Los abogados de Gianfranco y Franco Macri, hermano y padre de presidente Mauricio Macri, pidieron la suspensión de ambas indagatorias fijadas para mañana por el juez federal Claudio Bonadio por supuestos pagos ilegales que habrían existido en corredores viales de distintas autopistas.
Fuentes judiciales informaron que Gianfranco Macri a través de sus abogados pidió la prórroga de la audiencia fijada para mañana a las 10 de la mañana, en función que está en el exterior y recién llegará mañana por la madrugada.
En tanto, respecto a Franco Macri los abogados pidieron la suspensión de la audiencia al argumentar que el padre del presidente de la Nación está con graves problemas de salud por los cuales no está en condiciones de presentarse en declaración indagatoria.
Según precisaron las fuentes, junto con la notificación los abogados presentaron un certificado médico ante el juez dando cuenta del estado de Franco Macri y pueda que eventualmente se ordene algún peritaje para corroborar dicha situación.
Bonadio los citó junto a otros empresarios, entre ellos Eduardo Eurnekian, por el Acceso Norte y la firma Autopistas del Sol S.A y se les imputa haber pagado coimas por el acceso Oeste a través del grupo concesionario Oeste SA.
El listado de convocados comprende al empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingenieria, quien ya está procesado con prisión preventiva como miembro de asociación ilícita por pagos ilegales para acceder a obra pública.
Muchos de los procesados son citados nuevamente pues el juez Bonadio hizo desprendimientos de la causa madre y dividió las investigaciones vinculadas a pagos en el área del transporte, concesionarios viales o bien obra pública.
Por ello, son nuevamente citados los arrepentidos exfuncionarios Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y el exsecretario de Obras públicas José López, así como el exsecretario de transporte Ricardo Jaime y el exministro de Planificación federal Julio De Vido.
Las nuevas indagatorias fijadas se extienden hasta el próximo 27 de diciembre, tras lo cual cuenta con diez días para resolver la situación procesal.
Fuente: Jornada