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Quién es Federico Massoni, el posible candidato denunciado por coimas en Chubut se pregunta el medio nacional Argentina Polìtica.

Para algunos personajes de la política chubutense el cierre de listas para los comicios legislativos es aún una incertidumbre. Sin embargo, sí hay certezas sobre los antecedentes de algunos de esos posibles candidatos, que en el caso del actual ministro de Seguridad provincial se asemeja a un prontuario.

Con un pasado “flojo de papeles” y un presente que lo encuentra “huérfano” en términos partidarios, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, amaga una vez más con ir a las urnas para llegar al tan ansiado Congreso.

Sin embargo, a pocas horas de la oficialización de los candidatos, el actual funcionario provincial se encargó de derrumbar todas las estructuras que podrían sostenerlo en esa carrera quebrando un acuerdo casi cerrado entre el oficialismo provincial en cabeza del gobernador Mariano Arcioni y un partido local, el Partido Independiente del Chubut.

Respecto a lo primero, hay pruebas contundentes que arrojan a Massoni a lo más oscuro del ámbito judicial de la provincia, lo que podría convertirlo en el primer aspirante a representar a Chubut con deudas frente a la Justicia.

El caso judicial que involucró al actual ministro se remonta a los años en que era “un refugiado” tras la derrota del ex gobernador Martín Buzzi, en cuya gestión también encabezó una cartera ministerial. En ese entonces, Massoni se mantuvo lejos de la escena pública desempeñándose como asesor de una diputada provincial de facción pejotista, Cecilia Torres Otarola.

En el 2016, cuando Otarola apenas había asumido, el diputado provincial Jerónimo García acusó a Massoni ante el Ministerio Público Fiscal de Chubut de haberle pedido “un terreno y 150 mil pesos”, para que la diputada que él asesoraba aprobara el pliego de los aspirantes al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.

García, en ese entonces jefe de bancada del oficialismo provincial que impulsaba las designaciones de los Ministros de Justicia, se presentó ante la Justicia chubutense, alegando tener pruebas de lo denunciado, incluidas filmaciones, que daban cuenta del grave episodio. Pese a ello, el caso no prosperó y para algunos hasta quedó en el olvido.

Ahora, Massoni teme enfrentar una campaña electoral con más enemigos que votantes. En el intento, además, sabe que encuentra dificultades para resistir un archivo, acción que podría dejarlo definido como «un corrupto más de la casta política provincial», según señalan fuentes que caminan hace años la política chubutense. Un terreno peligroso, en el que la memoria de los votantes condena más que la propia Justicia.

Darìo Fernàndez Periodista de Investigaciòn- Federico Massoni el perdedor del juicio

Massoni condenado a pagar más de medio millón de pesos por perder una querella que él le hizo a dueño de sitio web

La jueza Penal María Tolomei condenó ayer a pagar casi medio millón de pesos al ministro de Seguridad de la provincia Federico Massoni, al fallarle en contra en una querella que el mismo Massoni le inició al dueño de un portal de noticias de Chubut, ofendido porque en una sucesión de publicaciones lo criticó e involucró en presuntos manejos espurios con dinero del Estado chubutense.

El ministro denunció a Darío Fernández, responsable del portal Cholila Online, acusándolo de haberlo calumniado. Fue de la misma manera en que lo hizo el subjefe de Policía Néstor Ángel “El Tero” Gómez Ocampo y, curiosamente, ambos perdieron.

Gómez Ocampo deberá pagarle el abogado a Fernández y también abonar los gastos que originó en la Justicia a raíz de su querella y de igual manera ahora sucederá con Massoni, quien tendrá diez días hábiles para cumplir con la sentencia de la jueza Tolomei.

¿Cuánto tiene que pagar Massoni? Es más de 540.000 pesos; entre su abogado, el letrado patrocinante de quien querelló y los gastos que causó en la Justicia. La pregunta que se hacían ayer en los tribunales es si el dinero saldrá de su propio peculio ¿o sacará plata de las arcas provinciales?

