Denunciado por Elisa Carrió y por el ex titular de la Unidad AMIA, Mario Cimadevilla, el ministro de Justicia, Germán Garavano, puso en duda su continuidad en un eventual segundo mandato de Mauricio Macri. «Cuatro años son realmente desgastantes y es un buen periodo para sentar las bases de las reformas», señaló Garavano, en referencia a ciertas iniciativas impulsadas durante su gestión. El funcionario se sumaría así a la lista de dirigentes de Cambiemos que ya tienen un pie fuera del Gobierno como el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó o el jefe del bloque PRO en Diputados, Nicolás Massot, quienes anticiparon su partida independientemente de la suerte electoral del oficialismo.
Si bien el Presidente lo ratificó en el cargo cuando a fin del año pasado la jefa de la Coalición Cívica presentó un pedido de juicio político en su contra, Garavano sufrió este año un nuevo golpe cuando en febrero Cimadevilla realizó una denuncia penal por el presunto intento de proteger a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, condenados la semana pasada a dos años de prisión por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Bajo las indicaciones de la conducción del ministerio de Justicia, la querella que representaba al Estado Nacional en la causa cambió su postura histórica y pidió la absolución de ambos, decisión que fue rechazada por el Tribunal Oral Federal 2.
Envuelto en varias internas de palacio, Garavano resaltó que no viene de la política y detalló que en su paso por la administración pública descubrió que hay «muchas mezquindades», «muchas mentiras» y «poca gente comprometida».
«Yo creo que estamos en un periodo de transición, nuestra Justicia tuvo durante mucho tiempo una muy fuerte influencia política y de otros sectores. El proceso de salida de esa situación generan peleas por parte de algunos que parece que están de un lado o del otro», consideró el ministro, repitiendo el libreto sobre la «independencia de poderes» que usó Macri durante la asamblea legislativa.
Entre otras cosas, Garavano defendió la baja en la edad de imputabilidad, iniciativa que Cambiemos quiere comenzar a debatir en el Congreso en pleno año electoral. A pesar de las críticas de jueces y especialistas en derecho penal, el ministro aseguró que con ese proyecto «se crea un régimen muy novedoso, que hace eje en la reubicación de los chicos para que salgan temprano del delito». «La mayoría de las personas detenidas tienen entre 18 y 25 años y el 80 por ciento de ellos cometieron delitos siendo menores y el Estado no hizo nada para ayudarlos», agregó.
Durante una entrevista en La990, Garavano explicó que lo que pretende hacer desde su Ministerio «son cambios que van a llevar tiempo», pero destacó la modificación de «algunas leyes de la organización» del sistema judicial y el cambio del Código Procesal Penal Federal «que va a comenzar a implementarse este año en el norte, en Salta, y luego en el resto del país». «Estos cambios hacen (que se las causas avancen) como en Estados Unidos, que los fiscales sean los que investiguen y que los jueces sean los que le pongan límites a los fiscales y sean el equilibrio», precisó.
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