El objetivo del Gobierno de bajar el gasto público, alcanzar el déficit cero y, de esa manera, cumplir una de las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene como víctima principal la obra pública. El ajuste en este rubro, que había arrancado a fines de 2018, tuvo su pico durante el segundo trimestre de este año (abril, mayo y junio), cuando el recorte del presupuesto destinado a la inversión pública alcanzó el 44,3% en términos reales respecto del mismo período del año pasado, publica el diario La Nación.
Un informe de la Oficina Nacional de Presupuesto (OPC), que dirige Marcos Makón, da cuenta de que durante el segundo trimestre de este año (el último con datos cerrados) se ejecutaron $41.984 millones (el 0,20% del PBI) en inversión pública. En el mismo período de 2018 esa ejecución alcanzaba los $47.827 millones (el 0,33% del PBI). Buena parte de esta caída obedece a una fuerte retracción en las transferencias de capital, las cuales se destinan mayormente a financiar obras de infraestructura en todo el país.
En el informe se observa, en efecto, que varias obras a las que se les habían asignado partidas en la ley de presupuesto de este año en junio presentaban montos disminuidos o directamente eliminados.
Durante el primer semestre de este año, de los 1129 proyectos de inversión con asignación presupuestaria, la mayoría tuvo recortes, algunos mínimos, otros más drásticos, según consigna el informe de la OPC. Esto afectó a la gran mayoría de las provincias, salvo la Capital, Buenos Aires, Mendoza y Santiago del Estero.
En cuanto al avance físico de estos 1129 proyectos de inversión, el informe da cuenta de que el 50,8% de las obras en ejecución presentan un grado de avance mínimo (menor al 20%) al cierre de 2018. No lo dice el trabajo de la OPC, pero una de las razones obedecería a que buena parte de esas obras son recientes y arrancaron durante el gobierno de Macri.
Hay un 16% de esas obras que, en cambio, muestran un grado de avance alto (superior al 80%). Las obras sin datos y las de avance medio-bajo (entre 40% y 60%) representan poco más del 10% cada una. Las obras con un grado de avance medio-alto (entre 60% y 80%) y bajo (entre 40% y 60%) explican poco más del 6% y del 5%, respectivamente, indica la OPC.
Los distritos con más obras
Durante los meses de abril, mayo y junio el 50% de ese gasto (unos $21 mil millones) estuvo concentrado en la región pampeana. «Esto se explica principalmente por el gasto en CABA (24,2% del total) y en la provincia de Buenos Aires (17,1%)», indica el trabajo.
Capital Federal, comandada por Horacio Rodríguez Larreta (Cambiemos), es, por lejos, la que mayor ejecución presupuestaria exhibió durante el segundo trimestre del año: devengó el 51,7% de su crédito vigente. Traducido, en el arranque del año electoral, el jefe de gobierno porteño y aliado del Presidente gastó la mitad de lo que se le asignó para obras públicas.
Detrás de la región pampeana, favorita en la asignación de recursos para inversión pública, figura la región del noroeste, con el 13,5% del total. En este lote sobresalen Salta (4,4%) y La Rioja (3,2%), detalla el informe. Tercera se ubica la región patagónica, con el 8% de los fondos: sobresalen Neuquén (3,2%) y Río Negro (2,5%). El nordeste concentra el 7,1% de los recursos y Cuyo, el 4,6%.
Por otra parte, el informe da cuenta de que, durante el segundo trimestre de este año, el 95,2% de la inversión pública estuvo concentrada en cinco organismos ejecutores: el Ministerio de Transporte (41,9%), el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (31,6%), las obligaciones a cargo del Tesoro (12,5%), el Ministerio de Educación (6,3%) y el Ministerio de Hacienda (2,8%). Las restantes 11 jurisdicciones explican el 4,8% restante del gasto de capital.
Desde el punto de vista del clasificador por finalidad-función, el gasto en inversión pública se concentró en dos finalidades: servicios económicos (52,9%) y servicios sociales (40,8%). En el caso de los servicios económicos el gasto se concentró en la función transporte (84,7% de la finalidad) y en el caso de los servicios sociales, en las funciones vivienda y urbanismo (44,5% de la finalidad), agua potable y alcantarillado (27,9%), y educación y cultura (14,8%).