¿Qué artículos o publicaciones ofendieron al ministro y provocaron su denuncia?  

Los enunciados que fueron debatidos en la querella y que están transcriptos en el fallo de la jueza Tolomei son los siguientes: “Arcioni, Massoni y Antonena observados por 3 millones de dólares”.

“Arcioni, Massoni y Antonena serían quienes estarían aprovechando la crisis para –mediante la colocación de letras y endeudamiento– quedarse con algunas comisiones de comisiones” y el restante: “…en la política de Chubut se mira con cierta duda la colocación de letras y emisión de deuda y más deuda que dejan suculentas comisiones legales, pero de ahí desprendería las comisiones ilegales”.

Si bien la jueza no lo pone explícitamente en su resolución, aquí se evidenciaría la comisión de delitos contra el estado chubutense que ningún fiscal se ha puesto a investigar, hasta el momento.

Para el responsable del sitio web demandado Darío Fernández ayer fue un día histórico y en un audio que compartió en su red social dijo lo siguiente: “En este día tan especial, en el ´Día del Periodista´; quiero hacer una reivindicación al verdadero periodista, a aquel que no calla, que afronta la persecución de un estado, del Poder Judicial, del (poder) mediático (oficialista). De los grupos económicos”.

“Hay muchos nombres para dar de periodistas mercenarios que han vendido su dignidad por dinero de pauta oficial y también por dinero de la caja negra de la política”, denunció.

“En este día que es histórico para nosotros –agregó después–, hemos demostrado quienes hacemos periodismo a través de ´Cholila Online´ que sí se puede. Que es posible la libertad de prensa y de expresión aun siendo perseguidos por el Estado y por todo un aparato desplegado en contra nuestra”, afirmó.

“La verdad sin vueltas de Cholila Online ha triunfado y sepan todos ustedes que nuestra página ha sido objeto de atentados, hoy la hemos recuperado, y en la próxima semana volveremos a publicar datos muy interesantes de quienes atentaron contra la libertad de prensa y de expresión en Chubut”, anticipó Darío Fernández, luego que se conociera el fallo que lo absolvió en la querella que le inició Massoni.

En horas de la mañana del día de hoy, el sitio web de cholilaonline.ar y todas sus redes sociales fueron atacadas por hackers malintencionados que tomaron temporalmente el control de las mismas. Con el pasar de las horas el ataque fue mitigado, sin embargo, algunas cuentas continúan en manos de los hackers, quienes comparten contenidos falsos y difamatorios contra el equipo de cholila online. Esperamos solucionar definitivamente este problema en las próximas horas, muchas gracias.

Máximo Pérez Catán presidió ayer una reunión por zoom de Chubut Somos Todos en la que se debatió sobre el presente y el futuro del partido rumbo a las próximas elecciones.

Hubo fuertes cruces sobre el posicionamiento del Chusoto con respeto al gobierno de Mariano Arcioni y las candidaturas. Participaron entre otros referentes la diputada nacional Rosa Muñoz, la diputada provincial Graciela Cigudosa, el ministro de Turismo, Néstor «Quique» García, el ex intendente de Trevelin Omar Aleuy, y el dirigente de Trelew Jorge Etchepareborda.

Para sorpresa de muchos, Pablo Das Neves pidió participar como un afiliado más aunque no había sido convocado. Rompió el silencio después de una larga ausencia al entender que había llegado el momento de decirle «cara a cara» a Máximo Pérez Catán y demás referentes lo que piensan no solo él sino muchos compañeros de militancia que «están incómodos y quieren alzar la voz».

«Creamos este partido porque desde el Gobierno Nacional nos cerraron la puerta. El Partido Justicialista nos proscribió, y creamos esto para defender los intereses de la provincia, no esperar a que nos llamen por teléfono de Buenos Aires y actuar en consecuencia. Hoy ni siquiera somos delegados. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A perder una elección? Perdámosla pero con la frente en alto y construyamos para el 2023», sostuvo en un encendido discurso.

