El Gobierno nacional presentará la semana próxima el proyecto de reforma judicial que busca ampliar el servicio de justicia con un reordenamiento del fuero federal, la puesta en marcha del sistema acusatorio y la conformación de un consejo asesor de notables como pilares de la propuesta.
«A principios de semana va a estar el Presidente (Alberto Fernández) anunciando la reforma judicial y enviando el proyecto» al Congreso, confirmó esta mañana el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en declaraciones a radio Del Plata.
El proyecto de ley, que doblaría los actuales 23 juzgados federales y los llevaría a 46 y fusionaría los fueros criminales (12) con los penal económico (11), seguirá en proceso de desarrollo durante el fin de semana, en un trabajo conjunto entre Presidencia y el Ministerio de Justicia que dirige la abogada Marcela Losardo.
El mismo Alberto Fernández está involucrado con la letra chica del proyecto y desde el Ejecutivo ratificaron que será el propio Presidente el que explique, en principio el lunes, el espíritu de la reforma que pretende devolver a la justicia la confianza social y dotar al fuero federal de su dinamismo perdido.
Si bien el proyecto se sigue trabajando, todo indica que no involucrará la composición de la Corte Suprema ni el fuero nacional, es decir, todo aquello que no entra en la órbita de la justicia federal.
«Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho», anunció Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento, el 1 de marzo de este año.
En ese discurso, el Gobierno prometió un «fuero federal penal» que pudiera actuar con mayor eficacia, y menos discrecionalidad, en los delitos contra la administración pública.
«Dejarán de estar (esas causas) en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados», dijo en aquel momento.
«Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido», definió Fernández ante la Asamblea Legislativa en su primera apertura de sesiones como Presidente.
Una de las claves para esa transformación es el consejo de notables que analizará el funcionamiento de las instituciones de la justicia como la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura o el Ministerio Público Fiscal.
En una entrevista con el diario Página/12 de la semana pasada, Fernández ratificó la voluntad del gobierno de formar ese consejo para «afianzar la administración de Justicia» que, según anticipó, lo asesorará durante 60 días y tendrá «mucha pluralidad» y «mucha seriedad académica».
En la agenda del consejo estará el juicio por jurados, que está contemplado en la Constitución Nacional desde 1853 pero se aplica solo en seis provincias; la integración numérica de la Corte Suprema, si está bien la actual conformación de cinco miembros o si debe llevarse a siete, nueve o más ministros; y revisar la figura del «arrepentido», cuya aplicación sobrellevó críticas por los usos políticos de esos testimonios.
En cuanto a la estrategia legislativa que seguirá el Gobierno, se anticipó en fuentes oficiales que la idea es que el proyecto ingrese por el Senado, en donde el oficialismo cuenta con mayoría y en donde la comisión de Justicia y Asuntos Penales, está presidida por el ex secretario General de la Presidencia y titular de la AFI, Oscar Parrilli.
La discusión parlamentaria que planteará el bloque oficial estará determinada por el concepto que lanzó el Presidente en la apertura de sesiones: «Los problemas de la Argentina no se resuelven con menos justicia sino con una mejor justicia».