El DNU que declaró servicios públicos esenciales a la telefonía celular, a internet y a la televisión paga -que, de acuerdo a las compañías del sector, resultó sorpresivo- fue una decisión política de Alberto Fernández que se aceleró en los últimos 15 días.
El primer capítulo del derrotero con las compañías de las llamadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) había tenido lugar en marzo, cuando el Gobierno congeló los precios de los servicios hasta el 31 de agosto y logró retrotraer aumentos de las líneas prepagas, algo que, asegura el Enacom, se hizo en un buen diálogo con las compañías del sector. Además, el Poder Ejecutivo prohibió el corte del servicio por mora o falta de pago para los grupos económicamente más afectados durante la cuarentena.
Hace algunas semanas, y ante la proximidad del vencimiento del congelamiento de los precios, compañías como Telecom, Movistar y Claro anunciaron aumentos de alrededor del 11% a partir de septiembre. Pero el Gobierno pidió que las tarifas continuaran congeladas para acompañar la emergencia sanitaria y que, caso contrario, los aumentos fueran más escalonados.
Según pudo conocer LA NACION, el Enacom -cuyo titular es un hombre del riñón de Sergio Massa, Claudio Ambrosini- mantuvo activa la mesa de diálogo con las empresas, incluso hasta el miércoles de esta misma semana. Pero en paralelo, hace 15 días, cuando la Casa Rosada entendió que las compañías se mantendrían firmes con los aumentos, el Presidente activó la redacción de un DNU para que el Estado pudiera regular la materia.
Fernández le encargó la elaboración de la normativa a la secretaría Legal y Técnica, a funcionarios de la Jefatura de Gabinete y al vicepresidente del Enacom, Gustavo López, un referente de Forja e identificado con el kirchnerismo y exsubsecretario general de Presidencia durante el gobierno de Cristina Kirchner.
«Las negociaciones con las empresas estaban en un punto muerto. Los diálogos ya eran infructuosos. Esto no nació de un arrebato, fue un proceso», aseguró a LA NACION un funcionario al tanto de la cocina del DNU. Agregó que se optó por un decreto debido a que «no se hacía a tiempo a sancionar una ley antes de los aumentos de septiembre». El kirchnerismo, de hecho, había presentado en el Congreso iniciativas que iban en el mismo sentido.
La decisión de anunciar el decreto un viernes a última hora y de publicar la normativa hoy en el Boletín Oficial corrió por cuenta de Fernández. Fue el último capítulo de una semana de fuerte tensión política por el banderazo del lunes y la decisión de avanzar con la reforma judicial sin llegar a un consenso con los bloques opositores.
Portavoces
Una vez que Fernández anunció su decisión en Twitter, ayer a las 20, quienes aparecieron como portavoces del DNU para explicarlo técnicamente fueron López y la secretaria de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete, Micaela Sánchez Malcolm.
Superado lo intempestivo del anuncio, y una vez que decantó la noticia, el massismo aseguró que Ambrosini -que siempre tuvo diálogo fluido con el sector- intentará trabajar en la regulación del DNU de cara a las compañías y en una mesa amplia de trabajo.
«Hoy el DNU es una decisión política del Gobierno. A partir de mañana lo iremos transitando técnicamente, tratando de dar previsibilidad y de dar certeza para que sea beneficioso para los usuarios», dijo Ambrosini a LA NACION.
El decreto 690/2020 repone la potestad del Estado de regular el precio de los servicios que estaba incluida dentro de la ley Argentina Digital de 2014, luego derogada por decreto por Mauricio Macri.
Hoy, distintos referentes del Frente de Todos defendieron el DNU. Axel Kicillof dijo que fue «una valiente decisión» y su ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, manifestó: «Hay una construcción del sentido común de los grupos concentrados de poder para naturalizar cosas injustas. Estos grupos se beneficiaron con la concentración».
En radio El Destape, el ministro de Defensa, Agustín Rossi consideró: «Es una decisión importantísima del gobierno. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para salir de la crisis que nos llevaron las dos pandemias: el macrismo y el coronavirus». Juanchi Zabaleta, el intendente más cercano al Presidente, señaló: «Es una decisión para aliviar el bolsillo de la gente». La diputada kirchnerista Fernanda Vallejos, coautora de uno de los proyectos que se habían presentado en el Congreso, celebró la decisión y dijo que «el Gobierno que defiende el interés popular».
