Se aprobó por mayoría el proyecto de declaración presentado sobre tablas por el diputado del Bloque Chubut Somos Todos, Adrián López, rechazando la Resolución 20/2018 que, en forma transitoria y extraordinaria, decidió habilitar un recupero de las diferencias diarias acumuladas entre el precio previsto en los contratos y el reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución.
Se solicitó al Poder Ejecutivo Nacional la derogación inmediata de dicha Resolución que compensa económicamente a las empresas prestatarias como consecuencia de la variación de costos, sobre servicios que ya han sido facturados y abonados por los usuarios, violando el efecto cancelatorio propio del pago de una deuda. Es decir, que una vez que se efectúa el pago de la
factura equivalente a los consumos de esos períodos se extingue cualquier tipo de obligación entre las partes, para este caso, las empresas distribuidoras y los usuarios.
El legislador rawsense se refirió a la denuncia del fiscal Marijuán que investigará si el Secretario de Energía de la Nación incurrió en el delito de “Abuso de Autoridad” e “Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público” y al respecto, Adrián López calificó de “medida arbitraria” la decisión del orden nacional estableciendo el pago en 24 cuotas en compensación económica para dichas empresas prestatarias de servicio público de gas.
Lopez indicó que la medida se suma al incremento en el servicio de Gas de entre el 30% y el 35% que comenzó a regir el lunes 01 de octubre, “la Resolución no debe ni puede ser aplicada ya que va en detrimento del bolsillo de los usuarios residenciales y resulta nada más beneficioso a los sectores empresarios, y ningún país se sustenta con el bienestar asegurado de unos pocos por sobre el perjuicio de todos los demás”.
Protocolo anti piquete
Un amplio debate se generó con un pedido de informes presentado por el diputado del PJ-FpV, Blas Meza Evans para conocer los convenios celebrados entre la provincia con el Gobierno Nacional, si es que Chubut adhirió o no al protocolo de Bariloche, “sabemos que hay una Resolución que es copia a la de Bariloche. Hoy el debate político gira sobre los ajustes, sobre las exigencias del FMI, sobre el hambre. El Gobierno Nacional, en su presupuesto 2019 está recortando los beneficios a los ciudadanos y se incrementan las partidas en seguridad, previendo que la conflictividad social crezca”.
Por su parte, el diputado Gustavo Fita dijo que se quiere “demonizar” la protesta, “no se podrá festejar ni los partidos de futbol”.
En tanto, el diputado de Cambiemos, Manuel Pagliaroni recordó el conflicto de Cerro Dragón con la participación de la Gendarmería, que luego sufrieron un gran accidente a lo que el presidente del bloque del PJ-FpV, Javier Touriñan dijo que la gendarmería actuó en ese caso sobre la ruta nacional 26 y que la policía provincial dentro del Cerro.
Rechazo de las Cámaras
La diputada del PJ-FpV, Alejandra Marcilla presentó un proyecto de Resolución acompañando el rechazo de las Cámaras que nuclean a las pequeñas y medianas Empresas y de las Cámaras de Comercio e Industria del Chubut, sobre la creación de la Unión Industrial de la Patagonia (UIPA) en la ciudad de Bahía Blanca.
Indicó que las pequeñas y medianas empresas de Chubut desconocieron la representatividad de la Unión Industrial de la Patagonia (UIPA) impulsada por intereses empresarios de la ciudad de Bahía Blanca, “descartamos que los intereses de Chubut y del resto de las provincias que componen la Patagonia puedan ser representados por una entidad que no forma parte geográficamente de la región, ni comparte siquiera problemáticas en común”.
Medicación para abortos
La diputada Estela Hernández (PJ-FPV) presentó un pedido de informes al Ministerio de Salud sobre los motivos por el cual no hay comprimido Misoprostol (Oxaprost) para realizar abortos permitidos por ley en hospitales públicos, “es obligación brindarlos cosa que no sucede”.
También se refirió a las 620 personas que en Chubut reciben medicación para el HIV a través del sistema público de salud, por lo que plantea interrogantes cómo repercutirá en el nuevo presupuesto nacional y si la Provincia contempló dicha situación.
