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El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, confirmó que durante Marzo se va a lanzar una nueva edición del Programa Previaje de compras en turismo para viajes que se realicen entre Mayo y Junio, en la temporada baja. El Programa podría incluir también un acuerdo de precios, como en la edición anterior.

“Vamos a sacar un Previaje nuevo para la temporada baja, como el anterior. Era importante readecuar la herramienta que fue exitosa y que tuvo un gran consenso político y entre la gente, la usaron más de 6 millones de personas. Pero era importante readecuar la herramienta; no tenía un sentido un Previaje masivo para todo el año”, explicó el ministro -según publica Infobae-.

“Tenía sentido lanzarlo para temporada baja para seguir estimulando el turismo interno, que termina siendo una de las actividades que más empleo generó. Apuntalamos esta industria como una de las estratégicas para crecer; tenemos que tener un sector privado que tenga capacidad de invertir de generar empleo”, agregó Lammens.

El ministro destacó que la nueva edición del programa, que otorga créditos para gastar en el sector turismo por el 50% de la compras realizadas, le da un marco de previsibilidad a los empresarios. “Hace que se salga de la lógica del empleo de temporada que tiene el turismo, estamos logrando que la demanda de empleo sea estable todo el año”, señaló.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, encabezó este viernes en Mar del Plata el conversatorio «Nuestras Ideas». Criticó con dureza la cantidad de días de clase que hubo en la provincia.

En el Hotel Nuevo Ostende de Mar del Plata, se llevó a cabo este viernes un conversatorio político encabezado por la presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, titulado «Nuestras Ideas».

En su discurso, Bullrich hizo referencia a la Educación en nuestra provincia y criticó fuertemente el calendario escolar en el 2022: «En promedio hubo 60 días de clase por año y yo me pregunto, cuando lleguemos al Gobierno: ¿Vamos a decir que es un tema de las provincias? no, nos hacemos cargo e intervenimos la educación en Chubut», enfatizó.

«Había que hacer un enorme esfuerzo para fundir una provincia como Chubut. Acordémonos de (Arturo)Frondizi cuando hizo con Chubut un salto de calidad de la vida de los argentinos con el petróleo», expuso esta tarde.

El gobierno incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso la llamada Ley Lucio, que prevé la capacitación de funcionarios públicos en casos de violencia contra menores de edad, y que lleva su nombre en honor al nene de 5 años brutalmente asesinado en 2021 por su madre y su madrastra.

Así lo anunció a través del Decreto 45/2023, que fue publicado este jueves en el Boletín Oficial, que lleva las firmas de Alberto Fernández y el jefe de gabinete, Juan Manzur, y que se define como un “proyecto de Ley tendiente a crear el “Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

El proyecto ya cuenta con media sanción, tras ser aprobada por la Cámara de Diputados por 228 votos el 9 de noviembre del año pasado, por lo que el Senado podría finalmente convertirla en ley.

“El Presidente Alberto Fernández me acaba de comunicar que, cumpliendo con el compromiso asumido con los familiares de Lucio Dupuy, tomó la decisión de ampliar el temario de extraordinarias e incorporará el proyecto”, indicó a través de su cuenta de Twitter la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

Las sesiones extraordinarias están vigentes desde el pasado lunes 23 de enero, hasta el próximo martes 28 de febrero. Un día más tarde, el presidente dará un discurso en el Congreso con el que abrirá formalmente el período de sesiones ordinarias.

La Ley Lucio es uno de los 28 proyectos que el oficialismo intentará aprobar en las próximas semanas, y de entre los que sobresale el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, algo para lo que el gobierno no cuenta con los números necesarios, y que generó el rechazo de la oposición.

En tanto que el 2 de febrero la Justicia dará a conocer la sentencia contra la madre de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti, y su novia, Abigail Páez, que se encuentran acusadas por “homicidio calificado y abuso sexual” y podrían ser condenadas a cadena perpetua.

El Gobierno y el Sindicato de la Salud Pública siguen sin acordar mejoras salariales y laborales. Las partes se reunieron el viernes en conciliación obligatoria, pero lejos de consensuar aplazaron la discusión para este jueves 19.

El encuentro se concretó en la sede de la Secretaría de Trabajo, organismo que convocó a la conciliación para acercar a las partes, con la participación del ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala.

El gremio de los trabajadores de la sanidad reiteró su pedido de aumento salarial al básico del 50% para el primer semestre del año. A lo expuesto, el ministro de Gobierno, Cristian Ayala, señaló que se está trabajando en una oferta salarial general para todos los organismos y que se buscará mantener una línea similar en las negociaciones con los gremios.