 SIN MONJES NEGROS

Pablo Das Neves le pidió a la conducción partidaria que abra los canales de participación a la militancia. «Es bueno decirse las cosas cara a cara, por eso quería participar y sé de muchos compañeros que también tienen ganas de alzar la voz. Yo te pido Máximo (Pérez Catán) que abras las instancias dentro del órgano partidario para que se manifiesten todos los militantes sin miedo, sin que haya monjes negros -que algunos parece que no están ahora- tomando listas porque nunca corrimos a los compañeros».

En la intervención de Pablo Das Neves no faltaron pases de factura por el rumbo que tomó el partido desde el fallecimiento del ex gobernador Mario Das Neves. «Los mismos compañeros que estaban en las listas que nosotros militábamos nos daban la espalda, nos trataban de delincuentes ante silencios cómplices. Comparto que tenemos que buscar candidatos propios, no que vengan y que nos pongan con un dedo», sostuvo.

¿SOMOS EL PARTIDO DEL GOBIERNO?

En esa línea, Das Neves marcó diferencias con algunas políticas puntuales del gobierno de Arcioni. «¿Somos el partido del gobierno? ¿el partido de la minería? cuando nos cansamos de decir que no lo éramos ¿Somos el partido que agarra y aprieta a los pibes en la calle? Avísenme», se despachó.

También planteó que no puede ser que el partido ni siquiera tenga propuestas propias para llevarle a la gente en estas legislativas.

«¿Somos un apéndice esperando unos días antes con qué partido mayoritario vamos a formar una alianza, y que nos digan quién va a ser el candidato? ¿Y esperando que nos hagan el listado de nuestras propuestas? ¿Y diciéndole a la gente una cosa y a los tres meses cambiando la postura? ¿Eso somos? No creamos este partido para eso y todos los que están acá lo saben», concluyó.

Son reclusos que están purgando condenas por homicidio, robo y abuso sexual, por ejemplo, alojados en las Alcaidías de Comodoro y Trelew, en el centro de detención que está situado al lado de la seccional Tercera de esta ciudad y en el Instituto Penitenciario Provincial ubicado camino a Madryn, en donde este viernes terminaron de vacunar a todos los detenidos.

La medida no ha caído para nada simpática en la ciudadanía teniendo en cuenta que se ha denunciado que algunos de los que han recibido la vacuna “no son de riesgo” o son muy jóvenes y que afuera de las cárceles hay gente que tiene enfermedades graves o son adultos mayores y todavía no han recibido ninguna dosis.

En principio solo se iban a vacunar a 60 internos alojados en distintos lugares de la provincia, porque serían personas con riesgo, con alguna comorbilidad y/o mayores, pero parece que por la falta de control a esos 60 se les sumaron 40 detenidos más que también fueron vacunados, según se afirma en un informe que ha circulado en las últimas horas por distintos medios, incluso con los nombres de los que recibieron la primera dosis de la vacuna.

Del total de la población carcelaria que está distribuida en distintos centros de detención de la provincia, hay que destacar que al menos unos 30 presos no han querido recibir la vacuna.

Una jueza que integró el tribunal que juzgó el caso “Revelación” consideró que las penas que pidió el fiscal para los exfuncionarios dasnevistas fueron “exiguas” (insuficientes) y “desproporcionadas” en relación a la cantidad y al tipo de delitos que cometió cada uno y advirtió que la sentencia “posiblemente cause una cierta perplejidad (duda, desconcierto) social”.

En efecto, si hay un responsable de que las condenas no hayan sido ejemplares y ajustadas al daño que estos sujetos le causaron no solo al Estado sino a todos los ciudadanos de Chubut, ese es el fiscal Marcos Napoli y la jueza Ivana González, en su voto, supo interpretar lo que hoy está reclamando la sociedad: primero, que devuelvan los millones que se robaron y después que vayan todos a la cárcel pero con severas penas.

