ley con sanciones durísimas contra el desobediente, inéditas en el país y en Latinoamérica”.
Y adelantó que hoy la intendente Artero la presentará en el parlamento “solicitando su inmediata aprobación sobre tablas”.
“Me hubiera gustado que la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia se diera cuenta del horror, la impotencia y la tragedia que viven las mujeres, y se pusiera a la cabeza de estas iniciativas, asumiendo el liderazgo que debiera tener”, acotó el magistrado.
“Estoy convencido, más que nunca, de que la política judicial de esta materia tiene que ser impulsada por los poderes políticos de la provincia y no por ciertas estructuras de la justicia”.
Alesi sólo rescató al ministro Alejandro Panizzi, el procurador general Jorge Miquelarena y el defensor público Ricardo Nassif, “y tantos otros que trabajan en silencio, con vocación y empatía con las víctimas”.
“Ser mujer en Chubut, y en particular en Rawson y Trelew –insistió-, es vivir con el riesgo de ser lesionada gravemente, sin consecuencias penales para el agresor, porque gran parte del fuero penal de esta zona tiene una mirada condescendiente con el victimario, como si se tratara de un enfermo que precisa un tratamiento en pos de una cura”.
En su posteo, el juez se mostró “convencido” de que muchos violentos pueden tratarse y desactivar su violencia “con el auxilio de dispositivos terapéuticos que tenemos disponibles”.
“Pero no nos engañemos, el porcentaje de éxito es realmente mínimo. Cuando los tratamientos fracasan y la violencia persiste, hace falta mano dura, para que el agresor sienta los límites que debiera poner el Poder Judicial, y cese finalmente con su conducta.
Esta ley, espero, contribuirá a disminuir la zona liberada para la violencia de género en que se ha convertido el Valle del Chubut, y nunca más una mujer tenga que exiliarse para protegerse”, concluyó.