Además, el Ejecutivo ofreció un 70% para las guardias activas. El SISAP lo declaró «insuficiente e inequitativo», ya que no contempla las guardias pasivas.

El gremio lamentó que en la reunión no pudo abordar la problemática que acarrea la falta de recurso humano, la desprecarización laboral, y los temas y fechas para discutir en la reforma del Convenio Colectivo de Trabajo.

Desde el SISAP cuestionaron que a la reunión no asistieron funcionarios del Ministerio de Salud. «Nos resulta llamativo y una falta de respeto», señalaron.

Además, señalaron que «no hubo ningún ofrecimiento relevante», ni tampoco «intenciones de abordar toda la problemática de reclamos». En la reunión del 19, SISAP solicitará además del mejoramiento de la oferta salarial, que se fije fecha para la paritaria convencional.

E insistieron en que están dispuestos al diálogo, pero que «sino dan respuestas, se vienen momentos muy difíciles para la atención pública en los hospitales a partir de febrero». Y advirtieron que las medidas de acción directa «van a proliferar».

La diputada nacional de JxC, Ana Clara Romero, arremetió contra la atención que brinda PAMI. “A los afiliados les faltan pañales, prótesis, atención médica y cirugías”, indicó.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, criticó duramente a la directora ejecutiva del PAMI del Gobierno Nacional, Luana Volnovich, tras decir en un vídeo en Twitter que este año convirtieron los Centros en puntos de encuentro para que los afiliados puedan alentar a la Selección Argentina. “Maneja un nivel de cinismo increíble. Este es el peor Gobierno de la historia”, sostuvo.

En este sentido, Ana Clara, manifestó: “A los afiliados de PAMI les faltan pañales, prótesis, audífonos, atención médica y cirugías”.

“Pero dicen que terminaron cantando ‘abuela lalala’ ¿Con cotillón que enviaron a los jubilados?”, dijo indignada la diputada nacional de JxC en su cuenta oficial de Twitter.

Finalmente, Romero concluyó: “Luana Volnovich maneja un nivel de cinismo increíble. Este es el peor Gobierno de la historia”.

El secretario gremial de la ATECh, Carlos Magno, habló sobre el reclamo docente de diciembre y la nota elevada al Gobierno Provincial y aseguró que “este problema de impacto que hubo en el sueldo de diciembre había sido advertido por ATECh a principios del mes, cuando se conoció la intención del Gobierno de aplicar la paritaria del 10 de noviembre, que fue controversial y no tuvo convalidación de ATECh”.

“Fue el único sindicato que no convalidó esa paritaria poniendo los reparos que luego se transformaron en este impacto negativo sobre el salario de buena parte de los docentes, de los que tienen un solo cargo o poca antigüedad”.

Magno señaló que “esto sucede porque esa paritaria incorpora una parte mínima del bono que se estaba pagando desde agosto, de 14 mil pesos de bolsillo de los cuales 4 iban a parar al básico e iba a traer aparejado que buena parte vea todo su salario”.

“Posteriormente cuando pasa eso y es advertido de ese impacto, el Gobierno modificó la paritaria de manera unilateral en reuniones privadas con otras organizaciones sindicales dejando a ATECh al final reclamando que firme un complemento no discutido”, afirmó.

El Secretario recordó que “ATECh se negó y seguimos reclamando que se lleve adelante lo que corresponde en el marco de la ley 1039 que es una reunión paritaria para que cualquier tipo de corrección, propuesta, modificación, que fue rechazado, sea en el marco de la ley”.

En diálogo con LU 20, Magno aseguró que “reclamamos que estas recomposiciones mínimas vayan a parar al salario básico. Lo aplicaron como un adicional con un código entre los adicionales del salario, le asignaron un número, y habían aclarado que era un bono que se iba a incorporar al sueldo”.

“La oficina anticorrupción tiene incumbencia, porque la Secretaría de Trabajo encabezada por Tobías Gaud, hace tiempo dejó de implicarse en las reuniones paritarias, no participó de las últimas y para nosotros eso es faltar a su deber porque son sus funciones”.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó la recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti, que entiende en la causa por el intento de magnicidio en su contra, por considerar que la magistrada tiene una «dependencia» con el Ministerio de Seguridad porteño, según informó en sus redes sociales.

Cristina Fernández de Kirchner expresó, desde su cuenta de Twitter, que formuló la presentación «en épocas de derechas violentas», en referencia al intento golpista registrado el domingo último en Brasil.

«Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado», señaló la exmandataria Cristina en sus redes sociales.

Entre los fundamentos de la presentación, difundida este lunes, los letrados de la vicepresidenta sostuvieron que «el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

«Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana», indicó el texto.

Y señaló: «Desde 2019, Capuchetti pasó de ser investigadora a ‘Investigadora Senior’ (Resolución No. 62/ISSP/19). Luego, mantuvo este cargo. Así surge, por ejemplo, de la Resolución No. 2/ISSP/22, del 3 de enero de 2022, que designó a Capuchetti por un año como ‘Investigadora Senior’ del organismo. Hace solo una semana, el 2 de enero de 2023, la Resolución No. 6/ISSP/23 extendió este plazo por un año más».

En la presentación se indicó que «participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo».

Los letrados de la vicepresidenta señalaron que «las tareas de investigación y planificación de políticas públicas para un organismo ejecutivo están netamente prohibidas para los jueces. Y, como vimos, el Observatorio del ISSP no tiene entre sus funciones las actividades de docencia, por lo que, si Capuchetti hace algo además de cobrar un sueldo, es diáfano que es algo incompatible con su cargo».

También observaron los representantes legales de la expresidenta que la «autoridad política» de ese organismo es el ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, lo cual «tiene un doble impacto: por un lado, se trata de una persona que ha realizado un viaje ilegal con empresarios de medios y jueces a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, y de quien se han conocido mensajes en los que queda muy claro su rol en la manipulación de causas judiciales contra Fernández de Kirchner y el espacio político que integra».

«Por otro lado -añadieron-, el Ministerio de Seguridad de la CABA tiene a su cargo a la policía de la Ciudad, que debería haber sido investigada en estas actuaciones (como lo fue la Policía Federal) pero respecto de la cual la jueza no dispuso una sola medida».

Los abogados afirmaron que «en pocas palabras, Capuchetti cobra dinero y asesora a un organismo del que depende una fuerza de seguridad a la que explícitamente omitió investigar» en la causa por el atentado.

Los letrados expresaron que «está claro que lo sucedido afecta gravemente la imagen que tanto las partes como la sociedad tenemos de la jueza (ya era muy mala, ahora es peor). De este modo, se configura lo que se conceptualiza como una falta de imparcialidad objetiva».

La presentación de la vicepresidenta tiene lugar en el marco de la causa caratulada «Sabag Montiel, Fernando s/ homicidio en grado de tentativa», que la tiene como querellante.

Fernández de Kirchner ya había formulado un pedido de recusación contra la magistrada el 14 de noviembre del año pasado, a partir de lo que consideró como «irregularidades y arbitrariedades» cometidos por la jueza «desde el primer día» de la investigación por el atentado ocurrido en su domicilio de Recoleta el 1 de septiembre de 2022.

El Gobierno salió en los primeros días del año a aumentar el control de cumplimiento del Programa Precios Justos en los productos luego de haber detectado un porcentaje elevado de faltantes en las góndolas de supermercados, mientras en paralelo termina de definir los alcances de una nueva serie de acuerdos con empresas de distintos sectores.

Los inspectores de la Secretaría de Comercio habían arribado a mediados de Diciembre a la conclusión de que en los supermercados existía un nivel de desabastecimiento cercano al 25% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el listado de casi 1.900 productos que forman parte de la canasta controlada -según publica Infobae-.

El Programa de Precios Justos empezó como una iniciativa que contemplara un grupo grande de productos de consumo masivo en supermercados pero luego contó con medidas adicionales que lo complementaron como idea de referencia de precios. Para ese conjunto de compañías, además, permaneció un compromiso de que los bienes que quedaran por fuera no tengan un aumento mensual mayor al 4 por ciento.

Tras incluir a ese primer universo de consumo masivo, ese 4% de referencia actuó como principio para convenios posteriores, como los combustibles y los insumos difundidos de la industria. En los despachos de Comercio aseguran que si bien están en una etapa inicial, sumarán a ese sendero de incrementos con tope a fabricantes de insumos para la construcción y otros artículos para el hogar. Contemplará a unas 60 empresas.

En su momento Comercio blandió la posibilidad de ejecutar sanciones ante incumplimientos, pero no es proceso rápido y puede tardar entre tres o cuatro meses, estiman fuentes oficiales. La secretaría estableció multas de hasta un millón de pesos a los incumplimientos en que pudieran incurrir las empresas participantes del programa Precios Justos, con la opción de duplicar ese monto en caso de reincidencias reiteradas.