Porque, al final, los únicos que van a terminar quedando presos tanto por este como por el otro caso de corrupción, el del “Embrujo”, van a ser Diego Correa, que fue sentenciado a cinco años y seis meses de prisión en esta causa y en la otra a diez. Y Diego Luthers condenado a tres años por “Revelación” y cinco por “El Embrujo”.

Vale aclarar que Víctor Cisterna que está condenado a siete años y seis meses por el caso “Revelación” consiguió esperar a que la sentencia quede firme con prisión en su casa, al igual que Alejandro Pagani y Martín Bortagaray, ambos sentenciados a cuatro años y ocho meses en la misma causa.

Después, Pablo Oca a quien le dieron tres años es muy probable que ni siquiera vaya un año a la cárcel, y que suceda lo mismo con Gonzalo Carpintero Paterson que fue sentenciado a la pena de tres años de prisión y a una multa superior a los 12 millones de pesos. Finalmente, el empresario Martín Castillo, el único quedó en el proceso de la casi decena de involucrados que hubo en su momento, fue condenado a la pena de un año de prisión de cumplimiento condicional.

También en la condena contra Gonzalo Carpintero le van a decomisar la lujosa mansión que se estaba construyendo en un loteo privado y exclusivo cercano al rio Chubut y el exministro de Economía Pablo Oca tendrá que pagar una multa de tres millones de pesos, que por ahí con el correr del tiempo termina siendo menos.

Pese al exitismo que le destacan los medios de la zona al fiscal Marcos Napoli el rol del acusador –por lo que se puede leer en el voto de la jueza Ivana González—dejó mucho que desear y originó suspicacias.

Es el mismo fiscal al que el diario Jornada del millonario sindicalista Héctor González, “El Toco” Walter García Moreno y “El Turco” Jorge Aidar Bestene; lo viene promocionando y tratando de instalar como candidato a ministro del Superior Tribunal de Justicia. ¿Tendrá algo que ver esto con su desempeño de acusador “blando” en la causa Revelación?

A continuación transcribimos la parte más sustancial del voto de la jueza Ivana González justamente en el fallo de ese proceso, en donde se refiere al rol del fiscal Napoli.

“Debo ya expresar aquí, con inocultable sorpresa”, dice la doctora González en su voto, “que el pormenorizado y bien fundado relato fiscal acerca de los numerosos ilícitos cometidos desde y contra el Estado y su precisa sindicación de los también numerosos intervinientes que actuaron bajo la impunidad de los más altos rangos de poder del Ejecutivo Provincial, en algunos de los casos, obtendrán como corolario de todo el juicio sustanciado -y por exclusiva petición de los acusadores- una respuesta punitiva que posiblemente cause una cierta perplejidad social”, advierte.

Y seguidamente explica: “En efecto, contra todo pronóstico –frente a las muy prolijas y sendas imputaciones efectuadas contra los aquí acusados-, salvo para el caso de Martín Castillo en que se peticionó una pena –a mi entender- excesiva o para el caso de Víctor Cisterna, Alejandro Pagani y Martín Bortagaray, en que dicha pretensión se ajustó fundadamente a los hechos imputados, al rol desempeñado y la lesividad verificada en cada uno de los nombrados, con adecuada contemplación de los agravantes y atenuantes tenidos en cuenta en cada uno de los tres casos, para los restantes condenados: debo reconocer que las he advertido como injustificadamente exiguas en función de la estricta relación que deben mantener -como dije antes- con la lesividad causada por los agentes y la proporcionalidad de las respuestas punitivas a aplicárseles, derivado todo ello del principio constitucional de culpabilidad”.

