La Oficina Anticorrupción de la provincia lleva adelante una investigación preliminar para determinar el destino del dinero utilizado en el marco de la ley de emergencia de febrero del 2015 para atender el voraz incendio generado en Cholila.
El fiscal adjunto de la Oficina Anticorrupción Mario Romeo habló con FM SOL y explicó los datos que tienen en el marco de la investigación, los que fueron remitidos al Ministerio Público Fiscal. Las causas son instruidas por el Fiscal Jefe de Lago Puelo, el Dr. Oro y por el Fiscal Díaz Meyer.
El fiscal advierte que existieron millonarias compras destinadas a asistencia durante la emergencia declarada por el incendio, que no aparecen justificadas o no llegaron a destino.
«Cómo no nos va a llamar la atención que compran $48 mil pesos en latitas de atún en un comercio pequeño de la zona que no tenia capacidad para proveer ese volumen” dio Romeo. Creemos que es un llamado de atención y debemos mirarlo afirmó el abogado. “A su vez, habían sido proveídos de alimentos por una casa de comidas por lo que esa superposición de compras hay que investigar”, dijo el fiscal anticorrupción adjunto.
Para Romeo, en nombre de la asistencia por la emergencia hubo abultados montos en compras que rondaron los 8 y 10 millones, y se adquirieron no sólo a mayoristas sino también a comercios pequeños de la zona.
Entre los números más irregulares hay 600 mil pesos en neumáticos, 48 mil pesos en latitas de atún, 300 mil pesos en colchones, además de fardos, forrajes y otros rubros que no está claro si fueron utilizados para el destino consignado.
Las sospechas recaen sobre dos funcionarios que se desempeñaron en aquél momento. Uno es el ex Ministro Coordinador Juan Garitano desde donde se habilitaban las compras y el otro es el ex Director de Defensa Civil de aquél momento, Evaristo Melo.
El fiscal Romeo comentó a FM SOL: “Lo único que hicimos nosotros es pedir informes para tratar de determinar qué cantidad de personas estuvieron afectadas por el incendio para ver cuánto pudieron haber consumido de todo lo que se adquirió”.
Además consignó que la denuncia fue radicada en febrero-marzo y desde ese momento se han ido tomando medidas en la etapa preliminar. “Si está todo en orden solamente pedimos que exista una resolución que diga “esto se utilizó de esta manera”, porque la declaración de emergencia agiliza los procesos pero no evita que deban rendirse cuentas sobre el destino de los fondos”.
El fiscal concluyó: “Es necesario algún ordenamiento normativo o protocolo de actuación en una emergencia para que estas cosas no se repitan”.
EQS Notas