La situación de desabastecimiento –que llegó a ser de un 25% del total relevado por los inspectores en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)– tenía lugar especialmente en algunos productos puntuales, entre los que se destacaban como los más críticos al aceite. “En temas de faltantes se mejoró bastante. La indicación fue hacer más relevamientos y verificaciones, es el foco de la secretaría para el inicio del año”, explicó una fuente oficial.

Si bien el Programa empezó en Noviembre, en estas semanas el ida y vuelta entre el Gobierno y las compañías continúa para darle forma legal y avanzar en la firma de convenios: es un punto que para muchas empresas, principalmente las que son extranjeras, necesitan como requisito para girar a sus casas matrices y justificar por qué tendrán un techo de suba de precios en un contexto inflacionario como el actual.

Además, el reverso del compromiso de las firmas de consumo masivo para mantener a raya ese conjunto de precios es una promesa por parte del Poder Ejecutivo para facilitar y acelerar el flujo de divisas a precio oficial para la importación de insumos, a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

Un fenómeno que se dio en paralelo a lo largo del 2022, fue la caída en la presencia de los productos incluidos en algún tipo de acuerdo oficial en los relevamientos mensuales que hace el Indec para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De acuerdo a datos oficiales, hacia Noviembre de 2021 del total de bienes en las góndolas, el 13,1% correspondían a algún Programa de precios con empresas. Fue la cifra más alta en la serie desde 2016 que registra el Indec.

Ese mes marcó el inicio del congelamiento de Precios Cuidados que estableció el entonces secretario de Comercio Roberto Feletti. Desde ese pico de 13,1% comenzó un proceso de retracción en el peso que tuvieron los productos con precios acordados en las encuestas mensuales del organismo estadístico. Así, a Noviembre de 2022 -último dato oficial- había caído hasta 2,1 por ciento. Ese retroceso puede leerse como un síntoma de desabastecimiento en las góndolas o en falta de señalética adecuada.

La pata del control de precios, insisten en el Ministerio de Economía, es una de las cuatro patas en la que busca apoyarse el equipo económico para hacer desacelerar el ritmo de precios. Los otros tres, aseguran, están ligados a condiciones macroeconómicas que justifiquen un IPC más moderado a medida que avance el 2023.

En ese trío se ubican, así, la reducción del déficit fiscal que ponga un tope al gasto público y las necesidades de financiamiento, ligado a ese motivo un límite a la emisión monetaria dirigida a la asistencia al Tesoro, y la acumulación de reservas en el Banco Central. Los tres son objetivos explícitos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En los despachos oficiales se esperanzan con que Diciembre tenga una cifra de inflación similar a la de noviembre (4,9%), aunque por cuestiones estacionales de consumo de fin de año en el último mes del año –típicamente– suele haber algún recalentamiento de precios. Con todo, la meta sigue siendo tratar de recortar un punto porcentual de inflación mensual en etapas, que Sergio Massa identifica de dos meses y medio cada una.

La Asociación Gremial Médica de Chubut (AgremedCh) anunció un paro para los días 9 y 10 de enero en gospitales de Chubut, luego de que no prosperaran las negociaciones con el Gobierno Provincial por una recomposición salarial. Aseguran que hay profesionales que renuncian por los bajos sueldos y peligra la atención.

El médico del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Hernán Abad, ratificó el paro provincial de 48 horas para este martes y miércoles en diálogo con ADNSUR. Solo se garantizará la atención de urgencias y en servicios críticos.

“Se está pidiendo una recomposición salarial porque todos los aumentos han sido menos de la mitad de lo que ha subido la inflación”, afirmó y recordó que este año se ofreció “una suma fija de 40 mil pesos”, dijo.

“El gobierno está tratando de mantener una estructura sin invertir en el personal que la mantiene en funcionamientos”, afirmó.

Y señaló que al día de hoy “prácticamente” las actividades en los consultorios “están cortadas” por no haber personal para cubrir la demanda. “No hay profesionales porque los que están se están yendo y no podemos traer a nadie pagándole 160 o 200 mil pesos, contó.

También reconoció que hay problemas para la cobertura de las guardias durante el verano, a raíz de las licencias de vacaciones del personal. “El monto que están ofreciendo es una hora de guardia a 1.200 pesos y nadie va a aceptar porque no conviene”, dijo.

Finalmente, señaló que “el sistema de salud está colapsado y esto requiere incorporar mayor personal”, pero con sueldos acordes y una oferta atractiva para que lleguen nuevos profesionales.