“Debo ser muy clara en esto -reflexionó la jueza–: no se trata de que “a mí” me resulten exiguas (que por cierto: también, pero eso es bastante intrascendente), sino que se aprecian “exiguas” a la luz de las propias consideraciones y valoraciones del propio Sr. Fiscal, que reseñé puntualmente párrafos atrás. Más aún, en los puntuales casos de Correa en relación a la pena requerida para Cisterna, y de Oca en relación a las penas solicitadas para Pagani y Bortagaray (ambas comparaciones, efectuadas en función de la cantidad de hechos y el tipo de participación o roles endilgados por los propios acusadores), se advierten injustificadas desigualdades”, indica la magistrada.

“Del mismo modo: al considerar el monto total estimado del enriquecimiento ilícito de Gonzalo Carpintero, la multa y el decomiso parciales solicitados resultan evidentemente poco significativos cuando, por ejemplo, se tiene en cuenta que a Oca se le impone la devolución total de los sobresueldos cobrados”, señala.

“Así, el fiscal acusó y obtuvo de este tribunal la condena del Cdor. Cisterna por encontrarlo acreditadamente organizador de la asociación ilícita en concurso real con un hecho de exacciones ilegales bajo la modalidad de concusión, todo lo cual suman en total 2 hechos delictivos. Por su parte, en relación a Correa, como organizador de la asociación ilícita en concurso real con dos hechos de exacciones ilegales en concurso real entre sí y, a su vez, en concurso real con 16 cohechos pasivos en modalidad de delito continuados y todos en calidad de autor, todo lo cual suman 19 hechos delictivos en total. Para ambos, tuvo en cuenta las mismas agravantes y atenuantes, aunque destacando benignamente la colaboración de Correa con la acusación y dando importancia negativa a los estudios universitarios y la larga y afianzada carrera política de Cisterna. Sobre esto, más allá de entender que el fiscal ha “sobreponderado” aquí la simple “no confrontación de los hechos acusados” por parte de la defensa técnica de Correa (lo cual, ni lejanamente se asemeja a la minuciosa explicación aportada por Lüters, acortando quizás hasta en muchos meses la investigación del caso), vemos que la imputación de Cisterna no sólo se halla íntegramente contenida en la de Correa, sino que a éste último se le agregan, nada menos que 17 hechos delictivos más”, detalla la doctora González en su voto.

“Esto mismo, –prosigue– lo vemos repetido para el caso de Oca en comparación con los casos de Pagani y Bortagaray, respectivamente, en que aparte de –nuevamente- “sobreponderar” el liso y llano reconocimiento del Cdor. Oca respecto de los 14 hechos por los que fue encontrado culpable (lo cual, nuevamente: no puede ni compararse con la efectiva y exhaustiva colaboración brindada por Lüters en la investigación), a los dos nombrados en segundo término, quienes fueron acusados por 4 y 6 hechos, respectivamente y con los mismos roles y grados de participación que Oca, les pidió penas significativamente más elevadas: en casi dos años más graves que la solicitada respecto de Oca y a quien, como ya se dijo, se le imputaron más del doble de hechos que a Pagani y Bortagaray”, agrega.

“Vale señalar aquí –subraya–, nobleza obliga, que también ha sido valorado positivamente para mensurar la pena de Oca su oferta resarcitoria de devolución de la totalidad de los sobresueldos ilícitamente cobrados. Aun así, las diferencias trazadas siguen resultando muy significativas, por cuanto quedó acreditado que Oca tuvo responsabilidad en bastante más que el doble de hechos delictivos que por los que deben responder Pagani y Bortagaray”, indica.

