El funcionario explicó que hasta ayer a la noche la cifra total era de 8.057, entre las cuales se encuentran 764 personas formalmente detenidas durante los 60.000 controles vehiculares llevados a cabo por Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal y las policías locales, en los que se secuestraron 369 rodados.
«Hay distintas situaciones, algunas pasan por quedarse retenido varias horas al costado de la ruta esperando el temperamento que siga la Justicia o que ordenen las fiscalías, y en el caso de que se ordene la detención, se lo lleva a una dependencia policial y se labran las actuaciones, y queda detenido el tiempo que eso lleve, que pueden ser desde seis horas hasta un día», precisó Villalba.
Además, señaló que «si la aprehensión se produjo en otro tipo de situación que configura resistencia a la autoridad o algún otro tipo de cuestión mucho más grave», la persona queda detenida «varios días hasta tanto la causa progrese».
Además, comentó que desde el momento en que se dispusieron las medidas de aislamiento obligatorio, la cartera de Seguridad debió «armar rápidamente todos los dispositivos para el control», mientras existía «una situación de la propia gente que todavía estaba tramitando sus pases y certificados que avalaran su tránsito por la vía pública».
«A partir del mediodía de ese mismo viernes, ya con todos los puestos de control establecidos y el trabajo en conjunto entre todas las fuerzas de seguridad federales, de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias, los controles se intensificaron y tuvimos resultados a partir del sábado», agregó.
Al ser consultado sobre posibles situaciones de tensión social en cuanto a los ciudadanos y las ciudadanas que se ven obligadas a salir de sus casas para trabajar, Villalba consideró que «evidentemente hay un sector cuentapropista, que vive de changas o está en negro, que es el que más va a resentir o sentir el no poder desplazarse», pero aseguró que «el Gobierno va a anunciar hoy algunas medidas respecto a esto para poder reforzar su situación económica».
Sin embargo, dijo que «la hipótesis de situaciones de violencia, saqueos o situaciones críticas, especialmente en el Gran Buenos Aires y en los centros urbanos del interior del país, es una hipótesis más dentro de las previsiones que nosotros hacemos en materia de seguridad».
«Estamos trabajando principalmente junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires y del resto de las provincias para prevenir esto y actuar en consecuencia, si esta situación se profundizara», concluyó.