“Además, si comparamos la exigencia de devolución de la totalidad de los sobresueldos percibidos impuesta a Oca, con el decomiso y multa parciales solicitados para Carpintero, nuevamente: aparece latente la idea de desigualdad y desproporción. Más allá de que estas comparaciones me permiten graficar aquí con suma simpleza los desfasajes que advierto en materia de “igualdad entre iguales ante la ley” en relación a algunas de las pretensiones punitivas (concretamente: las de Correa, Oca y Carpintero), también me permiten advertir una considerable desproporción de sus montos punitivos en relación a la naturaleza de las múltiples acciones que desarrollaron los agentes, los medios empleados para ejecutarlas, la inconmensurable extensión del daño que las mismas causaron a la Provincia del Chubut e, incluso, como dijo el propio fiscal: hasta pervirtiendo el sistema democrático de gobierno, como asimismo la calidad de los motivos que determinaron a los actores a delinquir (políticos y económicos)”, sostiene.

En horas de la madrugada, con un corte de luz previo intencional en la zona, la Policía de Chubut desalojó el piquete de la asamblea autoconvocada en Ruta Nacional Nº3, que se manifestaba contra el rechazo de la Iniciativa Popular que busca prohibir la megaminería en la provincia, y por el retiro definitivo del proyecto de zonificación que impulsa el gobernador Arcioni y el gobierno nacional.

El operativo, todo un show en función de sus intereses políticos electorales, estuvo encabezado por el fascistoide ministro de Seguridad, Federico Massoni, y el jefe de Policía del Chubut, Miguel Gómez. En un principio había llegado el comisario general Paulino Gómez (el mismo que durante los primeros meses de la pandemia se hizo famoso por un audio donde indicaba “salí a meter en cana a la gente”) quien se acercó con un acta al lugar, informando la decisión del juez Gustavo Lleral (el mismo de la causa de Santiago Maldonado) para ”habilitar el tránsito de personas y vehículos por la ruta”.

Además, se realizaron tres detenciones de activistas, por lo que se realizaba una concentración en la Comisaría 1° de Rawson, por su liberación inmediata: Florencia Canumil, Jonathan Filipo y Maira Nievas (los cuales fueron liberados al mediodía). Cabe señalar que las detenciones se dieron cuando la gente ya no estaba en la ruta. Ya se había decidido dejar el corte y los vecinos estaban en el estacionamiento organizado el regreso a sus casas.

El operativo fue ilegal a todas luces, y estamos hablando de complicidad entre el gobierno provincial y el nacional, ya que según el acta del juez Lleral que circulaba desde ayer temprano en los grandes medios pagos por las mineras como Jornada o El Chubut, la Gendarmería Nacional podía requerir el apoyo de otras fuerzas provinciales/nacionales para cumplir con la orden del juez, algo que en ningún momento se informó. Además, al momento del desalojo, no había ya ningún camión apostado en la ruta, si bien la policía asegura que ”había 200”.

Por acción o por omisión, el gobierno nacional “tercerizó” en el ministro Massoni (que podría llegar a ser candidato del Frente de Todos en las próximas elecciones) la represión de la lucha contra la megaminería en Chubut. Una vez más, queda demostrado que gobiernan para las mineras y los grandes capitalistas.

Ya se están organizando en toda la provincia movilizaciones en solidaridad con lxs compañerxs desalojados del corte en Trelew y los detenidos. El #NoEsNo lo conquistamos en las calles, con los métodos de la movilización popular.

La Unión de Asambleas de Comunidades de Trelew calificó de irregular, vil y despectiva la intervención de la Policía provincial . Trascendió que tres personas detenidas que fueron llevadas a la Comisaría Segunda de Belgrano y Colombia. El ministro de Seguridad estuvo supervisando la actuación policial. El intendente Adrián Maderna llegó al lugar y dijo que lo hizo para garantizar la integridad física de los vecinos.

El procedimiento tuvo lugar sobre las 4 de la madrugada de este domingo.

En su cuenta de Facebook, la Unión de Asambleas local relató que «En éstos momentos Ministerio de Seguridad de la provincia del Chubut se adjudica el desalojo de ruta 3…ruta nacional donde tiene jurisdicción Gendarmería. De hecho la orden librada por el juez daba cuenta de ello ordenando realizar este procedimiento a Gendarmería. No exhiben documentación donde éste organismo nacional solicita colaboración a Policía de Chubut…conclusión: todo irregular, de madrugada…de manera vil y despectiva. Como nos tiene acostumbrados el ministro Massoni y el gobernador Arcioni respecto del trato a los vecinos y su falta de diálogo. Todo por la fuerza…todo a espaldas y a traición al pueblo» señalaron.

En la misma red social, el Ministerio de Seguridad de Chubut publicó «La ruta Nacional Nro. 3 fue liberada por Policía del Chubut, APSV (Agencia Provincial de Seguridad Vial) trabaja para que se realice de manera segura.

Junto al texto incluyó los siguientes hashtag: #»MasSeguridad#MasOrden#MasRespeto#MasProgreso#FedericoMassoni

Ante los manifestantes se presentó el comisario general Paulino Gómez que dijo que tenía en sus manos el oficio 1096 del juez federal Guillermo Lleral «donde nos pide que garanticemos el libre tránsito , que no se impidiere, que no se viere restringido. Vengo por este medio a pedirles que colaboren con nosotros , que siempre vamos a recurrir a medios no violentos» y les dio 15 minutos para que «cesara la infracción».

Los manifestantes contestaron que se iban a retirar voluntariamente «porque sabíamos que podía ocurrir esto y no queremos conflicto», advirtiendo de la presencia de menores.

La Policía incautó las pancartas del No a la Megaminería que se exhibían en el corte y que acompañaban las marchas por las calles de Trelew.

Y apareció el «Socio» Ricardo Cobas, quien sería además «El Jefe» y el El Padrino político de la pseudo dirigente Adriana Gatica, como las llaman los trabajadores de Canal 7 autoconvocados.

Como dice el refrán, «hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño» y no tardó mucho en aparecer: RICARDO COBAS, quien seria el Ñoqui gremial que se habria acostumbrado a la teta del estado y a los fueros gremiales que por tal motivo lo mantienen en Buenos Aires con un cargo en el Sindicato Argentino de Televisión hace muchos años.

Ricardo Cobas

Cobas les habria manifestado a la comisión directiva del Sindicato en Chubut donde habría participado por zoom desde Buenos Aires, que de la subsecretaria de información pública Vanessa Abril se iba a ocupar él, que habría manifestado que es una funcionaria que no tiene peso político y muy fácil de manejar y sería un tema resuelto.

Vanessa Abril

«Esta piba me va a conocer»…» le pego una apretada que la dejo sin equipamiento, me llevó todos los equipos y vas a ver cómo van a hacer lo que le decimos nosotros»… El padrino Cobas estaría presionando a los distintos representantes del sindicato en las ciudades chubutenses para que apoyen a su socia Adriana Gatica, de lo contrario les recortaría el envío de fondos desde el Sindicato Nacional.

Adriana Gatica

Por otro lado, ya circula una nota de apoyo a los autoconvocados de Canal 7, con representantes de distintas ciudades de la provincia manifestando su repudio a este accionar del gremio tanto provincial como nacional, sumándose además el apoyo de algunos canales de la provincia de Santa Cruz acompañandolos y manifestando su malestar por el accionar del gremio televisivo de chubut.

El ex Intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, se refirió a los dichos del ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, en donde aseguró que fue Gustavo Mac Karthy quien “metió un delincuente a la fuerza policial”. “Rechazo las declaraciones de Massoni , desprestigiando el buen nombre de Gustavo y expreso el total respaldo del Partido Justicialista”, sostuvo.

En este sentido, señaló –a través de su cuenta oficial de Twitter-: “Qué bajo se puede caer con tal de buscar un lugar en un diario o un voto más”.

“Rechazo las declaraciones de Federico Massoni, desprestigiando el buen nombre de Gustavo Mac Karthy”.

Finalmente, Linares concluyó que “expreso el total respaldo del Partido Justicialista hacia Gustavo y su familia”.